Paola García Rey, directiva en nuestro país de Amnistía Internacional, afirmó que “con una política coherente de Argentina frente a una agenda de Derechos Humanos y de política exterior, cae de maduro que deberían implementar” el pedido para liberar a Milagro Sala que hizo el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas la semana pasada.

Como directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de la sección Argentina de su organización, explicó que el país “tuvo todas las instancias, tanto la Nación como el gobierno provincial, de aportar información y argumentos, y han hecho uso de esa posibilidad, con lo cual desconocer y quitar validez hoy a la decisión” de liberar a Sala, “habla mucho de la mala fe del Estado frente a las instancias internacionales”.

En esta entrevista con , García Rey explicó que quienes están “obligados” ante esa instancia “son todos los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, y dentro de ellos la justicia de Jujuy. Precisó que el gobernador Gerardo Morales “no tiene ninguna injerencia respecto de la decisión judicial, y llaman la atención” sus declaraciones diciendo que no cumplirá con el mandato de Naciones Unidas. “Una decisión del Poder Ejecutivo de Jujuy contraria a esto compromete la responsabilidad del Estado argentino”, advirtió la integrante de Amnistía Internacional.

-¿Cómo está la situación frente al pedido del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de liberar a Milagro Sala?

-Nosotros procuramos manejarnos con respuestas oficiales, mandamos el día martes una comunicación a la Cancillería argentina consultando respecto de las medidas que van a tomar para implementar la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, entendiendo que con una política coherente de Argentina frente a una agenda de Derechos Humanos y de política exterior, cae de maduro que deberían implementarlo. En función de eso estamos a la espera de una respuesta y una comunicación formal.

-¿Qué opina sobre lo que dijo el gobernador Gerardo Morales, de que no van a cumplir con los reclamos de liberación?

-Nos preocupan, sin duda, las manifestaciones que han tenido tanto el Estado nacional como el provincial, frente a la información del Grupo de Trabajo. En primer lugar porque aportaron información que no es cierta, cuando por ejemplo sugieren que el Grupo de Trabajo sólo se ha expedido respecto de la causa inicial de protesta social, y no sobre todo el resto, que son parte de las causas judiciales que avanzaron posteriormente. Eso no es cierto, no es correcto, porque el Grupo de Trabajo analizó todas las causas presentadas por el propio Estado frente a ese espacio, analizó la situación de privación de libertad de Milagro Sala en todas esas causas. De hecho el informe llega a decir que le llama mucho la atención que luego de la privación de la libertad por la causa de la protesta se haya avanzado en acusaciones consecutivas, y pone en tela de juicio la independencia judicial en Jujuy, con lo cual es incorrecto sostener eso.

-¿Qué obligación tiene el Estado argentino frente al pedido del Grupo de Trabajo?

-Lo que hace el Grupo de Trabajo frente a Naciones Unidas es aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos instrumentos internacionales que son parte de nuestra Constitución Nacional, desde que la reforma del año '94 le brindó jerarquía constitucional a algunos instrumentos de Derechos Humanos. En esa lógica y con ese tenor, Argentina no puede desobedecer la implementación de esta decisión. Argentina tuvo todas las instancias, tanto la Nación como el gobierno provincial, de aportar información y argumentos, y han hecho uso de esa posibilidad, con lo cual hoy desconocer y quitar validez a la decisión habla mucho de la mala fe del Estado frente a las instancias internacionales. El gobernador no tiene ninguna injerencia respecto de la decisión judicial, y llama la atención que lo tome como agenda propia, cuando según ha salido a pronunciarse oportunamente, esto es algo que avanza dentro de la Justicia y han dicho que están al margen, y que no hay una persecución a Milagro Sala ni mucho menos. De alguna manera las manifestaciones en ese sentido preocupan, pero son expresiones a través de los medios de comunicación, y esperamos que las respuestas formales disten mucho de lo que hemos estado escuchando.

-¿Quién tiene que responder frente a las Naciones Unidas?

-Los que están obligados frente a la instancia internacional son todos los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando un país implementa decisiones internacionales articulan los tres poderes para cumplir acabadamente con eso. No creo que no deba existir articulación entre los tres poderes, lo que claramente no puede ocurrir es desobedecer la orden. El Poder Judicial de Jujuy debería cumplir con la recomendación y la decisión del Grupo de Trabajo en función de que también están obligados frente a la instancia internacional. Y una decisión del Poder Ejecutivo de Jujuy contraria a esto, compromete la responsabilidad del Estado argentino, porque ambos están obligados frente a esta instancia. Independientemente de la injerencia de un poder sobre el otro, hay una expectativa de que se cumpla.

-¿Cuando tendría que responder Cancillería? ¿Hay un plazo?

-Hay dos cosas. Por un lado, el Grupo de Trabajo le pide que de acá a seis meses informe cuáles han sido las medidas que el Estado ha adoptado en función de la libertad de Milagro Sala, de la investigación llevada adelante para saber cuáles han sido las vulneraciones, y de reparar las vulneraciones a los derechos humanos que ha sufrido. Y además, remover las prácticas y la legislación que han permitido que éste hecho tenga lugar, para evitar repeticiones a futuro. Ese es el plazo que le dio para que informen, lo que no significa que el gobierno no tenga que tomar medidas de inmediato que garanticen la inmediata liberación de Milagro Sala, y que no deba aportar información de las medidas que ha tomado para cumplir con esta decisión previa a estos seis meses.

- Milagro Sala pidió jurar como parlamentaria del Mercosur en la cárcel. ¿Lo ve posible?

- Una de las cosas que dijo el Grupo de Trabajo en ese sentido es que Milagro Sala cuenta con los fueros parlamentarios, porque no ha habido una instancia de desafuero, que es una condición previa para que cualquier acusación o proceso judicial contra ella avance. En esa lógica, Milagro ha hecho este pedido y le tocará al Mercosur, a los parlamentarios y a su presidente, Jorge Taiana, definir y articular los mecanismos que consideren para avanzar en ese sentido. El Grupo de Trabajo dijo que ante cualquier avance de procesos judiciales contra Milagro Sala se le deberían haber quitado los fueros previamente, y eso hace que se caigan los procesos penales en contra de ella.

- ¿La organización Amnistía Internacional a hacer algún otro reclamo, o va a esperar?

- En principio vamos a darle un plazo razonable para que nos contesten, y en función de la respuesta o la falta de respuesta, veremos qué procesos o estrategias desplegaremos a nivel interno y a nivel internacional para garantizar que se cumpla la exhortación del Grupo de Trabajo.

- ¿Pueden llegar a hacer una presentación en otra instancia internacional?

- No, y tampoco existe una apelación en este proceso. Lo que sí podemos es volver a informar al Grupo de Trabajo sobre las medidas o no que está tomando el Estado, y eventualmente pensar una acción local, ya se trate de alguna acción de habeas vorpus, aunque es prematuro hablar de algo específico. Sin duda vamos a estar alertas y activos para trabajar tanto en la instancia internacional como en la local, con el fin de garantizar su inmediata libertad.