El gobierno tiene una legalidad de origen pero una ilegitimidad de gestión, porque mintió en la campaña política acerca de lo que iba a hacer y porque su gestión merece el rechazo de la sociedad.

Por eso soy portador de un fuerte ánimo destituyente en el marco de la legalidad del juicio político, no en el signado por el odio como pudimos ver que se fundamentaban los opositores a los gobiernos K. Mi fuerte ánimo destituyente se origina en la enorme cantidad de medidas, gestos y propuestas que el gobierno nacional de Cambiemos está llevando a cabo desde que asumiera, claramente en contra de los intereses nacionales y a favor de los sectores más poderosos de la sociedad.

La sociedad aparece fragmentada y la búsqueda de un mayor acercamiento a la unanimidad de acción colectiva, parcial o potencial está más lejos de lo que uno supone, a pesar del desmedido aumento del precio de los alimentos, en especial del pan, detonante histórico de celebres levantamientos revolucionarios.

La dirigencia política y sobre todo la gremial parecen más adoctrinadas por un recalcitrante pacifista que por la combativa militancia de Evita. Fingen que no advierten hacia dónde va el gobierno y esperan que, además de encaminarse a un destino de desastre, llegue allí, “con sus mejores deseos de que le vaya bien”. 

Absurdo total, pues es obvio que se trata de una lectura política condicionada por el contubernio. No hay solamente responsabilidad política a la que no le cabe la figura de la negligencia o de la imprudencia, sino la de la implícita complicidad.

Representantes elegidos por mayorías para defender derechos no pueden paralizar su acción aliándose a una gestión claramente hostil a los intereses de los trabajadores. No fueron puestos allí para eso.

Además de lo mencionado nos ata el principio inviolable de la estabilidad democrática que subyace en nosotros dada nuestra historia reciente. Confundimos la estabilidad con el aguante ante la violación del derecho. Tenemos miedo de ser antidemocráticos y abrir las puertas nuevamente a las asonadas militares que tantas vidas le costaron al pueblo argentino.

Claro que la madre de todas las excusas sería la que induce a pensar que la República Argentina ha sido copada por corporaciones todopoderosas, ante las cuales la correlación de fuerzas con las del pueblo llano, convenza que la confrontación entrañaría la imposibilidad de éxito. A partir de esta convicción no tendríamos un presidente sino un monarca con una corte de obsecuentes.

Concluimos entonces en una carrera entre los principios, los miedos y el continuismo de un gobierno abiertamente deslegitimado.

Se ha generado una parálisis que aprovecha el gobierno para profundizar el ajuste guiado por su elemental manera de conducir la economía.

Si leemos la Constitución Nacional hay un párrafo del artículo 36 que dice: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”

Si la quita de la deuda del Correo Argentino SA favoreciendo a Macri empresario y decidida por Macri presidente no es un delito, costaría mucho creer que estamos en un país donde rige la igualdad ante la ley. La sociedad Macri de Correo Argentino le efectúa paralelamente a la quita, juicios al Estado, a un interés superior al que se acordó con el mismo Estado por la deuda y por un capital también superior a la deuda. Se trata visiblemente de una maniobra de inocultable voluntad dolosa, como lo atestigua la Fiscal Bosquin en su alegato.

Se puede esperar a las elecciones de octubre pero es incalculable el daño que podría ocurrir de ahora hasta entonces y ni hablar si esta gestión recoge en aquella compulsa un mínimo de ratificación, lo que se viene será muy parecido a la discrecionalidad de la ley de la selva que suelen instalar  sin miramientos las dictaduras como las que hemos padecido.