Apenas asumió como presidente de la Nación el pasado 10 de diciembre, Javier Milei perpetró medidas inmediatas que dejaron a la vista, de entrada nomás, su decisión de gobernar mediante decretazos antidemocráticos y también a través de otras disposiciones del Poder Ejecutivo y del Banco Central.

Así, en la primera semana de gestión ordenó devaluar un 118 % la moneda argentina -o su contracara, que es el aumento del dólar estadounidense como principal moneda de referencia mundial-, y con ello generó un brutal aumento de precios que agravó de manera vertiginosa la alta inflación con la cual había finalizado el gobierno anterior.

(El Índice de Precios al Consumidor, IPC, subió 12,8 % en noviembre, que fue el último mes de gestión de Alberto Fernández. En diciembre, o sea el mes del recambio presidencial, fue el doble y trepó al 25,5 %. En enero se incrementó el 20,6 %, en febrero 13,2 %, y el porcentaje de marzo aún no se dio a conocer. En el sitio de información Chequeado, que se especializa en verificación del discurso público, se pueden encontrar todos los detalles hasta el último porcentaje oficial difundido. Posteo del 12/03/24).

Diez días después de hacerse cargo de su función, Milei anunció el muy mencionado “DNU” (que es el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023). Con esa decisión unipersonal y de contenido dictatorial, derogó de facto 80 leyes y modificó otras 300.

Para despejar todo obstáculo al libertinaje capitalista habitual cuando no existen intervenciones del Estado, entre otras decenas de leyes eliminó las de Alquileres, de Abastecimiento, de Góndolas, de Compre Nacional y de Promoción Industrial. También derogó con ese solo golpe jurídico las restricciones que tenían las empresas de medicina prepaga para incrementar el valor de sus cuotas, lo mismo para los laboratorios que imponen el precio de los medicamentos, e igualmente para las firmas que venden servicios de internet y telefonía celular. (Crónica del diario Página 12, nota del 21/12/2023). 

En ese decretazo está la clave de la devastación económico-social que sufren hoy la inmensa mayoría de las familias argentinas. Para que tal disposición presidencial dejara de regir, tendría que ser rechazada por las dos Cámaras del Congreso Nacional. Hasta el momento solo lo hizo el Senado -y recién tres meses después de que fuera dictada-, mientras que en Diputados su tratamiento está “cajoneado” debido a que solo se oponen firmemente los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos/as otros/as legisladores/as con escasa representación numérica, pero entre todos/as no alcanzan a formar una mayoría suficiente para votar en contra.

Aparte de la descomunal devaluación del peso argentino y del DNU Nº 70, la tercera pieza fundamental del gobierno para desplegar su plan de demolición del país fue el proyecto conocido como “ley Ómnibus”. O “ley Bases” (como abreviatura del nombre oficial completo “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”).

Esa propuesta legislativa resultó derrotada en la Cámara de Diputados. Al no contar con los votos necesarios para aprobarla, el oficialismo propuso -en plena sesión plenaria del cuerpo- que vuelva a ser tratada en comisión. De esa manera, el proyecto quedó desactivado.

Pocos días después del rechazo a la “ley Ómnibus”, Milei anunció el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa su pretensión de dar forma a un acuerdo político y económico que sería firmado el 25 de mayo de este año, y que denominó “Pacto de Mayo”.

Si dicho acuerdo se alcanzara, sería la llave maestra de una consolidación política que le permitiría continuar imponiendo decisiones de máxima perversión y crueldad.

“Capitalismo de libre empresa”

El gobierno de Milei es la cabeza institucional de un régimen de extrema derecha, con el significado que tiene hoy ese tipo de estructuración político-social en América Latina.

Se trata de una articulación entre los poderes públicos y las corporaciones privadas, para llevar a los hechos un modelo de sociedad donde la mayoría de la población esté sometida -hasta niveles alevosos- bajo los intereses de las clases capitalistas dominantes y las estrategias imperiales de Estados Unidos.

Las actuales ultraderechas del subcontinente representan por un lado el autoritarismo y la violencia de los procedimientos. De allí deviene la decisión “mileísta” -iniciada en su momento por Mauricio Macri-, aplaudida por las élites empresariales y con la complicidad de las corporaciones judiciales y mediáticas, de gobernar por decreto y con otros métodos autocráticos.

Esa estrategia incluye la extorsión a las provincias para que sus senadores/as y diputados/as le otorguen las mayorías que su partido La Libertad Avanza no posee por sí solo en el Congreso Nacional, así como el despido a mansalva de trabajadores/as públicos/as en una magnitud y brutalidad que ni siquiera la dictadura genocida, ni tampoco el menemismo o el macrismo -dentro de los gobiernos anti-populares surgidos del voto ciudadano- perpetraron con semejante velocidad y agresividad.

Pero fundamentalmente, las ultraderechas latinoamericanas pretenden alcanzar fines clasistas perfectamente definidos. Aspiran a modificar de forma violenta el reparto de la riqueza socialmente producida, con el propósito de que los propietarios de grandes volúmenes de capital aumenten su rentabilidad y poderío, en forma inversamente proporcional a lo que pierden las clases bajas y medias de la población.

