“La protesta social es un componente esencial de la democracia. Las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad tienen como principal deber proteger a los manifestantes y garantizar el ejercicio de este derecho”, sostiene el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

En un reciente informe, el CELS da cuenta que “durante 2017, numerosos operativos en la ciudad de Buenos Aires incluyeron: Cacerías policiales. Uso desproporcionado, irregular e ilegal de la fuerza. Agresiones a trabajadores de prensa y a quienes registran el accionar policial. Falta de información sobre el destino de las personas detenidas y falta de información posterior sobre el operativo respecto a órdenes, armamentos, fuerzas involucradas, cantidad de efectivos, detenidos, heridos.” Tristemente pareciera que nos acostumbramos a estas imágenes.

Esta vulneración de derechos contó en varias oportunidades con legitimación mediática. Desde algunos medios que ocupan posiciones dominantes se profundizó la estigmatización de las personas que se movilizan y reclaman. Asimismo, recurrentemente en coberturas periodísticas se amplificaron situaciones de violencia muchas veces llevadas a cabo por unas pocas personas de dudosa motivación o bien solo se destacó las consecuencias negativas del ejercicio del derecho a la protesta. De esa manera se nos corrió el foco de atención. Se perdió de vista las causas estructurales de los conflictos. 

Este accionar no es una novedad, en la década del noventa cuando multitudinarias columnas se movilizaban a Plaza de Mayo, curiosamente una decena de personas rompía vidrieras. Garantizando justificar la represión y los titulares negativos y estigmatizantes del día siguiente. 

Lo que en el discurso dominante no nos muestran es que el derecho a la protesta es la madre de muchos otros derechos. Recordemos que no tendríamos justicia social, derechos humanos, democracia sin protestas. Porque los derechos no son dádivas, son conquistas colectivas.

Sin embargo, en el imaginario circula el ideal de una sociedad ordenada y sin conflictos. Ese ideal es imposible. Ya sea para defender los derechos conquistados o para ampliarlos, los conflictos son inevitables. Mediante las movilizaciones populares hacemos de las calles, las plazas, los espacios de todos y todas, nuestros lugares de expresión democrática. Peticionamos, reclamamos, festejamos.

En ese marco, en una democracia más plena uno de los objetivos debería ser que el Estado garantice la posibilidad de ejercer el derecho de peticionar. 

Como recordó el profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, Martín Lozada, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más. Por el contrario, es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. A punto tal que su menoscabo afecta directamente al nervio nuclear de aquella”.

Según la publicación “Seguridad y Derechos Humanos” del Ministerio de Seguridad del año 2011, “en una democracia, la libertad de expresión no es la libertad de expresión individual sino la libertad de expresión colectiva. No son los individuos sueltos los que se expresan sino los individuos agregados en otros colectivos. La libertad de uno no termina donde comienza la del otro, sino que, por el contrario, se refuerza y potencia con la libertad del otro. Si el otro no es libre, si el otro no puede decir no, entonces tendremos serias dificultades para manifestar nuestro desacuerdo.”

No olvidemos que sin conflictos no habría democracia, sin protestas no habría justicia social, sin movilizaciones no tendríamos derechos fundamentales. Como concluye el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica: “la protesta de hoy construye los derechos de mañana”.