En momentos en que tanto las dirigencias y militancias kirchneristas, así como aquella parte de la ciudadanía que adhiere al sector político creado por Néstor Kirchner y que hoy conduce Cristina, discuten arduamente acerca de la candidatura presidencial de Sergio Massa, quizás sea útil repasar algunos hechos de los últimos años que fueron determinantes para llegar a ese punto.

En esas discusiones se habla mucho de la responsabilidad que tuvieron -o no- Cristina misma, el presidente Alberto Fernández, el propio Massa y cada uno/una de los/las dirigentes y sectores más relevantes dentro del frente o coalición ahora llamado “Unión por la Patria” (UP), para resolver las principales candidaturas que competirán en el proceso electoral de este año.

Pero debatir acerca de tales responsabilidades lleva implícita una observación unicamente de corto plazo, reducida y acotada a los vínculos y decisiones entre los/las integrantes de la conducción del frente, perdiendo completamente de vista que “la cancha donde se juego el partido” ya tiene los límites marcados por el poder oligárquico local y los intereses extranjeros.

Como suele ocurrir, el árbol impide ver el bosque. De ese modo, los/las principales comentaristas políticos/as, incluidos los/las animadores/as de programas televisivos en canales afines al peronismo y/o al kirchnerismo, dejan de lado un factor absolutamente determinante del escenario político y electoral: Cristina sufre una condena judicial con “inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos”.

Más aún: a esta altura de los hechos nadie recuerda jamás que también el ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía, Amado Boudou, sufre igualmente la misma e injusta prohibición. Con el agravante de que él padeció además el encarcelamiento que le impuso el corrompido aparato judicial de la derecha.

Más de 2.160 denuncias

Muchas veces se suele decir que la persecución judicial y mediática contra la líder del kirchnerismo y otros/as dirigentes de su espacio comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri. Eso no es verdad: la ofensiva comenzó mucho antes.

Lo que sí ocurrió bajo el macrismo, fue que se instauró un régimen de derecha del que formaban parte, además del gobierno propiamente dicho, las corporaciones de jueces y fiscales y también las cadenas comunicacionales de la derecha. Con todo ese poderío, se perpetraron infinitos atropellos contra las libertades y derechos de dirigentes opositores/as.

Pero la estrategia para desgastar la legitimidad social y política del kirchnerismo se inició durante la propia presidencia de Cristina. Fue parte de un plan diseñado en Estados Unidos para ejecutar contra todos los movimientos populares y líderes políticos de América Latina, el cual es denominado “lawfare” (o “guerra judicial”, o “guerra jurídica”) en los ambientes politizados.

Uno de los periodistas dedicados desde hace más de diez años a la propaganda ideológica ultra-antikirchnerista disfrazada de información, es el editor de la sección Judiciales en el diario Clarín, Daniel Santoro.

Según publicara él mismo en enero de 2016, apenas comenzó el gobierno macrista, “entre el 2003 y el 2015 los principales ex funcionarios kirchneristas -entre ellos Cristina Kirchner- fueron objeto de 2.160 denuncias por corrupción solo en la Capital Federal, según un informe de la Cámara Federal porteña”.

Agregó que “la lista de denunciados la encabeza la ex presidenta con 419; Néstor Kirchner (193); el ex vicepresidente Amado Boudou (117); el ex ministro de Planificación Julio De Vido (117); el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández (108) y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime”. Y el detalle continúa. (Artículo publicado por Clarín, nota del 04/01/2016, actualizada por el propio medio al 08/12/2016).

Contra Boudou: el comienzo

En cuanto al caso específico de Amado Boudou, el expediente judicial inventado en su contra comenzó con una entrevista realizada en febrero de 2012 a través de Radio Mitre por Jorge Lanata, quien anteriormente tuvo una trayectoria profesional con un perfil ideológico de centroizquierda o progresista.

Dos meses antes, en diciembre de 2011, Cristina había comenzado su segundo periodo presidencial, esta vez acompañada como vice por Boudou, luego de la experiencia dramática -en términos políticos- de haber tenido como vicepresidente en su primer mandato al tránsfuga Julio Cobos, quien se pasó a la oposición siete meses después de asumir el cargo. (Lo hizo en julio de 2008, cuando votó en contra del proyecto de ley de retenciones móviles a la soja y otros cultivos, en el marco del conflicto ruralista que desestabilizó y dejó en una posición de enorme debilidad al gobierno de entonces).

La fórmula Fernández de Kirchner-Boudou había ganado la elección de octubre de 2011 con el 54 % de los votos. Un año antes había fallecido Néstor Kirchner.

