Hace pocos días sucedió un hecho muy grave en una escuela primaria porteña, en el barrio de la Boca. En el acto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se exhibió a decenas de niños y niñas, de 1º a 7º grado, un video en el que -con el burdo pretexto de mostrar la “historia completa”- se presenta a los delincuentes que hoy cumplen condenas por delitos de lesa humanidad -cometidos en tiempos del terrorismo de Estado- como “héroes” que defendieron al país en los años 70’. En el video podía leerse que “…Día a día nuestros héroes se están muriendo presos, lejos de sus hijos y seres queridos…”, ocultando que -tras décadas de impunidad y mediante juicios públicos con todas las garantías constitucionales- les había llegado la sanción legal a quienes torturaron y asesinaron a miles de ciudadanos y secuestraron - brutal plan sistemático mediante- a alrededor de 500 niños, negándoles historias, familia e identidad.

Afortunadamente hubo una rápida y eficaz respuesta de la comunidad educativa. Mamás, papás y vecinos se organizaron, lograron la inmediata separación preventiva de la directora y una maestra, que el ministerio de educación porteño repudiara el hecho y en menos de 24 horas “abrazaron” la escuela los chicos y grandes del barrio, junto a Abuelas, organismos de Derechos Humanos y sindicatos docentes.

La comunidad educativa reclamó para los niños y las niñas el derecho a recibir en la escuela información oficial, y no tergiversada, sobre la dictadura militar, el terrorismo de Estado y sus responsables. Mediante un documento  recordaron que el 24 de marzo fue instaurado como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por ley Nº 25.633, para que se “… consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos...”. Señalaron que ello era coherente con el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que determinan que los Derechos Humanos son una prioridad en la educación de chicos y chicas.  Sobre el significado de esas normas se expresaron con contundencia: “Nos negamos a creer que se trata de simples formalidades legales –señalaron-.Esas normas expresan una decisión profunda adoptada por la sociedad argentina: no hay educación al margen del respeto y protección de los Derechos Humanos. Los pibes y pibas que van a la escuela tienen el derecho de recibir ese tipo de educación, con esa orientación y, como contrapartida, el Estado –a través de sus funcionarios, directores y sus docentes- tiene la obligación de brindarla en esos términos”.

Es que la comunidad educativa consideró que esos mandatos político-legales se habían violentado con la exhibición del video que ubicaba a los genocidas en el rol de “salvadores de la Patria”. En su documento, padres y madres recordaron el largo y doloroso proceso de verdad y justicia para concluir que “…Ya no está en discusión que no hubo una guerra sino que las Fuerzas Armadas, manejando todas las fuerzas de seguridad, asaltaron el poder político del Estado y desde allí descargaron una fenomenalviolencia contra todo actor que fuera considerado una amenaza, diseminando desde el Estado el terror en todo el cuerpo social... Los muertos, los torturados, los presos sin juicio y los desaparecidos se contaron por miles y miles, el pueblo ha dicho 30.000…”.

Concluyendo con su razonamiento en el documento se expresa que si lo ocurrido durante el genocidio en nuestra Patria se niega u oculta hoy a los alumnos y alumnas, si no se les enseña claramente esa historia se está violando el derecho de esos chicos y chicas a recibir una educación que promueva y proteja la efectiva vigencia de los Derechos Humanos. Y si alumnos y alumnas tienen derecho a recibir esa enseñanza, ello significa que el Estado –en la Escuela por intermedio de funcionarios y docentes- tiene el deber de dar la respuesta adecuada.

Es de singular importancia que el sistema educativo se afirme en la idea de que se debe enseñar lo sucedido durante el genocidio, tal como surge de las múltiples sentencias judiciales que se fueron dictando, a lo largo y ancho de todo el país.

Ojalá siempre, en torno a una escuela, haya una comunidad atenta y activa como la de Catalinas Sur en La Boca. Pero el deber del Estado -que se corresponde con el derecho de millones de chuiquilines en todo el país- deberá cumplirse siempre evitando –con o sin reacción de la comunidad- que se repitan tergiversaciones y negacionismos del genocidio y el terrorismo de Estado como los que, con dolor, debimos desbaratar.

Para finalizar, esperamos que también tengan éxito los padres y madres en su demanda de un acto escolar reparatorio, en el que se recuerde a las víctimas como lo merecen y se reivindique el pacifico proceso de Verdad y Justicia que nos enorgullece.