La destrucción de puestos de trabajo productivos y la flexibilización laboral en la Patagonia no fueron una simple consecuencia de las decisiones de política económica adoptadas por la administración de Mauricio Macri. Fueron un objetivo central para el disciplinamiento social de un actor clave como lo es la clase trabajadora. Disciplinamiento necesario para que el puñado de empresas socias de la alianza Cambiemos pudiera quedarse con la enorme transferencia de recursos.

Los números son elocuentes y dramáticos al mismo tiempo. Según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, que depende de la secretaría de Trabajo de la Nación (o sea que son números oficiales), en diciembre de 2015 había 377.909 asalariados registrados en la Patagonia, mientras que para el tercer trimestre de 2018, la cifra había descendido a 348.961 puestos. Es decir, una destrucción de 28.948 puestos de trabajo asalariados privados directos. Este es el saldo de las políticas económicas aplicadas por la Alianza Cambiemos.

Pero la destrucción de puestos de trabajo es más profunda si se analizan los principales rubros productivos, como por ejemplo Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultora; Industria Manufacturera; Explotación de minas y canteras; Construcción; Comercio al por menor y Servicios empresariales.

En estos rubros la pérdida de empleos directos fue de 33.090 entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, discriminados de la siguiente manera: Santa Cruz (-8772), Río Negro (-7917), Chubut (-7164), Tierra del Fuego (-7078) y Neuquén (-2162).