El mundo moderno, a partir de la revolución industrial iniciada en Gran Bretaña (GB) a fines del siglo XVIII, se estructuró en base a un centro integrado por los países que lograron industrializarse antes del fin del siglo XIX, hegemonizado por GB e integrado, además de esta, por Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos, el norte de Italia, etc., a los que se sumaron Japón y, bajo el amparo de GB, Canadá y Australia.

Los demás países conformaron la periferia que, de acuerdo a la concepción de la división internacional del trabajo, están destinados a producir materias primas para el primer mundo y servir de mercado para sus productos industrializados.

Por sus efectos monetarios, el turismo internacional está incluido como servicio (como exportaciones cuando el país es el receptor y como importaciones si son viajes de residentes al exterior); los servicios incluyen, además, los gastos asociados al comercio exterior (fletes, seguros, etc.) que, para los países dependientes, conforman un gasto importante porque, en razón del diferente desarrollo industrial, el comercio se realza básicamente en buques de los países centrales.

El crecimiento de los países periféricos está asociado al crecimiento de las exportaciones, que permiten la expansión de las importaciones (bienes de consumo, herramientas, materiales para obras públicas, etc.). En nuestro país fue un crecimiento cuantitativo por expansión de las áreas territoriales destinadas a la producción agropecuaria. Duró mientras hubo tierras aptas libres para ocupar y producir.

La historia del centro hegemónico no fue armoniosa. Tuvo distintas etapas críticas, como la expansión colonial (a partir de 1870) en que GB y Francia se repartieron los territorios no incorporados a la división internacional del trabajo (África y parte de Asia), y que derivó en la primera guerra mundial (Alemania e Italia, que reclamaban un nuevo reparto colonial, contra GB y Francia, que recibieron luego la ayuda de Estados Unidos) o la profunda crisis del sistema (década de los años 30) que dio lugar al gasto público para superar la recesión, en particular a una carrera armamentista que culminó en la segunda guerra mundial. De esta guerra resultó Estados Unidos como el nuevo centro hegemónico, aunque se mantuvo un eje EE.UU.-GB. Esta hegemonía fue reforzada por la implosión de la Unión Soviética y duró hasta este siglo, en que emerge China como otra posible potencia hegemónica.

Durante esos períodos críticos, tanto en las situaciones bélicas y como en la crisis de los años ‘30, algunos países periféricos, como el nuestro, aprovecharon para industrializarse. Pero por tratarse de una industrialización tardía fue altamente dependiente del centro (provisión de medios de producción especializados y algunos insumos) y sus productos no pudieron competir con los del centro por sus costos, debido principalmente a la escala productiva. El esquema de las cuentas externas es el mismo que el anterior, ya que el crecimiento económico, ahora asociado a la industria, tiene como restricción las posibilidades de importación de bienes de producción e insumos, que está dado por el total de exportaciones, principalmente las correspondientes al sector primario y a la industrialización de algunos de sus productos; posteriormente, la capacidad exportadora se pudo ampliar merced a las zonas de libre comercio entre países de desarrollo económico similar, de forma tal que se amplifica el mercado potencial de ambos y permite un crecimiento asociado. Es lo que ocurre en el Mercosur, fundamentalmente entre Brasil y Argentina. No pasa lo mismo con la asociación de libre comercio con un país desarrollado que termina subordinando a los otros (como fue el caso del felizmente malogrado ALCA).

La capacidad de pago de un país se puede ampliar con el ingreso de capitales externos, ya sea en busca de inversiones productivas o en préstamo. Claro está que en los ejercicios siguientes hay que pagar los intereses o la remisión de utilidades, más las amortizaciones del capital. Además, a todos los países, pero en especial a los de ingreso bajo o mediano, como Argentina, afecta negativamente la “fuga” de capitales hacia los llamados “paraísos fiscales”.

Incorporando estos últimos conceptos al esquema inicial, queda:

Como se dijo al principio, el crecimiento de un país está asociado al crecimiento de sus ingresos (fundamentalmente las exportaciones) ya que el producto bruto está asociado a una determinada proporción de importaciones, por lo que el crecimiento del primero implica determinado aumento del segundo. La posibilidad de financiar este aumento está limitando la capacidad de crecimiento del país, lo que se conoce como “la restricción externa” y está dada por el incremento de las exportaciones; el ingreso de capital externo actúa como un alivio transitorio a esa restricción, pero hay que tener en cuenta que afectará la capacidad de pago futura. Para evitarlo, por ejemplo, en China establecieron “zonas especiales” para la inversión extranjera, autorizándolas en función de las necesidades internas y cuidando, fundamentalmente, la transmisión de conocimientos tecnológicos y el destino exportable de la producción, con el fin de evitar la restricción externa. En cambio, en nuestros países, se hizo sin mayores controles; inclusive muchas “inversiones” recibidas por Argentina a partir de los años ‘90 no fueron tales sino, simplemente, venta de empresas existentes, lo que llevó a la extranjerización de nuestra economía.

