Esta misma semana supimos que un negocio de comidas rápidas de la ciudad santafesina de Rafaela vendía una hamburguesa llamada “Ana Frank”. Peor aún: las papas rústicas que ofrecía el comercio se llamaban “Benito”, en clara alusión al dictador fascista italiano Benito Mussolini. Y a la variante de las papas acompañadas por otros ingredientes no tuvieron mejor idea que bautizarla “Adolf”, en tributo al conductor del nazismo, régimen totalitario responsable de la muerte de millones de personas por motivos raciales.

Una mirada rápida y superficial podría considerar que se trató de una burrada que intentaba captar la atención de los clientes a partir de una política de marketing desafortunada y lamentable. En cambio, una reflexión más profunda debería considerar las pulsiones de muerte que laten en algunas personas.

En estos días también se conocieron manifestaciones de la pre-candidata presidencial Patricia Bullrich, para quien existen militares injustamente presos. La dirigente opositora intentaba referirse a detenidos que participaron en la Guerra de Malvinas, para los cuales reclamó el reconocimiento de haber estado luchando por la Patria.

Lo que omitió señalar es que esos militares se encuentran en presidio por su actuación en los centros clandestinos de detención que habilitó el régimen sanguinario que detentó el poder en la Argentina desde 1976 hasta 1983. Y quizás también pudo agregar que faltan sanciones para aquellos jerarcas militares que aplicaron torturas a los conscriptos durante su permanencia en las islas, una conducta aberrante que poco tiene que ver con la defensa de la Patria.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó que “es lamentable que una persona que se presenta como candidata a presidenta sea tan ignorante”. Según sostuvo, Bullrich “ignora los tratados internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada e ignora por qué los militares genocidas están presos. No puede justificarse lo que estos genocidas les hicieron a nuestros hijos y después a nuestros soldaditos en la guerra¹”.

Lo cierto es que entre alguna gente de a pie, así como en algunas personas que aspiran a alcanzar responsabilidades dirigentes, es posible verificar una predisposición cuestionable hacia el olvido y el negacionismo.

Este concepto, cristalizado en un neologismo de origen probablemente francés, describe un fenómeno cultural, político y jurídico que no es nuevo. Se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los sucesos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia. Si bien en otros contextos supo asimilarse a conflictos entre naciones, el rasgo que lo vuelve singular entre nosotros es que se aplica a nuestro propio pasado reciente en conflicto.

Donatella Di Cesare.

La filósofa italiana Donatella Di Cesare es la autora del libro “Si Auschwitz no es nada” en el que analiza las formas en que el negacionismo pretendió rechazar la existencia del Holocausto. Allí destaca que lo hizo invirtiendo la relación entre víctimas y verdugos. No es distinto el mecanismo de los negadores criollos, que demonizan a los desaparecidos y construyen altares para los asesinos. Además, la pensadora romana examina las nuevas formas de negacionismo, ligadas por ejemplo a la emergencia ambiental y a las crisis migratorias, a las que asocia con el ascenso de las derechas extremas.

Para nuestra inquietud, Di Cesare afirma que “lejos de constituir un fenómeno en declive, lo que ha quedado en evidencia es que el negacionismo está en pleno ascenso. A tal punto esto es así, que las hipótesis planteadas hace algunos años según las cuales el negacionismo contemporáneo era limitado y reducido y formaba parte de un proceso de «regurgitación del pasado» se han evidenciado falsas²”.

En la provincia de Catamarca, una diputada presentó hace unos meses un proyecto de ley para crear un Programa de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado. A fin de fundamentar la iniciativa su autora consideró que la norma propuesta es fundamental para evitar que haya gente que avale el genocidio y las violaciones a las Derechos Humanos.

Iniciativas similares fueron puestas en marcha en varias otras provincias de nuestro país, y en el orden nacional, el año pasado ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto cuyo objetivo es establecer sanciones para las conductas de apología y/o negación del genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, esas propuestas todavía no prosperan y la voluntad de evitar las prácticas negacionistas o aquellas manifestaciones que encomien o celebren las brutalidades cometidas bajo regímenes antidemocráticos, aún constituyen una deuda social con el Estado de Derecho.

Hace algunas semanas, cuando regresó al país el avión con el que la dictadura arrojaba al mar seres vivos, la vicepresidenta de la Nación sumó su voz a la de quienes reclaman por una ley contra el negacionismo.

Cristina Fernández afirmó -categórica- que “el negacionismo es un delito” y sostuvo que nuestro país no necesitó una legislación de ese tipo hasta 2015, porque no había argentino que negara lo que había pasado, y que ahora resulta increíble que algo que en todo el mundo es reconocido como una tragedia de la humanidad provoque en algunas personas la voluntad de desconocer lo sucedido.

A uno no le asiste la misma certeza que a la líderesa del kirchnerismo. Por el contrario, piensa que siempre existieron individuos negadores. No les importaba que a su alrededor brotaran signos indiscutibles de la crueldad vivida y preferían resguardarse con sus anteojeras o con un prisma distorsionante de la realidad.

