A partir de ahora, por las próximas semanas y meses -y nadie sabe hasta cuándo- las dirigencias políticas y corporativas estarán ocupadas en discutir acerca del llamado “Pacto Fundacional” que Javier Milei anunció en su discurso del reciente 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, y acerca del cual dijo que convocaba a gobernadores, legisladores y partidos políticos para firmarlo en Córdoba el próximo 25 de mayo con el nombre de “Pacto de Mayo”.

Con esa maniobra el actual presidente de la Nación destrabó el pantano en la que había quedado luego de fracasar en su intentona por sancionar la llamada “ley ómnibus” (o “ley Bases”, como abreviatura del pomposo nombre oficial “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”).

El asunto tendrá entretenidos/as a los/las representantes públicos que ejercen responsabilidades en el gobierno nacional, en el Congreso y en las diferentes provincias. La negociación planteada tiene como objetivo recomponer la alianza de la ultraderecha -encabezada por Milei- con las distintas variantes de la derecha y demás aliados potenciales -el Pro, la Unión Cívica Radical, los partidos provinciales y distintas variantes del peronismo antikircnherista- que están dispuestos a convalidar el saqueo de la Nación. Hasta ahora dicha alianza no logró consolidarse por desacuerdos en el Congreso y en el reparto de fondos a los Estados provinciales.

Los puntos de discordia entre esos espacios puedan llegar a encaminarse. Si así ocurriera, las mayorías sociales continuarán sufriendo las calamidades que diariamente perturban la vida de las familias, pero al mismo tiempo el gobierno y los sectores que lo apañan por afinidades ideológicas, intereses similares o conveniencias tácticas se encargarán de intentar que haya una cierta estabilidad política en las instituciones del Estado.

DNU “escondido” y vigente

Mientras ahora el novedoso “pacto” inventado por el presidente distrae la atención de las dirigencias y la opinión pública, desde las primeras semanas del actual gobierno Argentina convive con los efectos catastróficos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, es decir el “famoso” DNU que inauguró el método antidemocrático con el cual se maneja el régimen de ultraderecha.

En un hecho jamás ocurrido en nuestro país ni siquiera bajo una dictadura, Milei derogó o modificó de un plumazo más de 300 leyes. Durante su anuncio el 20 de diciembre, o sea diez días después de haber asumido, mencionó 30 de esas normas legales (Información de Página 12, nota del 21/12/2023), que fueron aniquiladas mediante la violación de todas las reglas del Estado de Derecho y con la complicidad de las corporaciones empresariales, mediáticas y judiciales que sostienen al gobierno más allá de disputas internas y discrepancias.

El feroz acto dictatorial, al que nunca se había animado un jefe del Estado elegido por el voto ciudadano -ni siquiera Macri, que se caracterizó por derogar leyes de la Nación mediante decretos-, actualmente está “escondido”, como si no existiera. El firme rechazo de Unión por la Patria y la izquierda han sido insuficientes hasta ahora para derogarlo, incluso cuando también aliados del gobierno (sectores del radicalismo, del peronismo antikirchnerista y fuerzas provincialistas) solicitaron asimismo su tratamiento en el Congreso.

Por lo tanto dicho DNU sigue vigente en casi todo su contenido, excepto cláusulas referidas a reformas en la legislación laboral que fueron suspendidas a principios de enero por la Cámara Nacional del Trabajo al resolver un planteo de la CGT. (Crónica de Infobae, nota del 04/01/24). 

Simultáneamente, en su discurso de este viernes (01/03) ante la Asamblea Legislativa, Milei comunicó futuros proyectos de ley que denominó “anti-casta” y que también servirán a los fines de entretener a la opinión pública con golpes de efecto, y por esa vía tratar de conservar respaldo social para sostenerse en el poder.

Algunos son insignificantes desde el punto de vista económico pero serán muy aplaudidos por gran parte de la población que se creyó el cuento de “la casta”. Por ejemplo, “eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice”, “reducción drástica de la cantidad de contratos para senadores y diputados”, o “descuento de la jornada de sueldo de los empleados públicos que no vayan a trabajar por motivo de un paro”.

Otro de los proyectos anunciados agravará, para las próximas generaciones, la persecución política y proscripción de dirigentes democráticos y populares mediante simulacros de juicios “por corrupción”, como ya hicieron con Cristina Kirchner, Amado Boudou y Julio De Vido, entre otros/as. “Los políticos condenados por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones”, adelantó Milei.

