Los más de treinta puntos de diferencia que obtuvo en la elección presidencial mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, por sobre su más inmediata seguidora Xóchitl Gálvez, dejó perplejos a propios y extraños.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), la candidata de la coalición conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo el 59,30% de los votos, mientras que Gálvez consiguió el 27.90%. Tercero quedó Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano con 10.41%. El nivel de participación fue del 60.92 por ciento. De esta manera Sheinbaum se transformó en la primera presidenta mujer de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras en la Cámara de Diputados la coalición triunfante obtuvo los dos tercios de las bancas, lo que le otorga una mayoría calificada, en el Senado quedaron a poco de conseguirla, lo que estaría abriendo la posibilidad de avanzar con algunas de las reformas pendientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el actual presidente.

La Ciudad de México también ha dado un amplio triunfo a la candidata de la izquierda, Clara Brugada, que obtuvo un 51,9% de los votos, por encima de su rival, el panista (del conservador PAN, Partido Acción Nacional) Santiago Taboada, con el 38,7%.

En cuanto a las elecciones estaduales, el oficialismo se impuso en 7 de los 9 gobiernos en disputa, pasando a controlar 24 de las 32 estados en las que se divide administrativamente el país.

El análisis del abrumador triunfo electoral encuentra su primera pieza clave en la extraordinaria popularidad del actual presidente, la cual ha sido validada de manera contundente por la ciudadanía. Este respaldo podría situarlo como uno de los líderes más populares en la historia reciente del país, rivalizando incluso con figuras emblemáticas como Lázaro Cárdenas, cuya gestión (1934-1940) se caracterizó por la nacionalización de la industria petrolera.

La persistente influencia de López Obrador es innegable, desafiando las predicciones pesimistas de ciertos analistas mediáticos. El presidente sigue “jalando”, se ha escuchado por estos días.

Sin embargo, más allá de la retórica política, existen motivos tangibles que explican este masivo respaldo popular. Entre ellos, destaca el significativo incremento del salario mínimo, que ha experimentado un notable aumento del 110% durante el transcurso de esta administración, beneficiando a una vasta cantidad de personas, estimada en 21 millones. Además, los programas sociales implementados han tenido un alcance significativo, abarcando a otros 25 millones de individuos, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de una parte considerable de la población.

Dichos programas sociales han tenido un impacto significativo en diversos aspectos de la sociedad, ayudando a incluir a sectores marginados, como los jóvenes y las personas adultas mayores, en la vida social y económica del país. A través de esas políticas se ha contribuido a disminuir los niveles de pobreza en ciertos grupos sociales. Por ejemplo, la pensión para adultos mayores ha proporcionado un alivio económico a quienes no cuentan con una pensión formal. Programas como "Sembrando Vida" y "Producción para el Bienestar" han impulsado la producción agrícola y ganadera en comunidades rurales. Esto no sólo beneficia a los productores, sino también a la economía local.

Estos factores, combinados con una estrategia de comunicación eficaz y un enfoque centrado en las necesidades de la población más vulnerable, han consolidado el respaldo popular al presidente y han sido determinantes en el resultado electoral. Sin embargo, el desafío reside ahora en mantener y profundizar estos logros, así como en abordar las preocupaciones y desafíos que persisten en la agenda nacional.

La estabilidad económica y el llamado “clima de negocios” también han hecho lo suyo. Al día siguiente de las elecciones la paridad peso-dólar comenzó a moverse, la bolsa se desplomó el 6%, y los mercados se manifestaron “nerviosos”, en un país donde aquellos ultrarricos, que poseen más de mil millones de dólares, han duplicado su fortuna desde comienzos de la pandemia, según informa la organización Oxfam en su trabajo “El monopolio de la desigualdad”.

No es extraño entonces que desde la Asociación de Bancos de México calificaran como “un poderoso mensaje” la continuidad anunciada de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la línea económica durante su gestión será la estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal, reducción de deuda y “la viabilidad de nuestros objetivos fiscales”. Nuestro proyecto, aseveró, “se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera”.

El déficit fiscal es uno de los puntos más cuestionados al actual presidente y es parte del sostén de los crecientes programas sociales, algunos de los cuales se incorporaron a la Constitución. Se estima que este año ronde el 5.9% del PIB. Ramírez de la O avisó que ha tomado nota del asunto.

Otro que emitió señales fue el poderoso vecino del norte. Según funcionarios de la Seguridad Nacional, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México se acerca a un “punto de quiebre”; y como respuesta -a cinco meses de las elecciones generales- el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva (norma equivalente a lo que en Argentina se denomina “decreto”) que limita las peticiones de asilo y permite cerrar temporalmente la frontera entre ambos países cuando el número de cruces ilegales supera un determinado nivel, estimado en las 2.500 personas. Esta medida permitirá a los agentes de inmigración deportar rápidamente a quienes ingresen al país de forma irregular. El presidente López Obrador ya avisó que no estará de acuerdo en aceptar que aquellas personas expulsadas sean arrojadas a México.

Con la nueva composición del Congreso, que asumirá el 1 de septiembre próximo -un mes antes que la futura presidenta-, la coalición de gobierno tendrá las herramientas para avanzar con lo que Sheinbaum ha denominado como “el segundo piso de la Cuarta Transformación”. Esto es una serie de iniciativas de reformas constitucionales que se encuentran negociando entre AMLO y la presidenta electa para poner sobre la mesa durante el primer mes de la nueva Legislatura. Se habla de una reforma judicial (pilar para enfrentar a las organizaciones delictivas), otra reforma político-electoral y una tercera hacia la transición energética.

En el horizonte político mexicano, los resultados de las recientes elecciones han despejado algunas incertidumbres mientras que han dejado otras aún más profundas. Los tradicionales bastiones del poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), se encuentran ahora inmersos en una tormenta política, debilitados tanto en su estructura institucional como en su conexión con la sociedad. Para recuperar su relevancia y credibilidad, necesitan más que simples acusaciones de fraude y ataques al Instituto Nacional Electoral, otrora considerado baluarte de la resistencia democrática frente a lo que la oposición denomina “el autoritarismo” de AMLO.