Milei denomina a ese modelo de sociedad como “capitalismo de libre empresa”, y considera que “la justicia social” es “intrínsecamente injusta”. (Estos conceptos formaron parte de su alocución a mediados de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, el cual se realiza anualmente en la lujosa localidad suiza que lleva ese nombre, donde se reúnen los jerarcas políticos y empresariales más poderosos del planeta. Puede accederse a una síntesis del discurso en el sitio web de CNN-Radio de Argentina, nota del 17/01/24). 

En función de esos objetivos que el jefe del Estado proclama, en las últimas semanas y en los días que corren el oficialismo mantiene negociaciones que podrían conducirlo a obtener la fortaleza institucional que aún no consiguió.

Para ello necesita el apoyo en el Congreso de aliados, que el periodismo denomina “oposición amigable” pero que en realidad no son opositores sino, precisamente, potenciales aliados. El hecho de que tales alianzas sean inestables, o que pasen por instancias de desacuerdos recíprocos -como fue la votación en contra del DNU Nº 70 en la Cámara de Diputados-, no desmiente las posibles coincidencias esenciales.

En el Senado y en Diputados

A fin de llegar en el corto o mediano plazo al objetivo final de que Argentina quede sometida a un “capitalismo de libre empresa”, la estructura conformada por Milei y los poderes corporativos locales y extranjeros necesita un respaldo parlamentario del que todavía carece.

Por lo tanto el gobierno debería negociar acuerdos hasta conformar lo que podría denominarse “la alianza U + D”, es decir la ultraderecha sumada a las derechas más ideologizadas, y asimismo a las derechas funcionales de diferentes aliados tácticos que decidan formar parte.

Esa fuerza legislativa le daría sustento al esquema de poder basado en el actual gobierno, los principales conglomerados empresariales, la fracción judicial hegemónica y las cadenas mediáticas más influyentes en la opinión pública, todo sostenido por factores internacionales como Estados Unidos, Israel, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los fondos buitre, entre otros.

Traducido en números parlamentarios: a partir de los bloques ínfimos que posee La Libertad Avanza en las cámaras del Congreso -apenas 7 (siete) senadores/as sobre 72 que componen el cuerpo, y solo 41 diputados/as (entre ellos/as la neuquina Nadia Márquez y la rionegrina Lorena Villaverde) del total de 257-, el oficialismo podría formar mayoría si obtiene apoyo del Pro (bloque al cual pertenecen por ejemplo los rionegrinos Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi), la Unión Cívica Radical (bancada que incluye al neuquino Pablo Cervi), el peronismo antikirchnerista, los partidos provincialistas, y otros sectores de escasa significación numérica pero cuyos votos pueden resultar definitorios.

Entre los legisladores/as que representan a fuerzas políticas existentes en sola una provincia, se cuentan Comunidad Neuquén (senadora Lucila Crexell, única representante y aliada del gobernador Rolando Figueroa); Movimiento Popular Neuquino (diputado Osvaldo Llancafilo, único representante); Juntos Somos Río Negro (senadora Mónica Silva y diputado Agustín Domingo, única/o dos representantes); bloque Por Santa Cruz (aliados al gobernador Claudio Vidal) y el Frente Renovador de la Concordia (oficialismo de Misiones, cuyo gobernador es Hugo Passalacqua)

En la Cámara baja, resultan determinantes como aliados potenciales de Milei los bloques Hacemos Coalición Federal (HCF, un variopinto grupo comandado por el peronista antikirchnerista Miguel Pichetto y compuesto además por los ex macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot, representantes del justicialismo cordobés, otros/as que tienen como referente a Elisa Carrió, miembros del Partido Socialista de Santa Fe, y dirigentes sin partido como Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer). (En la página de Internet de esa rama del Parlamento, se accede a más datos sobre la composición del cuerpo y sus respectivas bancadas. Ver información de Diputados). 

Respecto del Senado, son fundamentales varios/as legisladores/as propensos/as a aliarse con las derechas. Muchos/as de ellos/as provienen del peronismo. Es el caso del bloque Cambio Federal (comandado por el justicialista conservador Juan Carlos Romero, de Salta) y también Unidad Federal (que encabeza el peronista correntino Carlos “Camau” Espínola). (Más detalles, en la página web oficial de la Cámara alta. Ver información del Senado). 

Para consumar sus objetivos el gobierno mantiene negociaciones con sectores parlamentarios, gobiernos provinciales y gremialistas de la CGT, entre otras autoridades públicas y sectores representativos. También con las más poderosas cámaras empresariales, pero con estas ya existe una natural afinidad ideológica y de intereses.

En medio del sufrimiento creciente de las clases populares, y a pesar de una resistencia que expresa a grupos muy amplios del pueblo argentino, el régimen extremista gobernante trata de afianzarse y fortalecerse.

Para conseguirlo, necesita la imprescindible complicidad de dirigencias políticas y sectoriales diversas, que nunca se consideran a sí mismas como “de derecha” sino que se auto-definen como “moderados”, “republicanos”, “dialoguistas”, “oposición responsable”, o bien “defensores del federalismo” y de “los intereses de la provincia” (de la provincia que estén gobernando).