Con cláusulas de ese tipo, aplicadas por jueces y fiscales corrompidos y antidemocráticos, se podrá seguir eliminando de la actividad política y de eventuales liderazgos a dirigentes que molesten a los intereses de las oligarquías y las corporaciones, y a la geopolítica estadounidense.

Pero además, la amenaza más alevosa contra las posibilidades de que haya organizaciones políticas que representen a los intereses de la Nación y del pueblo, está anticipada en la “eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, que deberán financiarse con aportes voluntarios o de los afiliados”.

Ese golpe de efecto, también destinado a suscitar aprobaciones en un sentido común engañado, manipulado, mal-informado y por todo ello derechizado y reaccionario, significa que solo tendría dinero para financiarse aquel sector que consiga plata de propietarios ultra-millonarios, grandes empresas, bancos, capitales extranjeros, “agencias de cooperación” o “fundaciones” por ejemplo de Estados Unidos, y/o bandas del narcotráfico u otras organizaciones criminales.

(Un compendio de los proyectos anticipados por Milei constan en un artículo que publicó el viernes Página 12. Nota del 01/03/24). 

Para celebrar, y lo contrario

De cierta forma, en el discurso presidencial ante el Congreso hay motivos para celebrar: por ahora el jefe del régimen no confirmó las medidas más destructivas que tendrían carácter irreversible al menos por varias décadas. Por ejemplo, no dijo nada de adoptar el dólar como moneda, lo cual haría perder -quizás para siempre- una herramienta indispensable para que un país se considere como tal, y convertiría a Argentina en una provincia monetaria de Estados Unidos.

Tampoco confirmó el asalto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), o sea el fondo anticíclico para garantizar el pago a las futuras generaciones de jubilados/as que hoy son trabajadores/as activos.

En similar sentido, no mencionó la privatización de YPF, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación, entre otros bienes y empresas públicas que están bajo amenaza de depredación por parte del actual gobierno y por los cuales presionan los fondos buitres y otras mafias económicas trasnacionales.

Pero en sentido contrario, Milei reafirmó sus planes de saquear dineros que pertenecen a toda la Nación para entregárselos a mafias financieras. El más grave de todos -indicado como el “punto 8” de los llamados “principios” para el aludido “Pacto de Mayo”- es la destrucción y privatización del sistema público jubilatorio (de la seguridad social, en realidad).

Lo dijo con palabras marketineras, como hábil estrategia retórica destinada a estafar la buena fe y desconocimiento de gran parte de la sociedad: “Una reforma previsional que la dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron, y permita, a quienes lo prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.

Un asunto más que sería arrasador para los intereses del país -anunciado en el “punto 10” del referido acuerdo que quiere firmar en el Día de la Patria-, es la maniobra para habilitar la invasión sin límite de productos importados, con el consecuente cierre de fábricas, despidos de trabajadores/as y destrucción del aparato productivo.

El engañoso discurso presidencial lo expresó así: “La apertura el comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global”.

(En el portal Ámbito puede accederse a los “10 principios” del pacto anunciado. Nota del 01/03/24).

Cartas jugadas

Con su alocución del 1 de marzo, el primer presidente de extrema derecha elegido por una mayoría electoral en toda la historia nacional retomó la iniciativa y se volvió a posicionar en base a un conjunto de mentiras y falsedades -contra el Estado, contra el “populismo”, contra “los políticos”, contra “la casta”- instaladas por él mismo y por las cadenas mediáticas dominantes y los ejércitos de activistas en redes digitales, particularmente desde comienzos de la pandemia del Covid hace justo tres años.

Mientras Milei entretiene, avanza la devastación del país y del bienestar de las familias. El poder capitalista defendido fanáticamente por el actual gobierno, juega todas sus cartas para provocar cambios a su favor que después nadie pueda revertir. Por el momento una gran parte de la sociedad acompaña ese proceso, mientras otros sectores resisten de forma crecientemente veloz.

En cuanto a los espacios políticos y representaciones institucionales, Unión por la Patria -salvo excepciones- y diferentes expresiones de la izquierda se mantienen firmes en la oposición. En cambio, las dirigencias dispuestas a ser aliadas del oficialismo tienen ahora la oportunidad de formalizar su complicidad a través de un “pacto fundacional”.