De los componentes del producto bruto interno (PBI), en una primera aproximación a gruesos trazos, es posible aseverar que dos de los principales, el consumo y la inversión privadas, no son independientes sino que están inducidos por el nivel y las variaciones el ingreso (que es igual en su valor al producto).

Es obvio que el consumo depende del ingreso. Los sectores de una remuneración media y baja gastan la totalidad del mismo en los distintos tipos de consumo; aunque en algunos casos haya poder de ahorro, en gran parte se compensa con casos de consumo superior al ingreso (mediante crédito o tarjetas) mientras que en las demás clases sociales el consumo es una proporción de su ingreso.

Por su parte, las inversiones privadas se realizan si los inversores están convencidos que van a poder vender la producción resultante; en otras palabras, se realiza si existe demanda para esos productos. Comparando la inversión, tanto interna como la directa externa, de este año con la del anterior se tiene la mejor prueba de lo dicho: a pesar de la supuesta “confianza”, del clima favorable a los negocios y de la actual política de protección al capital extranjero, la inversión fue mayor en el 2015, en el que hubo crecimiento, que en el corriente año.

Lo dicho se puede resumir diciendo que tanto el consumo como la inversión privada son variables dependientes del nivel del PBI y de su posible evolución futura.

Esto deja como variables independientes que, en última instancia, condicionan el valor del PBI, al gasto público y las exportaciones. La segunda, la exportación, escapa a la capacidad de determinación por el Estado, aunque su política puede influir en su volumen y en el resultado neto del comercio exterior (exportaciones menos importaciones). El otro, el gasto público junto con las políticas de ingreso son el objetivo básico de la política estatal.

La política económica seguida durante los años 2003-2015, siguiendo esos principios básicos, se adaptó a la evolución de la realidad: al comienzo del gobierno impulsó la demanda en base al incremento del ingreso de los trabajadores y de los sectores más desprotegidos, que son quienes tienen mayor propensión a consumir, lo que hizo crecer al PBI; a mediados de la década comenzó un período de alza de las cantidades demandadas de los productos de exportación, y también de sus precios, convirtiendo a este sector como el principal factor impulsor del crecimiento, que alcanzó tasas desconocidas para el país. En estos años, el gobierno logró superávit externo y superávit fiscal, que le permitió acumular reservas y desendeudarse hasta lograrse una relación muy buena de deuda externa respecto al producto. De esta forma, cuando el escenario cambió luego de las crisis mundial del 2008, existían recursos suficientes para que el gasto público tomara el lugar de motor del crecimiento que ya no desempeñaban las exportaciones: fue la época de la creación de la asignación universal por hijo, del crecimiento de sueldos y jubilaciones y del aumento del gasto en obra pública. Y la economía, a menor tasa, pero siguió creciendo.

Con la asunción del nuevo gobierno hubo un cambio total en la política económica. Se eliminaron o redujeron las retenciones a la exportación de productos primarios, tanto del agro como de la minería y, casi simultáneamente, se produjo una devaluación del peso de un 50%. Ambas implicaron 1) reducción de los ingresos fiscales en una cifra cercana a los 55 mil millones de pesos, causantes de un fuerte déficit estatal; 2) la traslación de fondos desde los bolsillos de la población consumidora en favor de los grandes sectores terratenientes y más concentrados económicamente, lo que generó la recesión económica acompañada de un fuerte incremento de la tasa de inflación. Para completar el cuadro, el gasto público en términos reales (descontado el efecto de la inflación) se contrajo a razón del 17% anual.

Como el mercado internacional continúa deprimido, la única herramienta que queda para salir de la situación actual es un aumento del gasto público. Sin embargo, el gobierno plantea reducirlo aún más; como justificativo el presidente Macri ha dicho que el déficit fiscal que llega al 5% del PBI “es realmente insostenible ya para el corto plazo, si queremos lograr captar un nivel de inversiones mayor y que la inflación baje más rápido”.

En primer lugar el déficit no es consecuencia directa del gasto, que está en disminución, sino de la política de ingresos llevada a cabo por su gobierno; en segundo lugar, la reducción del gasto público implica disminución de la inversión y del consumo que repercute, vía multiplicador, en este caso negativo, en una mayor reducción del producto y de los impuestos, por lo que no se puede asegurar que la baja del gasto disminuya al déficit fiscal; por el contrario, hasta lo puede hacer crecer. Finalmente, la reducción del gasto va a incrementar la recesión económica y, como el PBI seguirá en descenso, no llegará la “lluvia de inversiones” prometida.

Con esa política el panorama para el 2017 es de mayor recesión y conflictividad social en aumento.