“Frío polar y mortal: cinco fallecidos por hipotermia”, tituló un diario porteño. Pero no fue el frío mortal, fue la pobreza.

En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay 7.251 personas en situación de calle, de las cuales 871 son niños. Asimismo, 1.461 personas están por primera vez en esa condición, y se relevaron 40 mujeres embarazadas. La información se desprende del Censo Popular de Personas en Situación de Calle.

Sergio Zacaríaz, de 52 años, murió de frío mientras dormía en una vereda de la ciudad más rica del país. El responsable de Atención Inmediata del Gobierno porteño, Mariano Goyenechea, sostuvo: “Murió de frío porque ‘nunca aceptó nuestra ayuda’". Para este funcionario, la culpa es de la víctima.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina señala que hay “un incremento muy significativo de la pobreza infantil. En efecto, entre el segundo semestre de 2017 y el mismo período del 2018, se produce un incremento de 7,1 puntos porcentuales. Según esta estimación, casi el 47% de la infancia reside en hogares pobres en términos monetarios”. Asimismo, el riesgo alimentario en la infancia se incrementó en el último período interanual, 2017-2018, en un 35%.

Como las dos caras necesarias de la misma moneda, este proceso de vulneración de derechos sociales es acompañado por un aumento sistemático de la violencia institucional. La vulneración del derecho a la protesta, la criminalización de dirigentes políticos y los desalojos violentos son imágenes a las que nos fueron acostumbrando.

Asimismo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que "en 1.110 días de gobierno de la alianza Cambiemos el aparato represivo mató a 1.206 personas desarmadas". Recientemente, Ariel Espada, ayudante de albañil de 23 años, terminó internado en terapia intensiva luego de que un integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo baleara en el tórax.

El profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires Raúl Zaffaroni, sostuvo que "pretenden una sociedad con un 70% de excluidos y un 30% de incluidos. Esto requiere un modelo de Estado que cumpla dos funciones: una, garantizar la más absoluta libertad de contratación, para que se pueda contratar en pie de igualdad ante fuerzas absolutamente desiguales. Lo segundo, un aparato represivo para controlar al 70% excluido".

Este modelo excluyente solo cierra con una violencia institucional que busca controlar y atemorizar a sus ciudadanos y ciudadanas. Y como telón de fondo, la ilusión de un discurso meritocrático, el cual reproducen funcionarios y medios de comunicación, que responsabiliza a las víctimas de la vulneración sistemática de sus derechos.