La derecha argentina, identidad político-ideológica que en términos generales expresa los intereses del bloque de poder dominante, estuvo de fiesta en la semana recién terminada por la visita propagandística que realizó a nuestro país el juez brasileño Sergio Moro.

Se trató de una puesta en escena más para agitar a la opinión pública en contra de “la corrupción”, presentada esta como corrupción “de los políticos”, y de ese modo ocultar el dominio sobre la sociedad de las corporaciones económicas, mediáticas, judiciales, militares, policiales, del espionaje, eclesiásticas, etc., que constituyen las bases organizativas e institucionales de un sistema económico y social de dominación.

En esas corporaciones y en ese sistema está la corrupción total, de fondo, la más absoluta, la más poderosa y criminal. La que pone la riqueza y el poder de la humanidad -y de nuestro país- en manos de minorías ultra-enriquecidas, para perjuicio del conjunto de la población, en particular de las clases sociales pobres y frecuentemente también de las capas medias de la sociedad.

Jueces como Moro están cumpliendo un rol trascendental para fortalecer la recuperación del poderío que históricamente tuvieron las corporaciones y las clases sociales dominantes a las que representan. Poderío que fue disputado por los procesos políticos de los primeros quince años de este siglo (el periodo de tiempo señalado no es estricto sino orientativo, para significar la etapa que empezó con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, y se profundizó con la asunción de Lula Da Silva y Néstor Kirchner en 2003, de Evo Morales y Rafael Correa en 2006, etc.).

La estrategia de las derechas del continente, que responden a los intereses imperiales de Estados Unidos, tiene renovadas formas para combatir y si es posible derribar a los gobiernos populares, y en caso de que ya hayan logrado por uno u otro método (mediante elecciones en Argentina y por un golpe parlamentario en Brasil) que dejen de conducir el Estado, el próximo paso es desgastar a sus líderes y dirigencias para impedir que vuelvan a ser alternativa de poder.

En eso están el brasileño Moro y sus similares de Argentina, cuya función constituye un peligro para la democracia. Mientras aquel persigue a Lula Da Silva y amenaza con meterlo preso, para evitar así que se postule como candidato presidencial en las elecciones de fines del '18 (dentro de un año y medio), en nuestro país los jueces Julián Ercoloni y Claudio Bonadío tienen procesada a Cristina Kirchner en distintas causas judiciales, también bajo amenaza de encarcelarla.

(Ercolini lo decidió en diciembre con el pretexto de negociados en la obra pública. Y no se anduvo “con chiquitas” para embargar sus bienes: lo hizo por 10.000 millones de pesos. Piénsese en la cifra: 10.000 millones de pesos. Así lo informaba en su momento, por ejemplo, la agencia de noticias Télam.

(El pasado martes, Bonadío dictó otro procesamiento con la excusa de supuestas coimas recibidas por la empresa familiar “Los Sauces”. En el mismo acto procesal, se declaró “incompetente”. Comparado con Ercolini fue un “nene de pecho” en cuanto al monto del embargo: apenas 130 millones de pesos. Puede accederse a una de las noticias al respecto en el portal de “Perfil”.

(Casi un año atrás, en mayo de 2016, el propio Bonadío ya había dispuesto el primer procesamiento contra la ex presidenta. Esa vez por el llamado “dólar futuro”. Así lo informaba el diario “La Nación”.

Investigar o no investigar

Unos pocos ejemplos, brasileños y argentinos, contribuyen a clarificar qué es lo que investigan o dejan de investigar los jueces según las circunstancias.

En Brasil, la judicatura (o sea, los integrantes de un sistema judicial) que tiene a Sergio Moro como su estrella rutilante en estos momentos, jamás investigó los crímenes de la dictadura que asoló a ese país entre 1964 y 1985. En cambio, rige allí una “ley de amnistía” dispuesta en 1979 por el propio régimen militar-cívico de facto, y reafirmada siempre por los más altos niveles judiciales. La última ratificación fue perpetrada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF, equivalente a la Corte Suprema argentina), al rechazar un pedido de la Orden de Abogados de Brasil (OAB, similar a un “colegio de abogados” en nuestro país) para que dicha ley fuera revisada. Puede accederse a una noticia publicada en esa ocasión por la versión en castellano del portal británico BBC-Mundo.

En cambio, en términos generales la judicatura de nuestro país ha investigado y condenado los crímenes de la última dictadura. Lo hizo, entre otras razones, empujada por un vigoroso movimiento de Derechos Humanos que lleva más de cuatro décadas de lucha, y sobre la base de ese impulso desde la sociedad civil, por decisiones políticas audaces de gobiernos democráticos, como la del presidente Raúl Alfonsín que apenas asumió en 1983 ordenó juzgar a los jerarcas del régimen recién concluido, y la del presidente Néstor Kirchner que en 2003 promovió la anulación de las leyes y decretos de impunidad. (Las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” habían sido impulsadas por el mismo Alfonsín, mientras que el responsable de los decretos de indulto fue Carlos Menem).

