Junto a la denominada Ley de Bases se está discutiendo en el Congreso un paquete de medidas enviado por el Ejecutivo y que incluye un proyecto de facilidades para la regularización de las deudas de origen tributario, aduanero o de seguridad social al 31-3-24, hasta en 60 cuotas y con una tasa de interés a fijar, la eliminación de la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes, teniendo la edad, no completaban los 30 años de aportes, el impuestos a las ganancias a los altos sueldos (altos ingresos) y un blanqueo de capitales, al que nos referimos en esta nota.

Respecto a la moratoria jubilatoria, cabe señalar que en nuestro país, aproximadamente el 50% de los trabajadores varones (incluyendo los que están en relación de dependencia y los monotributistas) y el 80% de las mujeres requieren de la moratoria para jubilarse (460.000 jubilaciones en el año 2023). En particular es grave la situación de entre el 30% y 40% de los trabajadores en relación de dependencia, a quienes la patronal niega derechos y no hace aportes legales por su trabajo; en este conjunto de proyectos elevados por el gobierno de “La Libertad Avanza” se propone que el estado premie a esa patronal con facilidades de pago y blanqueos y castigue al viejo trabajador negándole la jubilación. Y también el no reconocimiento al trabajo de las mujeres en el hogar y en la crianza de los hijos. En lugar de la jubilación se propone la PUAM, Prestación Universal al Adulto Mayor, al cumplir 65 años de edad y equivalente al 80% de la jubilación mínima, y con una serie de limitaciones que la diferencian de la auténtica jubilación.

Pero vamos a nuestro tema, el del blanqueo. En este caso se propone regularizar la tenencia de bienes (dinero en efectivo, inmuebles, acciones, títulos y valores, créditos y derechos de bienes intangibles en el país o en el extranjero, incluyendo cripto-monedas) existentes al 31-12-23. La novedad es que se valúan en dólares (los pesos se convierten según la cotización del dólar MEP) y los pagos se deben hacer en esa moneda.

Según el texto propuesto, hasta 100.000 dls. el blanqueo es sin costo. Si excede esa cifra, los pagos se hacen sobre el excedente de 100.000. Los fondos deben estar depositados antes del 20-9-24 en una cuenta especial para Regularizar de Activos y, para entrar en la categoría de costo “0”, deben permanecer en esa cuenta hasta el 31-12-25 (si los retiraran antes se les descontaría el 5%).

La ley prevé tres etapas para la adhesión y presentación de la declaración jurada:

ETAPA 1: Adhesión hasta el 30-9-24 y declaración jurada hasta el 30-11-24 (Costo 5%)

ETAPA 2: Adhesión hasta el 31-12-24 y declaración jurada hasta el 31-1-25 (costo 10%)

ETAPA 3: Adhesión hasta el 31-3-25 y declaración jurada hasta el 30-4-25 (costo 15%).

El proyecto permite regularizar inmuebles a nombre de otros (testaferros), bajo la condición e hacer la transferencia de los bienes en los dos años siguientes.

El blanqueo libera de los impuestos omitidos (Bienes personales, Ganancia, IVA, Impuestos internos, etc.) y de todas las acciones civiles o penales originadas en incumplimientos tributarios.

El proyecto actual impide la presentación de quienes hayan sido altos funcionarios y sus familiares hasta 5 años antes. Como alguien lo observó en la cámara, permite participar a quienes fueron funcionarios durante el gobierno pudieron entrar en el anterior que está, según dijeron, hecho a medida de los amigos de Federico Sturzenegger, que redactó el proyecto. Tampoco pueden participar los bienes radicados en los llamados “paraísos fiscales”.

En nuestro país hubo muchísimos blanqueos, casi todos estableciendo “que se hacía por esta última vez”.

Hubo blanqueo con mucho éxito en 1962 y, tomando solamente los gobiernos desde la democracia reinstalada en 1983, hubo con Alfonsín (1987), con Menem (1992), a pedido de Cavallo antes de iniciar la experiencia de la “convertibilidad”, en 2008 con Cristina de Kirchner, que se repitió en 2013 para tratar que dinero en moneda extranjera se convirtiera en cédulas hipotecarias, pero que fracasó, y en 2016 con Macri. Con el listado anterior se puede ver que con el único presidente que cumplió su ciclo de gobierno y que no realizó blanqueos fue Néstor Kirchner.

En estos blanqueos de capital el objetivo fue recaudar dinero y la incorporación al régimen impositivo posterior de los bienes omitidos, muchas veces exigiendo la repatriación de los radicados en el exterior. El blanqueo propuesto ahora, en cambio, tiene como finalidad principal el hacerse de dólares, el recurso escaso una vez fracasadas las gestiones para un nuevo préstamo de FMI y la ausencia de inversiones genuinas.

La reiteración de blanqueo de capitales en forma más o menos periódica intensificaría el accionar de individuos con la mentalidad de Gary Becker (a quien dieron el premio Nobel de Economía en 1992 por extrapolar la ecuación costos-beneficios a todas las actividades humanas) aplicado al cumplimiento de las actividades tributarias: en este caso los beneficios serían los montos de impuesto omitidos (IVA, Internos, Ingresos brutos, ganancias, bienes personales por los bienes adquiridos con esos fondos, etc.) y los costos serían un 5% ó 10% (según el blanqueo) de los bienes adquiridos en el tiempo que media entre un blanqueo y el siguiente, más el riesgo (con su costo) si lo descubren, riesgo que en nuestro país no parece en nada alto especialmente para las grandes fortunas.

Es decir, el sistema de blanqueos de capital fomenta la conducta delictiva frente a las obligaciones tributarias. Es éticamente censurable.

“Lavado de dinero” es la denominación que se da a la incorporación al circuito legal del dinero proveniente de actividades ilegales, sean éstas el narcotráfico, trata de blancas, contrabando, abigeato, juego ilegal u omisión tributaria. Es unánimemente considerada altamente inmoral.

El “blanqueo de capitales” es, básicamente, un lavado de dinero con bendición estatal. ¿Por qué calificarla éticamente con distinto criterio?