Justamente cuando empezaba la segunda presidencia de Cristina, Lanata fue contratado por la cadena Clarín para desempeñarse en sus medios como el principal comunicador de masas que ejecutaría el plan de desgaste y demolición contra el gobierno de aquel momento.

Como parte de dicho plan, en febrero de 2012 entrevistó a Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele. Tanto la mujer como el hombre eran desconocida/do en ese momento. Hoy nadie la/lo recuerda. Pero en aquel tiempo ella pasó a ser una figura rutilante en las pantallas televisivas de las cadenas de la derecha, tras asegurar que su ex marido era “testaferro” de Boudou para quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica, que había quebrado. Esa compañía se dedicaba a imprimir documentación sensible, por ejemplo el papel moneda.

“Así empezó el caso Ciccone que condenó a Boudou: la entrevista de Jorge Lanata a Laura Muñoz en 2012”, recordó seis años después una de las múltiples plataformas digitales del conglomerado Clarín. (Fue cuando se dictó condena en primera instancia contra el ex vicepresidente. Se puede escuchar la entrevista completa en “Radio Mitre-Cien Radios”, posteo del 07/08/2018). 

Las acusaciones contra Boudou fueron desmentidas a lo largo de interminables procedimientos judiciales. A pesar de ello, sin fundamentos, fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. Cumplió esa injusta pena, con atenuantes previstos por la ley. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2020. (Información de Página 12. Nota del 04/12/2020). 

Sentencia contra Cristina

Con Cristina Kirchner ocurre algo asombroso: gran parte de las propias dirigencias o militancias kirchneristas eluden el dato de que está proscripta, y de esa forma estimularon en sus bases sociales y en su electorado, hasta último momento, la fantasía de que ella podía ser candidata.

Incluso en medios de comunicación afines al peronismo es muy frecuente escuchar o leer que la actual vicepresidenta “decidió” no postularse. Esa es una afirmación tramposa, ridícula e inadmisible. Semejante equívoco es producto de la frivolidad con que se analizan frecuentemente los asuntos de la política, y/o de la pereza intelectual o falta de formación de profesionales de la comunicación que, debido a su propio oficio, contribuyen a formar las creencias en la opinión pública.

El hecho de no ser candidata a presidenta ni a ningún otro cargo electivo, no fue una “decisión” de Cristina. Fue, por el contrario, una consecuencia de la violencia jurídica perpetrada en su contra por el aparato judicial mafioso.

En el fallo emitido el pasado 6 de diciembre por el Tribunal Oral Federal N 2 de la capital federal, tras el simulacro de juicio por la realización de obras públicas, concretamente la construcción de rutas, en la provincia de Santa Cruz (también mencionado por los medios como “causa Vialidad”), la alta funcionaria y líder política fue condenada a seis años de prisión, y la pena incluye la “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. (Ver reseña de elDiarioAr, nota del 06/12/22). 

La diferencia con el caso de Boudou es que la sentencia contra este último ya fue ratificada por el más poderoso órgano judicial del país (la Corte Suprema, como se indicó antes en este mismo artículo), mientras que la de Cristina se dictó solo en primera instancia y puede llevar largos años hasta agotarse todas las posibilidades de apelación.

Sin embargo, restarle gravedad a esa pena proscriptiva con la excusa de que no es “definitiva” o “firme” -o sea cuando ya no hay más instancias judiciales que puedan modificarla-, significa entrar en discusiones legales que desconocen la rotunda decisión estratégica que adoptaron, hace más de diez años, los poderes antidemocráticos locales y extranjeros.

Con un Poder Judicial corrompido como el actual, la sentencia “definitiva” o “firme” podría llegar en cualquier momento. Durante la campaña electoral o aún durante un hipotético tercer gobierno de Cristina, en el supuesto de que ella se hubiera postulado y luego ganara las elecciones.

Lo concreto y realista es advertir, de una vez por todas y más allá de los deseos de cada quien, que la líder del kirchnerismo esta proscripta. Inhabilitada para ejercer cargos públicos. Impedida, a través del fallo de una corporación judicial que defiende los intereses oligárquicos, de ocupar cualquier función en el Estado.

Eso significa que en la Argentina actual, la ciudadanía tiene prohibido votar a la ex presidenta. Y también a quien fuera su vicepresidente -y además funcionario patriota y militante leal y capaz- Amado Boudou.

Tanto para analizar la política como para militar en cualquier organización popular, hay que observar y ponderar no solo la fuerza propia y la voluntad de transformar la realidad, sino también la fortaleza de los enemigos y la magnitud de las adversidades que se deben enfrentar.