Que la Iglesia católica como institución guarda “secretos” no es novedad. Podría decirse que los archivos del Vaticano son unas de las fuentes de conocimiento más vasta, más antigua y menos pública de todas las existentes. Dicen que sus textos superan la cifra de 150 mil y que puestos en hilera alcanzarían una distancia de 65 km. En ellos hay actas, correspondencias y textos que para los amantes de las teorías conspirativas y para los menos paranoicos también, podrían poner en jaque a la propia institución.

Hace unos días el Vaticano y el Episcopado argentino anunciaron la desclasificación de los archivos que poseían sobre la dictadura de 1976. Se trata de tres mil documentos que se abrirán para la consulta de víctimas, familiares y por requerimiento de la justicia. Por ahora investigadores y público en general deberán esperar. Igualmente y más allá de los secretos guardados, parte de esta historia es conocida.

 El 24 de marzo de 1976 los tres miembros de la Junta militar mantuvieron una larga reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal -arzobispo Adolfo Tortolo- quien al salir de la misma instó  a “cooperar positivamente” con el nuevo gobierno. Meses antes, en septiembre de 1975, el vicario del ejército monseñor Bonamín, en su homilía decía “el ejército está expiando la impureza de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las fuerzas armadas estén más allá de su función?” Así hablaba el “profeta del genocidio”, como lo llamó  Eduardo Mignone.

 1977 fue un año crítico para las autoridades católicas. Las denuncias sobre desapariciones, asesinatos, torturas y detenciones ilegales arreciaban y las familias de las víctimas habían comenzado a organizarse. Las reuniones de la Asamblea episcopal se realizaban con el marco de centenares de personas –vigiladas por la policía- que pasaban largas jornadas con la expectativa de que alguien las escuchara.

Más de 80 prelados en funciones entre diocesanos, castrenses y auxiliares componían entonces el cuerpo. Solo unos pocos aceptaban hablar y recibir alguna misiva de los familiares. Obispos como De Nevares, Hesayne, Novack, Devoto, Ponce de León y Angelelli denunciaban dentro y fuera del ámbito eclesial lo que estaba sucediendo. Monseñor Zazpe, entonces obispo de Santa Fe, recordaría aquellos episodios tal vez con otra profecía “No me cabe duda que de aquí a unos años la Iglesia va a estar colocada en la picota”.

En 1984  la revista El Periodista  publicó una lista de 1351 personas vinculadas a la represión. Esta había sido elaborada por la Conadep en base a documentación recogida que luego se filtró a la prensa. En ella figuraban entre otros Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata; los obispos Blas Conrero, de Tucumán; José Miguel Medina de Jujuy; monseñor Emilio Grasselli, el presbítero Christian von Wernich, varios capellanes militares y el nuncio apostólico Pío Laghi. Cuenta Mignone que la mención de este último despertó la furia del episcopado argentino y mientras algunos de los testimonios referidos a estos últimos figuran en el Nunca más, la declaración donde se nombra al nuncio y a otros no fue incorporada al informe.

Seguramente hablar de “complicidad” por parte de la Iglesia católica con el terrorismo de Estado es muy fuerte, como expresó el referente religioso José María Arancedo. Sin embargo este es un juicio que no le corresponde hacer a la propia Iglesia sino a la justicia y a la sociedad. No se trata de luces y sombras. No se trata de equilibrar la balanza; de compensar capellanes que respaldaban a quienes arrojaban personas vivas al mar en los “vuelos de la muerte” argumentando que se trataba de una forma cristiana de morir porque las víctimas no sufrían, con el martirio de monseñor Angelelli.

Bienvenida esta apertura, pero no alcanza. En delitos de lesa humanidad, la justicia divina no es Justicia. Será necesario desclasificar todos los archivos y terminar con los secretos. Como diría Guillermo de Baskerville, el personaje central de la famosa novela “El nombre de la rosa”, “la mano de Dios crea, no esconde”.