Argentina es un país que tiene una sociedad con tantas grietas superpuestas acumuladas que algunos se confunden. Creyeron que el tema de los derechos humanos era una problemática de los kirchneristas y se encontraron tocando una fibra sensible que parecía adormecida. La reacción, el rechazo al fallo de la Corte, y a los diferentes episodios que lo precedieron fue tan unánime y masiva, que ahora retrocedenen chancletas sin saber cómo frenar el vendaval.

La última acción de la Corte, para intentar suavizar su decisión, fue emitir un comunicado en el que anticipó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los genocidas bajo el mismo argumento que utilizó el represor Luis Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido. Esto se hará a la luz de la norma sancionada por el Parlamento, el mismo día de la masiva marcha, para impedir que los delitos de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra sean beneficiados con el 2×1.

El bloque de diputados del FpV impulsó en el Congreso la realización de un juicio político para los tres jueces supremos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quienes se constituyeron en mayoría, y votaron, con ligereza y creatividad antojadiza, el otorgamiento del 2 x 1 que amenaza con dejar en libertad a cientos de represores.

En toda la historia de la Corte Suprema de Justicia, con sus más de 150 años de existencia, solo en tres oportunidades llegó a concretarse la cláusula constitucional de juicio político que terminó con la destitución de sus señorías. En esos tres momentos históricos gobernaba el peronismo.

El juicio de Perón

El primer caso fue en 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La Corte Suprema había declarado inconstitucionales una buena parte de las leyes laborales emergentes. En febrero de 1946 la Corte dictó una resolución oponiéndose a las delegaciones regionales del ministerio de Trabajo. Del mismo modo se negó a constituir los Tribunales del Trabajo que el gobierno quiso fundar, como paso a la posibilidad de que los trabajadores tuvieran instancias para litigar con sus patrones. Luego de algunos cabildeos, Perón, que gozaba de una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y fundamentalmente en la de Senadores, decidió impulsar la destitución de cuatro de los cinco jueces supremos. Los acusados eran: Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto. También cayó en la volteada el procurador Juan Álvarez.

No era una Corte justamente apolítica. Se trataba de la misma que había sido proclamada por los opositores como la heredera legítima del régimen militar surgido en 1943. “El poder a la Corte”, era la consigna cantada por las multitudes civiles, opuestas a Perón, en los meses de septiembre y octubre de 1945. El juicio fue estruendoso y no tenía antecedentes. Antonio Sagarna tuvo como abogado defensor al socialista Alfredo Palacios.

La sentencia dictada el 30 de abril de 1947, por la comisión que los juzgó, dispuso remover de sus cargos a todos ellos, con excepción de Repetto que había renunciado previamente. A los motivos enumerados se agregó la acusación de haber legitimado las dictaduras de 1930 y 1943.

Pasaron casi 50 años hasta que un nuevo juicio político concretó la destitución de un juez supremo vía juicio político. El motivo del largo paréntesis no hay que buscarlo en la virtud y la concordancia. Simplemente ocurrió que durante esos 50 años se destituyeron jueces a mansalva por el escueto trámite de un decreto. En 1955 la dictadura eliminó de un plumazo a toda la Corte y nombró a cinco nuevos miembros. En 1973 renunciaron todos los supremos que venían de los gobiernos de facto y el gobierno constitucional formó un nuevo tribunal. En 1976 la dictadura volvió al mismo procedimiento y nombró una Corte totalmente de facto, que a su vez cesó en sus funciones a partir de 1983.

Como se puede apreciar, cada gobierno contó con una Corte Suprema afín, con las que desde luego no tuvieron mayores conflictos.

Contra la mayoría automática

El menemismo amplió el número de cortesanos a nueve y se aseguró una mayoría propia para cada uno de los temas que le pareció necesario. Es esa Corte la que el gobierno de Néstor Kirchner debió enfrentar desde el comienzo mismo de su gestión; y contra la cual impulsó un juicio político.

En diciembre de 2003 el escarnio cayó sobre Eduardo Moliné O´Connor. Era el cerebro de la mayoría automática. Pasaba sus días entre el Palacio de Justicia y los grandes estadios de tenis del circuito internacional. La Cámara de senadores lo destituyó por un ajustado margen, y no lo inhibió de ocupar cargos públicos: “No será más ministro de la Corte, pero, por incoherencias de este cuerpo, podrá ser senador de la Nación”, declaró la entonces senadora santacruceña Cristina Fernández de Kirchner.

Más duro fue el pronunciamiento de los senadores en septiembre de 2005, cuando votaron por mucho más de los dos tercios necesarios, la destitución del juez supremo, Antonio Boggiano, también miembro de la mayoría automática del menemismo, con 14 acusaciones por mal desempeño. Sobre todo por el caso “Meller”, pero también se incluyó entre las inculpaciones el sobreseimiento al grupo Macri por el contrabando de autos. Los otros supremos de la Corte menemista, Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, decidieron renunciar para evitarse el oprobio. Pero Boggiano calculó mal los apoyos con los que contaba. Miembro del Opus Dei, tuvo a su favor un fuerte lobby de grupos empresarios poderosos y la Iglesia. La Corte quiso ayudarlo y decidió rehabilitarlo en el cargo del que había sido suspendido, intentó tomar el caso bajo su órbita. Incluso se llegó al absurdo de querer inhabilitar a los senadores para llevar adelante el juicio, se puso en duda la potestad constitucional de hacer juicios políticos. Los senadores reaccionaron con fuerza. Lo destituyeron, lo inhibieron de por vida para ejercer cargos públicos y lo dejaron sin su preciada jubilación de privilegio. Luego litigó y logró que se la paguen en forma retroactiva y de por vida. Se quedó sin honores, pero con los bolsillos llenos.

Solo tres casos en más de 150 años y bajo la cobertura de gobiernos fuertemente decididos a impulsar esa política. En las actuales circunstancias, no parece muy probable que prospere la iniciativa.

La historia nos muestra que no es la jurisprudencia lo que guía los fallos de la Corte, es la política. Si hay algo que ha caracterizado a los juicios por violaciones a los derechos humanos desde el retorno de la democracia en 1983 es la oscilación pendular de los fallos judiciales y de las posturas de la Corte. Justamente lo que no ha habido es jurisprudencia. Los jueces Supremos en sus distintas épocas siempre acompañaron el clima político, la línea que los sucesivos gobiernos adoptaron es esta materia. La enorme reacción popular en contra de voto de la mayoría se afinca en que muy pocos permitieron que el árbol de la minucia técnica jurídica les haga perder de vista el bosque de la política pro impunidad, que sin prisa pero sin pausa, impulsó el actual gobierno desde su primer día en funciones.