En sentido contrario, nunca el Poder Judicial argentino se metió con los negociados, grandes estafas y mega-corrupciones de los empresarios que se enriquecieron con la dictadura. El ejemplo más revelador es el de la deuda externa, que era de 8.000 millones de dólares cuando fue perpetrado el golpe de Estado de 1976, y había llegado a los 45.000 millones al concluir ese régimen, siete años y medio después, a fines de 1983. Semejante robo a los dineros del país nunca fue considerado “corrupción”.

Hubo una excepción: fue un fallo histórico del año 2000, de extraordinario valor simbólico pero de nulo peso legal, porque el paso del tiempo impedía legalmente acusar a los responsables. Al resolver sobre una causa promovida nada menos que 18 años antes (en 1982) por el patriota Alejandro Olmos, el juez Jorge Ballestero dictaminó que la deuda externa generada por el régimen dictatorial “sirvió para solventar negocios privados”, y que los beneficiarios fueron algunos grupos económicos, ligados a los centros financieros internacionales, como por ejemplo Macri (sí, Macri), Fortabat, Bunge y Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldatti y Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada. Y pagada por toda la sociedad. Una síntesis del fallo y del proceso de endeudamiento puede leerse en el portal “El Historiador”.

Ni en Brasil ni en Argentina se investigan los delitos del poder económico, o sea de los grandes capitalistas. Allí, la judicatura no ve ninguna “corrupción”. Por eso, tampoco hay ninguna persecución judicial contra las guaridas fiscales, donde se esconden fortunas clandestinamente (como hace el Clan Macri, según lo demostró la investigación llamada “Panama Papers”).

Asimismo, jamás se investigó la fuga de capitales desde nuestro país hacia el exterior. El discurso dominante dice que eso “no constituye delito”. Cada cual ve la corrupción donde quiere verla, según sus anteojeras ideológicas.

El propio macrismo calculó el dinero fugado en 226 mil millones de dólares, y así lo publicó en junio del año pasado el portal derechista Infobae, propagandista del gobierno.

Esa cifra es casi la mitad de todo lo que produce el país en un año completo, el llamado Producto Bruto Interno -PBI- calculado en 550 mil millones de dólares, según datos del Banco Mundial actualizados a septiembre/2016.

Aparatos de propaganda

Como en todos los procesos políticos del periodo actual, la corporación judicial requiere una articulación estricta con la corporación mediática. Los cárteles Globo en Brasil y Clarín en Argentina son los principales instrumentos del aparato propagandístico de la ideología hegemónica. A través de sus cadenas de medios, y durante las 24 horas de todos los días de la vida, actúan sobre la subjetividad de los grandes contingentes sociales para que adopten como propios los intereses de las clases dominantes.

Así, una parte considerable de la población (de cualquiera de los países) incorpora como una creencia generalizada que “la corrupción” es una característica de “los políticos”. Y que todos los males tienen allí su causa principal. Se produce de esa manera una gigantesca operación semántica -o sea, referida a cómo debe ser significada, pensada, interpretada la realidad- por la cual el sentido común deja de lado la observación de otro tipo de procesos o causas que perjudican a las personas comunes individualmente, a sus familias como grupo de pertenencia básico, y al pueblo en su conjunto como colectivo nacional más vasto y extenso.

Entonces, ese sentido común nunca contempla que los problemas de “la gente” tienen sus raíces en la estructura de clases de la sociedad, en el funcionamiento de un sistema económico y social injusto, en la apropiación de la riqueza por parte de los grandes capitalistas (el caso de quiénes se enriquecieron con la deuda externa de la dictadura habla por sí solo), o en que casi todos los poderes fácticos sirven a las minorías privilegiadas y juegan en contra de las mayorías populares.

En consecuencia, la avanzada de un “gobierno de los jueces” es parte de una perfecta estrategia antidemocrática. Su propagandizada campaña moralizadora y por la “honestidad” en el manejo de los dineros públicos, contribuye a erosionar la credibilidad social en el Estado y en la política para fortalecer así el poderío de las corporaciones.

Bajo el disfraz del “combate contra la corrupción”, se esconde el propósito de perseguir a fuerzas y líderes políticos populares para que la sociedad sea gobernada solamente por los poderes de facto, que son permanentes y siempre están, más allá de las elecciones y de los gobiernos surgidos del voto ciudadano.

Esa peligrosa ofensiva conduce hacia una degeneración de la democracia, cuya principio fundante es la soberanía popular. Porque, aunque muchas veces olvidada, la idea esencial y primaria del régimen político democrático significa nada menos que “gobierno del pueblo”. No de los jueces, ni de ninguna otra corporación.

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