El pasado jueves 8 de este mes, más de veinte gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Estatales y de Gremios de Empresas del Estado de la Argentina que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), consensuaron la convocatoria a una jornada nacional de lucha para la última semana de febrero.

El anfiteatro Eva Perón de ATE Nacional fue el escenario para el primer encuentro de trabajadores y trabajadoras del sector público impulsado por el Frente de Gremios Estatales, conformado a mediados de enero último y que involucra a más de 20 organizaciones.

Con la presencia de cientos de dirigentes, delegados y militantes, se planteó la amenaza a la estabilidad laboral en el Estado y en las empresas públicas, la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste que aún promete profundizar el gobierno de Milei y en ese marco se determinó una Jornada Nacional de Lucha a realizarse durante la última semana de este mes, pudiendo cada provincia y cada distrito definir su modalidad de protesta.

Los principales oradores de la jornada fueron Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional junto a la secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas; Matías Fachal, secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA); María Fernanda Boriotti, presidenta de FeSProSa; Francisca Staiti, titular de CONADU Histórica; Julio Acosta, secretario General de FeTERA; y Fabián Catanzaro, titular del Sindicato de Vialidad Nacional (FePeViNa).

Rodolfo Aguiar (ATE) abrió el encuentro y manifestó una clara postura respecto a la actual situación. “Frente a un presidente que dice que el Estado es una asociación criminal, y trabajadores y jubilados que ya sienten el ajuste, el peor error que podríamos cometer los estatales es abandonar la calle. El gobierno intenta licuar nuestro salario y esta nueva medida de fuerza nacional tiene que servir para exigir un inmediato aumento que supere la evolución de los precios y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, y también para rechazar cualquier intento de privatización de las empresas estatales”.

Los expositores coincidieron mayoritariamente en que la caída del proyecto de Ley Ómnibus que impulsaba el Gobierno Nacional estuvo directamente relacionada con el Paro General y la gran movilización del 24 de enero pasado, y que la destrucción del DNU 70/23 requiere de una nueva medida de fuerza de similares características.

María Fernanda Boriotti (FesProSa) hizo hincapié en “la necesidad de unirnos, de salir a la calle, de estar movilizados”, y agregó que “este contexto hace que si no nos movemos, si no nos decidimos a hacer un gran Paro Nacional, nos van a pasar por arriba, porque no podemos estar esperando distintas conversaciones, distintos momentos para acordar una medida cuando nos están cacheteando, cuando nos están trompeando”.

Matías Fachal (Judiciales) señaló que “es imprescindible discutir cómo continuamos este plan de lucha, este plan de acción que comenzamos el 15 de enero pasado, para defender lo público, para defender al Estado, para defender las empresas públicas, para defender lo que le pertenece a toda la sociedad”.

Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional, reafirmo la importancia de conformar el Frente y aseguró: “Los gremios estatales estamos en pie de salir a la lucha y por eso debatimos hoy un plan de acción que nos permita plantarnos y decir que el Estado es la solución, no es el problema. Desde este plenario tenemos que construir una jornada nacional de lucha con paros, con movilizaciones, con radios abiertas, con espacios de debate y de diálogo social que nos permitan avanzar en ponerle un freno a un Presidente que se cree que puede derogar las leyes que el pueblo ha debatido durante cientos de años de historia”.

El Frente de Sindicatos Estatales se conformó en enero, impulsado principalmente por ATE y surgió ante la necesidad de fortalecer las estrategias de unidad ante el nuevo escenario político, impulsado por el plan de ajuste del gobierno nacional, que afecta particularmente las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores estatales y las políticas públicas que debe ejecutar el gobierno.

En el primer encuentro del mes de diciembre, previo a la asunción de Javier Milei, las organizaciones ya habían vislumbrado que el ajuste a implementar no amenazaba atacar a lo que el propio presidente llamó la “casta política” sino que iba a avanzar sobre el derecho laboral y salarial de todas y todos los trabajadores del Estado.

El plenario del jueves pasado fue clave por la cantidad de gremios involucrados y decidió una Jornada Nacional de Lucha para la última semana de febrero, que se prevé que tendrá una trascendencia clave.