En la última semana se ha querido instalar en la opinión pública la discusión acerca de la baja en la edad de imputabilidad. No es casualidad que se produzca  en un contexto en que las estadísticas oficiales muestran que ha aumentado la desigualdad social en el último año como consecuencia de las políticas de liberación del mercado, y desguace de las capacidades regulatorias del Estado.

Las estadísticas demuestran que la participación de jóvenes menores de 16 años en delitos graves es muy baja, y en la mayoría de los casos son delitos contra la propiedad sin armas. En relación a los adultos la diferencia es muy significativa.

El gobierno nacional en respuesta al impacto y cobertura mediática del crimen de Brian Aguinaco, por el que es acusado un menor de 15 años, propuso el debate por la reforma del Código Penal y la posibilidad de llevar a la cárcel a jóvenes menores de 16 años. Este tipo de propuestas políticas toman chivos expiatorios fáciles y caen en la estigmatización de los jóvenes de barrios excluidos para distraer y confundir a la sociedad.

El delito y la inseguridad se deben combatir con políticas inclusivas y más mercado interno. La justicia y las fuerzas de seguridad deberían encargarse de perseguir a los verdaderos delincuentes que son las grandes mafias del crimen organizado, de los cuales las principales víctimas son los jóvenes pobres.

Podría parecer una contradicción que el partido que hoy gobierna sostenga esta medida teniendo en cuenta que se opuso al voto no obligatorio a partir de los 16 años, pero no lo es ya que en ambos casos se manifiesta el desprecio por la juventud de los sectores populares. De aprobarse esta medida sería un gran retroceso en materia de derechos humanos.