El programa “Marca de radio”, que conduce Eduardo Aliverti y tiene una antigüedad de 33 años (con varias temporadas en una emisora de la capital federal y luego en otra), fue el primero que empezó a llevar la cuenta y a informar públicamente cuántos días llevaba -y lleva- Milagro Sala como presa política.

Luego, distintos medios de comunicación que integran el llamado “Grupo Octubre”, entre ellos el diario Página 12 y la radio AM-750, también incorporaron esa práctica. Y le agregaron, como expresión de dos injusticias brutalmente antagónicas, el tiempo que se mantiene prófugo de una citación judicial el dirigente macrista Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, quien bajo las órdenes del entonces presidente Mauricio Macri dirigía un grupo clandestino de funcionarios dedicado a planificar y ejecutar el invento de acusaciones, amenazas de persecución penal y encarcelamiento de dirigentes y/o militantes que aquel gobierno quería hacer escarmentar. Dicho grupo delictivo fue conocido en los ambientes políticos como “mesa judicial”.

Los mencionados aportes periodísticos a la construcción de la memoria colectiva, permiten recordar que hasta este domingo (6 de agosto de 2023) Milagro Sala permanece como prisionera desde hace 2.759 días. Cuanto la metieron presa hacía poco más de un mes que Gerardo Morales había asumido como gobernador de Jujuy y Macri como presidente de la Nación.

La luchadora popular y líder de la organización Túpac Amaru fue arrestada el 16 de enero de 2016, en un operativo dirigido por el entonces ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, quien años después sería ascendido por Morales nada menos que al cargo de juez -vitalicio- del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Desde aquella época, o sea desde hace más de siete años y medio, en Jujuy existe un enclave dictatorial caracterizado por la violación de las libertades democráticas, de las garantías constitucionales y del Estado de Derecho en general.

Una mayoría electoral ha convalidado reiteradamente al régimen que encabeza el gobernador, quien en 2019 consiguió su reelección para esa función y este año también obtuvo una rotunda victoria, si bien la Constitución provincial le impedía presentarse otra vez al cargo y entonces postuló para reemplazarlo a su ministro de Economía, Carlos Sadir.

En los comicios del 7 de mayo pasado, con el apoyo del mandamás jujeño Sadir ganó con casi el 50 % de los votos (exactamente el 49,51 %). Ese mismo día, aunque el dato parecía no tener mayor significación, también fueron elegidos con similares porcentajes los miembros de la Convención Constituyente que tenía la misión de redactar modificaciones a la Constitución de Jujuy. (Crónica del diario La Nación, nota del 08/05/23). 

Víctimas atacadas, silencios mediáticos

En la madrugada del pasado 20 de junio, tanto los convencionales de Cambia Jujuy (nombre que adoptó Juntos por el Cambio en la provincia) como los del peronismo jujeño, aprobaron la reforma constitucional por unanimidad. Los únicos que no participaron fueron los representantes de la izquierda, quienes habían renunciado a sus cargos en la Convención.

La nueva Constitución fue sancionada a puertas cerradas y de manera sorpresiva. En el momento de la votación, en plena noche, afuera del recinto de deliberaciones se realizaba una manifestación contraria a la reforma, como continuidad de protestas populares que habían comenzado unos días antes. (Información de Página 12, nota del 20/06/23). 

A partir de aquel momento, Morales agravó hasta niveles extremos el sistema de terror implantado desde el inicio de su gestión. De inmediato, la totalidad de la conducción de Juntos por el Cambio (JxC) al jerarca jujeño, y Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como precandidato a vicepresidente de la República.

Las noticias de las protestas y la represión empezaron a trascender las fronteras provinciales, y ciertos medios de comunicación porteños que invaden todo el país suministraron información sobre lo que ocurría.

No obstante, poco después las cadenas mediáticas de derecha impusieron su poderío -como es habitual- para que el tema fuera ocultado a la opinión pública del país y quedara rápidamente afuera de la agenda pública central. La violencia estatal en Jujuy se convirtió así en un asunto sin relevancia para la política nacional.

Ni siquiera los principales medios de Buenos Aires afines al peronismo y/o al kirchnerismo lo mantuvieron entre sus prioridades periodísticas, y en cambio lo relegaron al plano de las noticias esporádicas o eventuales, a pesar de los sufrimientos que soportan quienes protestan y/o militan contra el régimen jujeño.

