El mes pasado Chile se vio sacudida por manifestaciones que llegaron a movilizar, según los organizadores, a dos millones de personas en todo el país, con una concentración central en Santiago que reunió a 350.000 manifestantes, reclamando terminar con el sistema de jubilaciones privadas que en el vecino país son administradas por las llamadas AFP, equivalentes a nuestras conocidas AFJP, para ir a un sistema de reparto de carácter estatal.

Chile fue pionero en la instalación de las jubilaciones privadas en América del Sur. Fueron establecidas en 1980, durante la dictadura de Pinochet, y el creador fue José Piñera, hermano del que luego fuera presidente de la República. La promesa inicial para conseguir adhesión popular era que iban a pagar jubilaciones equivalentes al 70% del salario del trabajador en actividad. La realidad, más de 30 años después de instalado el sistema, es que los retirados cobran en promedio entre el 30% y 50% de lo que cobrarían estando en actividad. Una idea de la realidad lo da el hecho que el promedio de las jubilaciones es equivalente a 300 dólares, cuando el salario mínimo en Chile es de 385 dólares.

Este fracaso de la jubilación privada fue reconocido por el FMI, que inicialmente fue uno de los impulsores, y que en un informe del 2004 señala que no se produjeron los beneficios sociales esperados y que las comisiones que cobran las administradoras son excesivas. El negocio es para ellas a costa del universo de trabajadores retirados.

Por esa razón tanto Argentina como Bolivia (ésta última en el año 2010) retornaron a la administración estatal de las jubilaciones y pensiones.

Es bueno recordar que en nuestro país se instalaron en el año 1994, durante el gobierno de Menem, en que se aprobó la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que era administrado por las AFJP. Seguía operando en paralelo el sistema estatal solidario de reparto, pero quienes optaban por la capitalización privada luego no podrían retornar al nacional. Como las promesas de funcionarios, “opinadores de la televisión” y las publicidades de las operadoras eran similares a las que habían hecho en Chile, consiguieron una importante adhesión de los aportantes existentes, además de los que ingresaban al mercado laboral.

La ley estableció los aportes personales que varió entre el 11% y 7% de los sueldos; de los mismos se descontaban la prima por seguro de vida, los gastos de administración y la comisión de las administradores, con lo que se capitalizaba alrededor del 30% del aporte. Por otra parte, la instabilidad financiera mundial en los últimos años de los ’90 y comienzo del nuevo siglo mostraron la fragilidad del sistema.

El fundamento básico del establecimiento de la jubilación privada era que iba a movilizar un importante ahorro público hacia el mercado de capitales, por lo que iba a aumentar las inversiones y el crecimiento económico y el bienestar general. Pero, en los hechos, el Estado perdió aportantes y hubo una importante rebaja a los aportes patronales (la idea de las AFJP era el ahorro individual, mediante capitalización privada, por parte del trabajador sin contribución patronal) mientras que seguía pagando el grueso de las jubilaciones (en el año 2008, 14 años después de puesto en vigencia, las AFJP pagaban íntegramente solo el 23% del total), por lo que aumentó el déficit púbico y tuvo que salir a pedir prestado para cubrirlo. Se estableció un circuito perverso: el Estado renunciaba a cobrar los aportes previsionales que pasaban a las AFJP que, a su vez, descontaba una importante comisión y el remanente se lo prestaba al mismo estado que, además, le pagaba los intereses correspondientes.

En los 14 años de funcionamiento de las jubilaciones privadas se calcula que las AFJP se llevaron un ingreso de 10.000 millones de dólares, mientras que los empresarios se beneficiaron con 35.000 millones por rebaja de los aportes patronales y quien pagó todo fue, por intermedio del Estado, el pueblo argentino.

Por esas razones, cuando en el año 2008 la presidenta Cristina Fernández presentó el proyecto de renacionalización del sistema jubilatorio con paso compulsivo a un sistema solidario de reparto, no hubo mayores resistencias y se aprobó en el Congreso por una importante mayoría de votos. En ese momento se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con los títulos y bienes que constituían las reservas de las AFJP. Por una buena y austera administración estatal, sin las comisiones exorbitantes que cobraban las ex administradoras, ese fondo, que inicialmente era de 98.000 millones pasó a ser (2014) de 482.660 millones. Por Ley del año 2015 los títulos y valores que lo componen no podían ser enajenados sino que debían quedar como garantía y respaldo del sistema jubilatorio.

Es necesario tener presente la realidad de la jubilación privada porque permanentemente sectores, incluso funcionarios del actual gobierno y a título personal, han manifestado su opinión favorable a la privatización o, al menos, a un sistema mixto con una jubilación mínima estatal y otra de capitalización voluntaria, que desnaturalizaría a la jubilación obligatoria y solidaria administrada por el estado.

En el año 2016 el gobierno de Macri, con apoyo de los legisladores aliados, hizo eliminar la cláusula de imposibilidad de venta. Inclusive el titular de Anses declaró públicamente que “si hace venderlos lo vamos a hacer”. Tanto la norma como la declaración podrían ser señales que se piensa liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como primer paso para la vuelta a las AFJP.

Es preciso estar alerta para evitarlo.