“La libertad sin igualdad, es sólo libertad de mercado” describía un viejo grafiti de los años noventa en un muro perdido de la ciudad de Buenos Aires. Una forma sencilla de explicar que las igualdades básicas que comparten todos los ciudadanos en las democracias occidentales no alcanzan a reducir las desigualdades  generadas por el mercado, como bien lo decía T. H. Marshall en 1948. Para éste británico de postguerra, la ciudadanía social –aquella referida a los derechos económicos y sociales- creaba un status capaz de mitigar las desigualdades al establecer un derecho universal a la participación en  la riqueza.

Los populismos latinoamericanos expresaron esa particular encrucijada: el reconocimiento del escaso alcance del régimen democrático para generar acceso y distribución de los recursos junto a la expansión de una soberanía estatal convertida en instrumento de esa regulación.Nacidos como resultado de procesos de creciente movilización social,  estos regímenes apostaron a la expansión de los derechos sociales sin renunciar a  la democracia política; aún cuando discursivamente  fueron críticos del liberalismo señalando el magro impacto de la representatividad formal en la solución de los aspectos redistributivos.

Es cierto que los gobiernos populistas de los años ‘40 y ‘50 no iniciaron la intervención del Estado en la economía -ésta había comenzado en el seno de la sociedad tradicional como respuesta al descalabro de 1929- pero condujeron su gestión económica mucho más allá de esos límites. Regularon las relaciones entre el capital y el trabajo a través de ministerios y tribunales especializados; intervinieron entre productores y consumidores con la política de precios; asumieron por medio de la inversión en políticas sociales el costo de reproducción de la fuerza de trabajo y crearon economías externas a través de las inversiones en infraestructura y de la estatización de sectores de la producción.

 La apropiación de parte del excedente generado en el sector exportador para canalizarlo a través del Estado hacia el desarrollo industrial y a la expansión del mercado interno fue una estrategia que enfrentó al populismo con el sector agropecuario y minero, pero paradójicamente no le brindó el apoyo de la burguesía industrial. Esta última tomó los beneficios definidos por las políticas económicas para distanciarse primero y colocarse del lado de la oposición, después. La mentada alianza de clases populares y fracciones emergentes de la burguesía industrial fue más una expresión de deseo que una realidad.

El agotamiento de a estrategia económica del populismo fue clara. No logró sustituir la dependencia del sector exportador y no llegó a modificar la estructura productiva por vía de la modernización tecnológica. Pero no fue así respecto a las relaciones sociales y al ejercicio de la política. En la trayectoria latinoamericana, como dice W. Ansaldi, la dimensión social de la democracia en cuanto a su capacidad de incluir masivamente a los sectores desprotegidos, fue logro y resultado de estas experiencias.

El supuesto retorno de un populismo de “alta densidad” ha asustado a más de uno. Han vuelto las expresiones descalificadoras para expresar  ese restauracionismo conservador que atrasa el reloj de la historia casi un siglo. Pero ello importa menos que preguntarse por  su posible recurrencia. No extraña que la demolición de las políticas sociales por el neoliberalismo y la vuelta a una concepción formal-liberal de la democracia, haya redefinido el imaginario popular en términos de escepticismo hacia la representación democrática. Pero también es cierto, que la reaparición del populismo en escenarios crecientemente hostiles puede obedecer a que gobiernos de esas características, fueron sucedidos por regímenes de represión política y exclusión social. Como dice Carlos Vilas, es posible que los desmanes de los verdugos contribuyan al olvido de las limitaciones del modelo populista.