Como excepción, a mediados de julio el diario cooperativo Tiempo Argentino publicó en soledad -sin que ningún otro medio de la capital federal lo difundiera a nivel nacional, aunque algunos lo hicieron muchos días después-, el feroz ataque perpetrado contra Camila Muller, de 43 años, una docente, artista y militante política de Jujuy.

La mujer había sido vigilada, seguida y amenazada en la vía pública por delincuentes al servicio del régimen jujeño. Luego, una madrugada, tres agentes secretos/as (un varón y dos mujeres) del aparato terrorista de Morales entraron a su casa, le metieron un trapo sucio en la boca para que no pudiera gritar, abusaron de ella, y la asfixiaron varias veces oprimiendo su cuello con un cable hasta hacerle sentir en cada ocasión que se moría ahogada.

(El valiente y desgarrador testimonio brindado por la víctima fue transcripto por el mencionado diario Tiempo, nota del 14/07/23. Semanas después, cuando ella pudo sobreponerse y estuvo en condiciones de hacerlo, relató el martirio que sufrió a otros medios alternativos. Por ejemplo, El Destape le hizo un reportaje y publicó el testimonio en su canal de Youtube. Audio de entrevista radial). 

Gobierno, peronismo, kirchnerismo

El gobierno del presidente Alberto Fernández reaccionó frente al drama jujeño con la parsimonia y moderación que le son propias. Por su parte, el kirchnerismo y el conjunto del peronismo fueron indiferentes ante la criminalidad estatal que rige en una de las provincias de nuestra Patria, y ninguno/ninguna de sus principales referentes se pronunciaron sobre el tema. Tampoco lo hicieron sus bloques parlamentarios. En Neuquén, sí lo hicieron diputadas/os provinciales del bloque del Frente de Todos, quienes reclamaron la intervención federal en Jujuy.

De parte de las máximas autoridades nacionales, las únicas y mínimas acciones al respecto se cuentan con los dedos de una mano. Por un lado, existieron gestiones del Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Una de las primeras fue viajar a Jujuy en junio, incluso antes de que se votara la reforma constitucional pero cuando ya la represión era feroz. Allí se entrevistó con representantes de las comunidades originarias reprimidas y otras personas encarceladas por participar en cortes de ruta, además tramitó ante las fiscalías la liberación de las/los detenidas/os, y se entrevistó con Mijael Lian Lamas, el joven que perdió un ojo tras ser atacado por la Policía con balas de goma disparadas hacia el rostro. (Reporte de la agencia de noticias Télam, nota del 19/06/23). 

A su vez, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conducido por Martín Soria, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que “se declare la inconstitucionalidad” de los artículos sancionados por los/las constituyentes jujeños/as “que vulneran los derechos y garantías” de la Constitución argentina y de tratados internacionales. (Información oficial del gobierno de la Nación, posteo del 30/06/23). 

Por último, en su carácter de presidente del consejo nacional del Partido Justicialista, y tarde pero seguro, Alberto Fernández dispuso a mediados de julio la “intervención” de dicho partido en la provincia norteña. Fueron designados como interventores el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dirigente peronista bonaerense Gustavo Menéndez (intendente, en uso de licencia, del municipio de Merlo, distrito situado al oeste de la capital federal). (Artículo del portal Letra P, nota del 14/07/23). 

“Tiranía” y “terrorismo de Estado”

El gobierno de Jujuy y su corrompido aparato judicial, ambos articulados con el conjunto de la derecha y la ultraderecha nacional, han convertido a esa provincia en un enclave -es decir en un territorio que está dentro de uno mayor pero que tiene características diferenciadas- cuyos poderes estatales actúan de forma semejante a una dictadura.

Con mucha valentía y compromiso, y como parte de la resistencia popular, en la provincia existen medios de comunicación alternativos que se animan a informar y opinar más allá de las represalias y del terror imperante.

(Solo un ejemplo. A mediados de julio, a 47 años de la llamada “Noche del Apagón” que tuvo lugar bajo el régimen genocida, el portal Jujuy Dice publicó un editorial titulado “1976-2023: otra vez una tiranía persigue al pueblo para hacer negocios con sus recursos”. En el encabezamiento del texto se afirma que “la implementación de un gobierno tiránico por fuera del Estado de Derecho que pretende imponer Gerardo Morales se agrava, pero encuentra la resistencia de docentes, trabajadores, pueblos originarios y ciudadanos que se niegan a aceptar la quita de derechos”. Nota del 16/07/23). 