Negadores domésticos: Macri, Bullrich, López Murphy, Gómez Centurión.

El expresidente Macri lo pronunciaba en términos despectivos cuando se refería al “curro de los derechos humanos”. Por su parte, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal opinó que la cantidad de desaparecidos durante la dictadura "es un número difícil de saber con exactitud", una maniobra que deja traslucir la voluntad de poner en tela de juicio la cifra histórica de 30.000 personas que sostienen los organismos de derechos humanos, como si rebajarle algunos miles pudiese quitarle horror a lo sucedido.

Otros dirigentes, como el economista Ricardo López Murphy, que fue ministro de Defensa, de Economía y también de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, para referirse a lo que vivió el país a partir de 1976 eligen hablar de una "guerra" y no de una dictadura que ejecutó una represión despiadada.

En una línea similar de pensamiento está enrolado el ex candidato a presidente en 2019 Juan José Gómez Centurión, quien niega que haya existido una organización metódica y planificada para perseguir y aniquilar a dirigentes políticos, sociales y sindicales. Conviene recordar que en el prontuario de este oficial retirado del Ejército Argentino se contabilizan sus participaciones en las sublevaciones carapintada de abril de 1987 y de Monte Caseros, en enero de 1988.

A medida que iban apareciendo hijos apropiados de desaparecidos, cada vez que las abuelas recuperaban a un nieto cuya identidad había sido usurpada, este tipo de sujetos continuaba negando la existencia de un plan sistemático como el que llevaron a cabo Videla, Massera y compañía. Todavía hoy, cuando 133 hombres y mujeres sustraídos a sus familias han sido reintegrados a su historia, creen que todo es un invento. O quieren creer eso, en virtud de una ideología a la que el concepto de humanismo le resulta repugnante.

Muchas de esas personas profesan una admiración enorme por otras naciones, pero no obstante, eligen ignorar que Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa e Israel, entre otros países, tienen legislaciones que penalizan a quienes justifiquen o nieguen el holocausto.

Estos países han seguido las recomendaciones de organizaciones como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, que los han instado a establecer jurisprudencia legal sobre el negacionismo y a prohibir la ponderación de este tipo de crímenes.

Tanto en Alemania como en Francia, las penas contra quienes incurran en estos delitos puede alcanzar hasta cinco años de prisión. En Austria, en cambio, el castigo es más severo: aquellas personas que nieguen, banalicen gravemente o justifiquen el genocidio nacionalsocialista u otros delitos contra la humanidad pueden ser condenados a penas de hasta diez años de encierro y cuando la peligrosidad del reo lo amerite la reclusión puede extenderse hasta los veinte años.

En España, por el contrario, el Tribunal Constitucional impidió en 2007 una legislación equivalente amparándose en el principio de la libertad de expresión, algo que ni siquiera procedió en los tribunales alemanes, para los cuales no existe incompatibilidad alguna entre ese derecho y la norma que castiga el negacionismo.

Una cariacontecida Ángela Merkel, ex primera ministra alemana, observa fotografías de judíos muertos durante el Holocausto.

El mes pasado, durante un encuentro académico celebrado en Atenas, una docente e investigadora universitaria alemana provocaba a este redactor una conmoción profunda al señalar el intenso trauma con el que ella y otros de sus compatriotas viven el haber nacido en un país que cometió crímenes de semejante magnitud y que los afectan incluso sin haber sido contemporáneos de ellos.

Félix Crouss, que fue titular de la Oficina Anticorrupción y es un jurista experto en causas por delitos de lesa humanidad y violencia institucional, señala que las expresiones negacionistas "son una historia fraudulenta destinada a crear las condiciones para repetir las prácticas negadas, desacreditar a las víctimas y reponer o consolidar la realidad que combatieron los represaliados; todo negacionismo es parte de un discurso del orden y se emparenta con los demás discursos de historia fraudulenta porque comparten la ruptura de la sujeción ética con la verdad³".

Algunas personas bien pensantes, como el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Guillermo Torremare, opina que -dado que la negación burda no convence a nadie- "los negacionistas se presentan como racionales y usan la relativización y la trivialización o banalización de los hechos para ser más persuasivos y aceptables⁴". A su criterio, es necesario tipificar el negacionismo como delito, porque ello demostraría el consenso social existente respecto de una conducta indeseable.

Guillermo Torremare                                                                                                            Félix Crouss

Con toda certeza, aquellos que venden hamburguesas nazi-fascistas tanto como quienes reivindican la actuación barbárica de criminales uniformados, socios civiles y apoyatura eclesiástica participan de una estructura de pensamiento intolerante y autoritaria. Seguramente todos ellos son refractarios a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que intentan mitigar el dolor de una sociedad flagelada y procuran servir como un mojón indispensable para señalarle al futuro que esos comportamientos son inaceptables.

1 Página12

2 Nuso.org

3 Telam.com.ar

4 Ibídem