Hace pocos días se concretó una reunión entre las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con los directivos del emblemático Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), quizás el principal laboratorio de producción pública de medicamentos y el Laboratorio de Especialidades Médicas (LEM) de Rosario, ambos de la provincia de Santa Fe. En ese encuentro se oficializó la decisión de discontinuar el programa CUS Medicamentos, reemplazante del Programa Nacional Remediar + Redes.

En efecto, el titular de la Anlap, Alfonso Sánchez de León, les comunicó a los responsables de los dos laboratorios santafecinos que “este año finalizará la provisión centralizada de medicamentos desde el ministerio de Salud de la Nación, derivándose la misma a la gestión individual en cada provincia”.

La noticia ha causado mucha incertidumbre en las provincias, en tanto aparece en el horizonte la amenaza cierta de cercenar el derecho al acceso al medicamento, retrocediendo a etapas que se pensaban ya definitivamente superadas en nuestro país.

Algo de historia

El programa Remediar surgió en la etapa de reconstrucción nacional que se inicia en 2002 en el marco de un deterioro social y económico con una tasa de desempleo que trepó al 18% en octubre de 2002 y con más de la mitad de los argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza. Por primera vez en 15 años el consumo de medicamentos había bajado y en 2002 registraba una retracción del 22% interanual. En el contexto de la crisis política y socioeconómica, que involucró el derrumbe del sistema cambiario, devaluación mediante, se alentó una vez más el aumento de los medicamentos. Ese contexto anticipaba lo que ocurrió, fuerte incremento de la demanda hacia el sector público, disminución del acceso a la atención sanitaria y laboratorios acelerando la escalada de precios.

Fue así que el ministerio de Salud de la Nación bajo la conducción del Ginés González García se involucró en el tema medicamentos, casi un tema prohibido para los ministros de salud del país desde Oñativia en adelante. Tomó dos medidas sustantivas: 1) propiciar la prescripción por nombre genérico y 2) crear el programa Remediar.

Aprovechando fondos de un crédito internacional sin utilizar por parte del gobierno de la Alianza, se lanzó un programa de alcance nacional cuyo objetivo era proveer de medicamentos esenciales a todas aquellas personas en situación socioeconómica más desfavorable y que dependían exclusivamente de la red pública de salud para acceder a este bien social. Así el suministro gratuito de medicamentos operó como una transferencia directa a las familias, redistribuyendo financiamiento con sentido federal y facilitando a los centros de atención primaria (CAPS) de todo el país, poder complementar sus acciones contando con un recurso esencial en el proceso de cuidados de la salud.

Sobre el programa Remediar

El programa Remediar se propuso jerarquizar los CAPS fortaleciendo las redes de atención primaria de salud, es decir apoyar al primer nivel de atención, esto es las salitas de los barrios y los puestos sanitarios más alejados, para desde ahí colaborar con toda la red pública. Para ello además de distribuir medicamentos esenciales que llegaban directamente a cada CAP, se promovió el uso del nombre genérico para la prescripción, se aprobó una ley nacional (ley 25649 de agosto de 2002) que luego tuvo su correlato provincial (ley 2392).

El programa Remediar exigió para su implementación mecanismos transparentes de compra por licitaciones públicas de medicamentos que imponían requisitos técnicos para asegurar la calidad de los productos distribuidos. Desde 2008 se incorporaron laboratorios de producción pública mejorando aún más los precios, que en algunos casos llegaron a ser siete veces menores que los del mismo medicamento en farmacias. Pero a su vez el aporte del programa permitió ampliar las plantas de producción pública y habilitar nuevas, diversificar la producción y en algunos casos reducir la capacidad ociosa. La inversión del programa Remediar + Redes permitió incorporar equipamiento en los laboratorios públicos, mejorar la gestión administrativa, fortalecer el vínculo con la Anmat y hasta penetrar en el mercado farmacéutico.