El esquema anterior nos ayuda a entender la historia económica reciente. Por ejemplo, con la “convertibilidad” del ministro Cavallo durante la presidencia Menem y continuada por De la Rúa, se desreguló la actividad económica, tanto la interna como la externa, con un cambio del 1 a 1 del peso con el dólar. Como continuó la inflación, aunque a cifras relativamente bajas, el dólar resultaba cada vez más barato, cayeron las exportaciones, salvo las tradicionales, y aumentaron las importaciones de artículos de consumo, inclusive de bienes que se producían en el país. Cerró parte de la industria argentina, transformando fábricas en negocios comerciales de importación y aumentó la desocupación. Lógicamente, el saldo comercial de la balanza de pagos fue negativo, cubriéndose con deuda o con ingreso de capitales especulativos, que a su vencimiento se pagaba con nueva deuda. Hasta que, debido el alto endeudamiento, resultó imposible continuar con esa “bicicleta financiera”: vino la crisis del 2001, la renuncia del gobierno de De la Rúa y la declaración formal de “default” En el año 2002 la deuda externa representaba el 146.2% del PBI. Durante el gobierno siguiente (un período de Néstor Kirchner y dos de Cristina de Kirchner) se renegociaron los vencimientos de deuda (quita de capital, reducción de intereses y nuevos plazos para la cancelación), lo que, unido a un período de buenos precios externos, permitió reducir la deuda al 40% del PBI en 2015, incluyendo el pago total de la deuda con el FMI (10.000 millones), hecho de gran simbolismo y que evitó la injerencia externa en la política económica argentina.

En el período 2015-2019 se repitió la misma historia: apertura económica y fuerte endeudamiento externo. Inclusive, ante el cierre del crédito externo privado, se recurrió al FMI para evitar el “default” con un préstamo “político” récord de 45.520 millones de dólares (la fuga de capitales entre julio del 2018 y diciembre del 2019 se calculó en 40.498 millones, así que no hay que preguntarse dónde fueron los fondos del crédito del FMI). A la terminación de su mandato, Macri entregó el gobierno una deuda total de 320.032 millones de dólares (externa por 249.449 millones e interna por 71.583) mientras que los activos en el exterior de residente nacionales se calculaban en unos 400.000 millones de dls.

El nuevo gobierno se encontró con el país endeudado, al borde del “default”, que venía de tres años de caída del PBI y, hecho inesperado, sufrió la pandemia del COVID (según la CEPAL, el PBI global cayó en América Latina un 7,7%) y luego la guerra en Ucrania, que alteró las reglas del comercio exterior. A pesar de ese panorama, el gobierno negoció con los acreedores privados y con el FMI un nuevo plan de pago de la deuda externa que, de acuerdo al esquema de cuentas externas, era ajustado pero posible de cumplir (las exportaciones de bienes y servicios en el 2021 fueron de 83.415 millones de dólares mientras que las importaciones de 72.362, lo dejó un margen de 15.053 millones; en el 2022 las exportaciones fueron de 88.446 millones pero, como también subieron las importaciones, el excedente se redujo a 6.927 millones).

Pero este año apareció un nuevo “cisne negro”: una inesperada sequía que afectó seriamente a la producción agropecuaria y, por ende, a las exportaciones Según la Bolsa de Comercio las pérdidas por esta causa se evalúan en 20.468 millones de dólares. En este punto está la razón de la ajustada situación económica actual: faltan esos 20.000 millones; ya que no se quiere disminuir las importaciones, porque dañaría al resto de la actividad económica, y no hay posibilidad de lograr crédito externo voluntario, el problema se centra en el pago al exterior de intereses y amortización del capital. En otras palabras, la escasez de dólares es el problema crítico actual.

Lo lógico es una renegociación de los vencimientos por intereses y amortización de la deuda externa. Es lo que intenta el gobierno con el FMI.

Como esta nota está resultando es muy larga, próximamente seguiremos con este tema.