En más de dos siglos de vida como país independiente, Colombia tiene por primera vez un presidente al que, en sentido amplio y dentro del contexto nacional, puede considerarse “de izquierda”, o bien de centroizquierda o progresista. Se trata de Gustavo Petro, quien asumió hace un año, el 7 de agosto de 2022.

Pero hoy el jefe del Estado se encuentra bajo asedio judicial, y consecuentemente político, por un escándalo de corrupción que involucra a uno de sus hijos, Nicolás Petro Burgos. Este último, junto a su ex esposa Daysuris Vásquez, están imputados por delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.

En ese marco, y como parte de un arreglo con la Fiscalía General de la Nación para quedar en libertad, el hijo del presidente se comprometió a demostrar que parte del dinero malhabido fue destinado a financiar la campaña electoral de su padre, quien lo ha desmentido rotundamente. (La plataforma periodística France-24 publicó días atrás una reseña de los sucesos. Nota del 04/08/23). 

El caso del mandatario colombiano, con sus particularidades, revela una vez más las múltiples formas con que las oligarquías locales y los intereses imperiales de Estados Unidos hacen funcionar sus maquinarias antidemocráticas para sacar de juego a líderes populares en América Latina.

Con diferentes procedimientos pero iguales objetivos, distintos ex presidentes que gobernaron en las dos primeras décadas de la centuria han sido eliminados de la competencia electoral y de sus posibilidades de ejercer el poder. Algunos/as lograron finalizar su mandato y otros/as fueron derrocados por decisión de poderes corrompidos, ya sea parlamentarios y/o judiciales, que responden a las clases sociales privilegiadas y a la geopolítica estadounidense.

Los ejemplos más visibles son los de Cristina Kirchner, quien a fines de 2022 fue proscripta a través de un fallo judicial, y el ecuatoriano Rafael Correa, que llegó a finalizar su presidencia pero luego, hostigado penalmente mediante numerosas acusaciones inventadas en su contra, tuvo que exiliarse en Bélgica (país donde estudió cuando era joven y del cual es oriunda su esposa), donde permanece desde 2017.

Menos notorios pero como resultado de similares persecuciones está el caso del paraguayo Fernando Lugo, derrocado en 2012 por un golpe parlamentario que impidió hasta hoy el retorno al poder de una fuerza progresista y, por el contrario, restituyó en el gobierno al tradicional Partido Colorado; y también el caso del peruano Pedro Castillo, destituido y encarcelado en diciembre pasado sin llegar a cumplir ni un año y medio de los cinco que le correspondían constitucionalmente.

Hace casi una década y media, en 2009, el primero que sufrió las nuevas formas de golpismo fue el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, destituido mediante un golpe parlamentario avalado por la Corte Suprema de Justicia. Fue expulsado del país, regresó clandestinamente y se refugió en la embajada de Brasil, y después tuvo que exiliarse durante dos años.

Brasil, una excepción

Cada situación tiene sus particularidades. No obstante, en todas se repite la constante de dirigentes que obtienen triunfos electorales y ejercen su mandato en representación de sectores de la sociedad históricamente excluidos, y que debido a esas características son objeto de estrategias destituyentes para echarlos del gobierno de sus respectivas naciones y/o impedir su retorno al poder.

La única excepción -parcial- a la regla, es el brasileño Lula Da Silva. Durante muchos años, tanto su propia figura como el partido político que él fundara en 1979 y del cual es líder (el Partido de los Trabajadores, PT) fue atacado por las cadenas mediáticas de derecha y perseguido por un aparato judicial desestabilizador. De esa manera en 2016 se llegó al derrocamiento parlamentario de la presidenta Dilma Rousseff, y en 2017 al fallo judicial que hizo meter preso a Lula y le prohibió postularse a cargos públicos.

El plan derivó en que las elecciones presidenciales de 2018 se desarrollaran en condiciones fraudulentas y así pudiera ganar Jair Bolsonaro. Pero durante su gobierno, el mandatario ultraderechista se ganó enemigos dentro del mismo bloque de poder que lo había impulsado hasta ese cargo, y las relaciones de fuerza se modificaron fuertemente.

Sectores de la judicatura, de las corporaciones mediáticas y de los partidos y dirigencias que habían participado del golpe de 2016, rompieron su alianza con el bolsonarismo. Esa situación fue favorable para que, finalmente -y gracias a su coraje y determinación, y a una estrategia electoral que buscó los más amplios apoyos políticos- en 2022 Lula pudiera ser elegido presidente otra vez.

Durante la persecución contra Lula, en abril de 2018 el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, por seis votos a favor contra cinco (6 contra 5) confirmó la sentencia que condenaba a 12 años de cárcel al entonces ex presidente. (Artículo del portal argentino Infobae, nota del 04/04/2028). El popular dirigente quedó detenido a las 48 horas y estuvo prisionero durante 19 meses. En diciembre de 2019 fue liberado provisionalmente hasta que se agotaran todas las instancias de apelación.

Y tres años después de que el STF lo mandara a la cárcel, el mismo órgano judicial -en abril de 2021- anuló su propio fallo anterior y le restituyó los derechos políticos, es decir que lo dejó en condiciones de ser candidato presidencial nuevamente. Esa vez la decisión tuvo el voto afirmativo de ocho jueces y tres se pronunciaron por la negativa (8 contra 3). (Información, también, del mismo Infobae. Nota del 15/04/2021). 

