El nuevo hit publicitario del gobierno de Macri es el reclamo de un debate entre candidatos a la vicepresidencia. Veremos cuánto dura. Los anteriores -lo precios “esenciales”, los diez puntos del “gran acuerdo nacional”, la campaña (visionaria) contra las primarias abiertas, la paz cambiaria como producto de la designación de Pichetto y tantas otras- nunca llegaron a tener más de diez días de vigencia. De todos modos es notable que, en medio del derrumbe, el gobierno siga creyendo en la posibilidad de tapar la realidad con la publicidad.

El nuevo hit tiene una sola y excluyente explicación: se lo lanza como intento de subir la exposición pública de Cristina y de modificar la estrategia de campaña del Frente de Todxs. Esta última, claramente, consiste en una división de roles entre los candidatos, de modo de acentuar la centralidad de Alberto en su rol presidencial y de sostener, a través de Cristina, la credibilidad popular del proyecto en su conjunto. La justeza de esa orientación queda comprobada en la visible impaciencia que eso crea entre sus adversarios: el blanco fijo se ha movido, CFK no es el estereotipo disponible para el odio sembrado sistemáticamente durante muchos años por la maquinaria mediática, la misma que hoy retrocede lo más ordenadamente posible en el ocaso del ominoso gobierno que defendieron a capa y espada. De paso, los promotores del debate intentan levantar el perfil de Pichetto como la figura del “peronismo” que identifica a la “república” con la estrategia global de los Estados Unidos.

En realidad todo esto son balas de fogueo. Nadie puede creer seriamente que ese hipotético debate pudiera aportar a ningún proceso de esclarecimiento de posiciones frente a la elección de octubre. El sentido hay que buscarlo por otro lado: desviar la mirada social de la protesta popular que sacude las calles del país, darle un poco de aire mediático a un gobierno que no tiene nada de bueno para decir de sí mismo y de la realidad que creó.

Cuando pase todo este carnaval (no habrá que esperar muchos días) quedará abierta esta cuestión tan meneada de los “debates presidenciales”. La ofensiva macrista en el Congreso durante sus buenos tiempos creó esta muy discutible figura de la “obligación” de los candidatos a presentarse a ese debate. Toda la cháchara institucionalista y bien pensante rodea de elogios a esa obligación. Se la identifica con la transparencia política, con el esclarecimiento de lxs ciudadanxs que antes de votar necesitan conocer el programa que proponen los candidatos y otros formulismos por el estilo. Y ahí están las oenegés (u ONG, organizaciones no gubernamentales) dispuestas a prestar su oficio para el montaje de la escena. Ahí están las reglas de juego formales, los tiempos, los temas, los coordinadores, la televisión…

Este no es el lugar de discutir en términos teóricos cada una de las premisas que fundamentan esta ceremonia mediática sobre la promesa de la transparencia política. Simplemente se pretende reflexionar sobre nuestra propia y reciente experiencia histórica, a saber: el debate entre Scioli y Macri en 2015. Sería interesante que esa escena fuera mostrada cada vez que en algún programa de periodismo político se discutan estos temas. Sería interesante mostrar a Macri diciendo que en su gobierno no habría ajuste, que su programa era la “pobreza cero”, que vendría a bajar la inflación, a restablecer las instituciones y otras afirmaciones por el estilo. Y que se confronten esas promesas con lo que ocurrió después. Porque toda la cuestión gira en torno del valor de verdad de lo que se dice en estas instancias, y no en la ceremonia “democrática” que se pretende validar. Si se promueve la obligatoriedad del debate, habría que establecer la obligatoriedad de rendir cuentas de lo que se dice en ese debate. De otro modo, lo que se dictamina obligatorio es un show televisivo vacío o, peor aún, malicioso y antidemocrático, porque facilita la manipulación de la voluntad popular.

Claro que no puede exigírsele al candidato que participa y luego se convierte en presidente que alcance éxito en los objetivos que formuló. Pero, como mínimo, si vuelve a presentarse en un debate, el coordinador debería tener la obligación de recordarle las promesas y preguntarle en qué medida cree que cumplió y cuáles fueron las razones por las que no cumplió acabadamente con ellas. Por ejemplo: “presidente Macri, ¿cómo evalúa su plan de pobreza cero, en qué medida fue cumplido y cuáles fueron las razones para que no se efectivizara en plenitud?”. Si no se trata de un candidato triunfante, la misma pregunta podría hacerse en torno de las promesas de quien lo antecedió en el mismo partido o en una alianza análoga.

Claro que la pretensión de demarcar en una escena televisiva los futuros cuatro años de la vida política de una nación no puede pasar de ser una pobre ficción. Está claro que lo que se discute es una cuestión de retórica política, de fijación de horizontes colectivos, de establecimiento de condiciones de liderazgo cuya prueba, en última instancia, no puede ser un show televisivo sino que será siempre una experiencia política compleja y multifacética. Para quien esto escribe, los debates entre candidatos a presidente no son una institución democrática a defender, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Constituyen una ceremonia en la que están más en juego la calidad del adiestramiento escenográfico, del vestuario elegido y del uso de consignas impactantes que cualquier valor republicano o democrático. El debate de hace cuatro años lo muestra de modo contundente. Ahora bien, si finalmente se persiste en una legislación que la haga obligatoria, la propuesta sería hacerlo con un inciso que podría llamarse “cláusula de rendición de cuentas”. Los debates de esta campaña, sin esa revisión, por parte de los triunfadores de la elección presidencial anterior adolecerán de un vicio de credibilidad de origen.