También ciertas/as referentes políticos/as jujeñas/os, con altos cargos institucionales y que participan como precandidatas/os para las inminentes elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (del domingo 13 de este mes), suelen denunciar la situación de su provincia pero con una resonancia mínima a nivel generalizado, dada la escasa reacción del gobierno de la Nación y de la dirigencia del Frente de Todos, actual Unión por la Patria.

Es el caso de las legisladoras Carolina Moisés y Leila Chaher, ambas diputadas nacionales en la actualidad, que en las PASO competirán entre sí -como cabeza de sus respectivas listas internas- por la candidatura a una banca en el Senado nacional. Semanas atrás, en declaraciones a Télam Radio, las dos coincidieron en advertir que en Jujuy existen “prácticas del terrorismo de Estado”. (Texto y audios, nota del 20/07/23). 

Desde los medios porteños que son alternativos a las cadenas dominantes y a los poderes oligárquicos, el programa radial de la periodista Cynthia García en la radio AM-750 es un baluarte donde se informa y opina habitualmente contra el sistema antidemocrático jujeño.

En ese espacio comunicacional, el jurista Raúl Zaffaroni (habitual columnista del programa) dijo días atrás lo mismo que las legisladores recién aludidas: “En Jujuy se practica el terrorismo de Estado”. Puso como ejemplo que a muchos/as militantes populares “las cortan la electricidad en sus barrios, y la Policía les golpea las puertas de sus casas por la noche para notificarlos de contravenciones en las que les imponen multas millonarias” por ejercer su derecho a la protesta. (Resumen transcripto y audio completo de las palabras de Zaffaroni, nota del 02/08/23). 

A través del mismo programa de radio, Milagro Sala reiteró durante la semana que su vida corre peligro por padecer una “trombosis venosa profunda” en una de sus piernas, y que el sistema judicial dirigido por el gobernador no le permite viajar a Buenos Aires para ser operada en la Fundación Favaloro.

Además, con una crueldad y saña propia de los criminales, la estructura de poder armada por Morales intenta que ella deje de estar en prisión domiciliaria y vuelva a la cárcel. “Pretenden verme morir poco a poco”, dijo Milagro con palabras que, por su propio dramatismo y crudeza, eximen de todo comentario. (Texto son reseña de la entrevista y audio completo. Nota del 03/08/23). 

El futuro de Morales

El régimen violento que gobierna Jujuy quizás salga fortalecido o quizás debilitado a medida que transcurra al proceso electoral nacional. Por ahora, nadie lo sabe.

La primera incógnita se develará en las elecciones primarias, donde Gerardo Morales, secuaz del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, puede ser confirmado como candidato a vicepresidente, o por el contrario ambos pueden ser derrotados por el binomio Patricia Bullrich-Luis Petri.

Posteriormente, la fórmula que resulte ganadora en esa interna abierta de la coalición de derecha, deberá atravesar la elección general nacional (22 de octubre) y eventualmente un balotaje (19 de noviembre).

El miércoles pasado (02/08) llegó a Buenos Aires el contingente de ciudadanos/as que son parte de pueblos originarios y que se trasladaron desde el norte del país hacia la capital federal, organizados en una forma de expresión política llamada “Malón de la Paz”. (Su desarrollo y antecedentes constan en una crónica que publicó el periodista Darío Aranda en la agencia alternativa de noticias Tierra Viva, nota del 02/08/23). 

La imponente movilización es parte de la reacción popular que se desarrolla en territorio jujeño y que ocupó un lugar -física y políticamente hablando- en el centro porteño. “Dicen que los del norte somos callados / pero cuando nos joden nos levantamos”, fue uno de los cantos de las/los participantes de la marcha.

El voto ciudadano en todo el país definirá el futuro político de quien dirige el enclave dictatorial en Jujuy desde hace casi ocho años. A él, hasta ahora le ha ido muy bien: fue reelegido como gobernador en 2019, un secuaz suyo obtuvo ese cargo por amplia mayoría este año y reformó a su antojo la Constitución de la provincia.

Después se multiplicaron las protestas en su contra, y a la vez fue designado precandidato a vicepresidente de la Nación por una de las dos coaliciones mayoritarias. La realidad social y política es dinámica, compleja, paradójica, diversa y contradictoria.