Posteriormente el líder progresista llevó adelante una audaz y enérgica reconstrucción de su capital político, y se postuló a presidente en 2022. Para enfrentar a la ultraderecha conformó una amplia coalición, incluyendo a sectores políticos, empresariales y mediáticos conservadores, que son parte de una derecha adaptada a las nuevas condiciones. Al cabo de todo el proceso pudo ganarle a Bolsonaro, aunque el voto ciudadano estuvo repartido casi por mitades y Lula venció en segunda vuelta por una diferencia mínima: 50,85 % de los sufragios contra 49,15 %. (Resumen de CNN en Español, posteo del 30/10/2022). 

Éxitos del golpismo

Exceptuado el caso brasileño -aunque de todos modos también allí los intereses nacionales y los derechos del pueblo sufrieron un tremendo retroceso-, en las demás naciones la estrategia antidemocrática de sacar del juego político a las/los líderes populares ha sido exitosa para los sectores dominantes locales y los planes de dominación de Estados Unidos.

En nuestro país, Cristina Kirchner estuvo impedida de postularse como candidata a presidenta -o a cualquier otro cargo público- en los comicios de este año.

Lo mismo ocurre en Ecuador con Rafael Correa, quien no pudo presentarse para las inminentes elecciones presidenciales (el próximo domingo, 20 de agosto), como ya había sucedido en la votación de 2021. La fuerza política que él fundó, el movimiento Revolución Ciudadana, estará representada esta vez por la candidatura de Luisa González, actual asambleísta (o sea integrante de la Asamblea Nacional, el parlamento).

En Paraguay, el destituido Fernando Lugo nunca más pudo aspirar a la presidencia del país porque la Constitución no permite la reelección en ningún caso. Luego de su derrocamiento solamente se pudo postular como senador nacional y accedió al cargo, e incluso fue titular de la Cámara.

El peruano Pedro Castillo está preso desde que fue desalojado del poder el 7 de diciembre de 2022, mediante un golpe perpetrado por el corrompido y fragmentado Congreso nacional con mayoría de la derecha y la ultraderecha, junto con las fuerzas armadas y policiales.

Castillo no alcanzó, ni de lejos, la condición de líder popular en cuanto a su dimensión histórica, sino que apenas gobernó algo más de 16 meses y en condiciones de extrema debilidad política. Sin embargo, por su origen humilde y campesino, por su trayectoria anterior como dirigente gremial docente y por el perfil ideológico que expresaba en el momento de su ajustadísima elección -cuando le ganó el balotaje a la ultraderechista Keiko Fujimori por menos de medio punto porcentual-, su gobierno constituía un cuestionamiento a los poderes de facto, tanto de Perú como internacionales.

En Honduras, los gobiernos posteriores al golpe contra Manuel Zelaya provocaron en el país mayores niveles de estancamiento económico y desigualdad social, y expandieron el narcotráfico y la violencia delictiva de bandas criminales y del propio Estado. El daño enorme contra la mayoría de la población está tratando de ser reparado por la actual presidenta progresista y feminista Xiomara Castro, esposa de Zelaya, quien ganó las elecciones a fines de 2021 y asumió en enero de 2022.

El nuevo foco golpista

En cuanto a la actual situación en Colombia, desatado el escándalo que involucra a su hijo Nicolás Petro Burgos, el presidente Gustavo Petro dijo que “es muy terrible y lamentable” la situación familiar que vive y destacó que “como presidente no presionaré” al Poder Judicial sino que, por el contrario, respetará sus decisiones.

También, en un texto publicado en su cuenta de Twitter, aclaró que para el financiamiento de su campaña electoral no recibió “dinero alguno de carácter ilícito, y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses, cuando pedí que investigaran a mi hijo”. (Crónica de Página 12, nota del 05/08/23). 

La situación es aprovechada por la derecha y la ultraderecha de Colombia, que puso en marcha un plan para exigir el juicio político y la renuncia del jefe del Estado, y convocó a manifestaciones destinadas a conseguir ese objetivo. (Información de NTN-24, una de las emisoras televisivas que representan a la oposición y agitan a la opinión pública en contra del gobierno. Nota del 04/08/23). 

A nivel internacional, Petro recibió el apoyo del Grupo de Puebla (un foro que lleva ese nombre porque se fundó en una reunión realizada en 2019 en la ciudad mexicana del mismo nombre), integrado entre otros/as por José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno de España; y por los ex mandatarios Ernesto Samper (precisamente de Colombia) y Rafael Correa (de Ecuador), junto con muchos/as más dirigentes progresistas de numerosos países.

Dicho foro manifestó “su más profundo rechazo a los intentos de desestabilizar al gobierno de Colombia”. Advirtió contra “la postura de sectores reaccionarios” de América Latina, “que haciendo uso indebido de informaciones falsas, engañosas e imprecisas sobre el proceso judicial que investiga a uno de los hijos del actual presidente colombiano por posible financiación irregular de su campaña, anuncian y legitiman escenarios de ruptura democrática que solo caben en sus mentes autocráticas”.

Asimismo, tras denunciar la “parcialidad” de la Fiscalía General de la Nación colombiana, pidió que “la comunidad internacional” y “todas las personas demócratas y de buena voluntad (…) alcen su voz en defensa de la honorabilidad del presidente Gustavo Petro, y que exijan” a la mencionada Fiscalía “que cese en su clara actitud de injerencia política para desgastar al actual gobierno y a la presidencia de Petro”. (El documento completo puede leerse en la página web oficial del Grupo de Puebla. Declaración del 10/08/23). 

El golpismo perpetrado por estructuras judiciales antidemocráticas, con respaldo de poderes económicos, cadenas mediáticas y sectores políticos pro-estadounidenses, en los últimos años ha conseguido sus propósitos en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Honduras. (Más allá de la recuperación de Lula y otras particularidades señaladas en este mismo artículo).

Hoy, el nuevo foco de desestabilización contra un gobierno que molesta a los intereses oligárquicos e imperiales, está puesto en Colombia.