Hace un par de semanas la defensora del Pueblo Nadina Díaz había expresado en una nota periodística su deseo de continuar en el cargo que desempeña desde hace cinco años, y cuyo mandato vence el 2 de mayo.

De acuerdo a la ley, 60 días antes del vencimiento del mandato del defensor, la legislatura debía llamar a inscripción de aspirantes para cubrir el cargo, o sea el 2 de marzo, situación que finalmente se produjo. En efecto un día después del mensaje del gobernador, el parlamento llamó a inscripción para cubrir esa vacante.

La decisión sorprendió a muchos, incluso hasta la propia defensora y a su padre el legislador de Juntos Somos Rio Negro, Oscar Díaz, un ex peronista que desde hace algún tiempo se sumó a las huestes del gobernador que, por lo menos hasta ahora, lo tiene como referente y operador en el circuito Alto Valle Este.

Abierto el período de recepción de postulantes, seguramente serán varios los interesados e interesadas en ponerse en carrera.

Se trata de un cargo políticamente interesante, enriquecedor del currículum político, público o profesional de cualquiera, con una muy apetecible remuneración mensual, además de ser un organismo en el que se actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, y teniendo un contacto permanente con la sociedad.

Nadina Díaz, llegó al cargo hace cinco años por indicación y decisión del gobernador Weretilneck, y cumplió su función eficientemente sin traerle mayores sobresaltos al Ejecutivo provincial, por lo que llama la atención la decisión de cambiarla en un año electoral.

Para ocupar el cargo, además de la correspondiente inscripción y posterior análisis de antecedentes, se necesita la aprobación de los dos tercios de la Legislatura provincial, cuestión que no le es sencilla en la actualidad al mandatario, que busca por todos los medios llegar sin mayores inconvenientes a esa fracción para la autorización del endeudamiento por 500 millones de dólares para el Plan Castello.

Allí surge la primera especulación y es que la estrategia estaría vinculada a negociar ese lugar con algún sector de la oposición legislativa que le permita al gobernador lograr sin mayores sobresaltos los votos que le permitan acceder al indispensable endeudamiento con lo que pone en marcha el Plan Castello y logra oxígeno para encarar el año electoral con un poco más de tranquilidad.

La otra posibilidad con menos sustento, es que se pueda utilizar ese cargo para resolver alguna situación política interna, o bien que la búsqueda de otra persona u otro perfil esté simplemente dada por una decisión del gobernador, cuyos motivos se desconocen.

Cuando nos referimos a lo interno partidario lo relacionamos con la necesidad que podrían avizorar las actuales autoridades de una posible disputa dentro de las filas de su partido para disputar la representación partidaria en las legislativas de octubre, por ejemplo, cuestión que con un ofrecimiento de estas características por cinco años no es para nada despreciable.

Nada indica que tenga algún planteo que lo desvíe de su objetivo que es postular a su coequiper Pedro Pesatti para la diputación nacional en primer término y que incluso especule en la posibilidad de que, como se presenta el panorama, pueda también jugar a intentar meter al segundo candidato o candidata, garantizándole al gobierno nacional dos legisladores afines.

Volviendo a la más certera de las posibilidades, la negociación tendría que estar dirigida a algún sector de la oposición que hoy conforma el Frente para la Victoria, pero seguramente más orientada a los legisladores que incluso ya han votado algunas leyes en contra de la decisión del bloque al que representan, como fue el caso de los pliegos del Banco Patagonia y el Presupuesto.

También hay que tener en cuenta que el Ejecutivo tiene pendiente la designación del reemplazante de Juan Huentelaf en el Tribunal de Cuentas y que el año próximo se viene la designación del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que debe reemplazar a Marcelo Ponzone. Para ambos casos también son necesarios los dos tercios de los legisladores.