La distribución directa a cada uno de los más de 7.000 CAPS obligó a desplegar un sistema de logística que se aprovechó para la distribución de otros materiales de apoyo para la tarea en el primer nivel de atención tales como folletería, afiches de educación para la salud y otros elementos sanitarios (preservativos, anticonceptivos, cepillos dentales, aerocámaras, etcétera). Los medicamentos se distribuyen en envases especialmente diseñados que se almacenan en un operador logístico que cuenta con habilitación de Anmat y garantiza condiciones de temperatura y humedad adecuadas, además de contar con inscripciones que permiten verificar la trazabilidad de cada medicamento, esto es conocer todo el recorrido desde el origen hasta el destino final.

En 2010 con la aprobación del conjunto de ministros de salud de las provincias se aprobó un formulario terapéutico para el primer nivel de atención. En el marco de este programa se desarrollaron actividades de capacitación del equipo de salud destinadas a quienes son responsables del manejo de medicamentos en los CAPS (Talleres de operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales) y también destinadas a quienes tienen responsabilidad de prescribir (Uso Racional de Medicamentos y Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud - Traps).

Desde 2009 el programa comenzó a desplegar una estrategia para fortalecer el modelo de atención basado en la APS, a través del fortalecimiento y consolidación de las redes provinciales de servicios de salud. Este componente del programa habilitó entre otras iniciativas el desarrollo de proyectos tendientes a identificar población con riesgo cardiovascular, desarrollo de turnos programados para el 1º y 2º nivel de atención, definición e implementación de circuitos de referencia y contra referencia, refacciones en CAPS, mejoramiento de equipamiento, desarrollo de sistemas informáticos relacionados con la distribución, registro y entrega de medicamentos e implementación de guías de práctica clínica (diabetes tipo 2, riesgo cardiovascular, tabaco, etcétera).

Es decir que un programa que inicialmente se pensó para facilitar el acceso de población vulnerable a medicamentos esenciales fue creciendo contribuyendo a fortalecer los dispositivos de atención con calidad, ampliando derechos.

Comentarios finales

Como todo programa vertical y diseñado para operarse en todo el país, sin observar las diferencias locales, adoleció de rigideces, algunas de las cuales sin embargo, pudieron atenuarse a lo largo de los 15 años de existencia de esta estrategia, como por ejemplo los sistemas de clearing para optimizar el uso del recurso, ajustando el stock de cada CAP a su demanda real o el armado de distintos botiquines para distintas épocas del año.

Los programas verticales pensados desde el nivel nacional para reducir brechas entre las distintas provincias tienen complejidades y puntos que pueden y deben mejorarse, hasta inclusive cuestionarse su esencia misma, pero deben ser reconocidos como formas de mitigar diferencias injustas. Es cierto también que el aprovechamiento del programa por parte de las provincias ha sido muy disímil, tanto en lo referido al objetivo primario como a los relacionados con el apoyo a toda la red pública (formación de operadores, capacitación médica, apoyo para la gestión, etc.) y que aquellas jurisdicciones que más lo necesitaron para garantizar la provisión de medicamentos, más sufrirán la deserción del Estado Nacional en esta área de vital importancia para el proceso de atención.

Descentralizar las compras del Remediar hacia las provincias y dejar de comprar medicamentos a los laboratorios de producción pública son dos medidas desacertadas en función de sostener la idea de Salud como derecho. Perder la capacidad de compra y negociación operando al menos indirecta y parcialmente como regulador de un mercado signado por la especulación es, cuanto menos, renunciar a asumir una función básica del Estado.

El medicamento es un bien social, su acceso debe estar garantizado para todos los habitantes de la Patria. No debe admitirse bajo la excusa de mejorar la eficiencia de un programa o el agotamiento de una fuente de financiación, anular una estrategia que contribuía a reducir desigualdades injustas. Y vale reafirmar que siempre las desigualdades son injustas si se trata de proveer salud.