La senadora Silvina García Larraburu se refirió al anuncio del gobierno nacional de dar marcha atrás con la Resolución número 20/2018 que autorizaba los aumentos de las distribuidoras de gas y pretendía que los usuarios lo paguen.

“Esto demuestra, una vez más, el repetitivo ensayo de prueba y error de este gobierno. Con la nueva disposición los ciudadanos no afrontarán de forma directa las consecuencias, pero sí de manera indirecta dado que es el Estado Nacional quien financiará la compensación a las empresas. La resolución dejada sin efecto era un grave error y la nueva decisión, donde el Estado se hace cargo, también lo es”, indicó.

“El precedente que se sienta es gravísimo, todas las empresas que se han visto perjudicadas por la devaluación, tienen la posibilidad entonces de demandar al Estado por la misma compensación. Es sumamente injusto que se beneficie a los monopolios de los servicios, cuando se le están quitando recursos fundamentales a la Salud, a la Ciencia y la Tecnología, a la Educación y al Trabajo, entre otros”, agregó.

La parlamentaria advirtió que “en el país hubo más de 26 incrementos tarifarios desde diciembre de 2015, que provocaron un aumento promedio del 700% en las tarifas. Esto impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. En el marco de una devaluación proyectada del 40%, esta medida del Poder Ejecutivo Nacional sólo favorece a los intereses concentrados minoritarios, en detrimento de los sectores más vulnerables. Esto resulta inadmisible”.

Por su parte el secretario general de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar afirmó que “la marcha atrás es solo un primero paso, porque quien pagará esos 10 mil millones de pesos es el Estado, que somos todos nosotros”.
 
La central obrera insisten en la convocatoria a una resistencia cívica. Aguiar dice que
“no hay movilización, iniciativa legislativa ni pedido de diálogo que el gobierno oiga. Los trabajadores no podemos esperar a diciembre de 2019 para torcer el rumbo. Hay que construir una resistencia cívica a los abusos del gobierno”.