En estos días la Argentina politizada atraviesa una fiebre por las candidaturas que en parte es igual, y a la vez es muy diferente, a las que se viven cada vez que se avecina el plazo para presentar listas con vistas a una elección de presidente/a y vicepresidente/a de la República y demás cargos electivos nacionales (senadores/as y diputados/as).

Aunque para decirlo rigurosamente, las definiciones de los próximos días y semanas no serán de “candidatos/as” sino de “pre-candidatos/as”, porque los/las postulantes no competirán directamente en los comicios generales del 22 de octubre, sino que previamente deberán disputar las elecciones PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) a realizarse el 13 de agosto.

En función de esa primera instancia de votación (las PASO), este miércoles (14 de junio) vence el plazo para que los partidos políticos inscriban legalmente cuáles serán sus alianzas electorales. Y hacia finales del mes (el sábado 24 de junio) se deberán presentar las listas de pre-candidatos/as. (Las fechas pueden consultarse en la página web oficial del gobierno de la Nación. (Ver cronograma electoral). 

La fiebre por las candidaturas es habitual antes de cada elección, y en ese sentido no hay mayores novedades. Siempre fue así. En cambio, lo que tiene de muy diferente esta ocasión es la aparición de un espacio político de ultraderecha, encabezado por Javier Milei, que desconcierta a las dos coaliciones que predominan en el escenario nacional desde 2015 (hoy llamadas respectivamente “Frente de Todos” y “Juntos por el Cambio”), y que además condiciona todo el presente y el futuro de la convivencia democrática y la paz social en el país.

Pero de las candidaturas se habla mucho -demasiado, de manera abrumadora- en la totalidad de los medios de comunicación y redes digitales, y en cambio se habla poco o nada, y más bien se da por sobre-entendido, que la ciudadanía va a votar bajo la amenaza de golpes del poder económico que en cualquier momento pueden destrozar más aún la estructura productiva del país y el bienestar de las familias.

Ese tipo de golpes -ataques de fuerzas extremadamente poderosas- contra el conjunto de la población, solo pueden ser ejecutados por quienes tienen el poderío suficiente para hacerlo: los grandes capitalistas locales y extranjeros, a los cuales el discurso dominante llama “mercados”.

Qué pasó en 1989

En las últimas tres décadas y media, el golpismo económico en Argentina ha sido perpetrado mediante ataques especulativos contra la moneda nacional y su contracara, una disparada del dólar.

Si así ocurriera otra vez, ello derivaría inmediatamente en aumentos de precios más feroces que los que el pueblo sufre hoy diariamente y, por lo tanto, provocaría una inflación todavía más grave que la actual, con el consecuente riesgo de un caos social y político.

En 1989, nuestro país fue víctima del golpismo económico y sufrió por primera vez una hiperinflación. En ese contexto, multitudes de personas desesperadas saquearon supermercados y otros comercios, dando lugar a lo que a partir de entonces se denominó “estallido social”.

Dentro de ese marco, el primer presidente elegido por el voto ciudadano tras la dictadura genocida, Raúl Alfonsín, tuvo que dejar el cargo antes de que se cumpliera el plazo constitucional y entregó el gobierno cinco meses y medio antes de lo previsto a su sucesor electo, Carlos Menem. El recambio presidencial se realizó el 8 de julio del ‘89. Pero en diciembre del mismo año, ya bajo el nuevo gobierno, se desató una segunda hiperinflación.

(Digresión: desde entonces, para describir al detonante económico de esa situación se suele utilizar la expresión “golpe de mercado”, creada por el empresario periodístico Julio Ramos, fundador y en ese tiempo aun director del diario Ámbito Financiero. Ese medio fue planeado para propagandizar la política económica de la dictadura genocida. Después cambió de propietarios y con el tiempo modificó rotundamente su dirección político-editorial y su perfil ideológico. “El país entró en la era de los golpes de mercado, en lugar de los antiguos golpes de Estado que hacían {los} militares”, tituló dicho diario a fines del año ‘89. Así lo recordó en 2015 un breve texto del propio “Ámbito”. Nota del 08/07/2015). 

Aquella hiperinflación determinó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulara en 1989 un aterrador aumento de casi 5.000 % anual.

Sí. No hay un error en la cifra: casi cinco mil por ciento anual de inflación. La cifra oficial fue de 4.992,9 % (cuatro mil novecientos noventa y dos coma nueve por ciento).

Debido a que la mayoría de las personas que habitan hoy el país no habían nacido en esa época o eran niños/as o adolescentes o muy jóvenes, y que gran parte de quienes lo vivieron lo han olvidado o apenas lo recuerdan vagamente, conviene acudir a algunas fuentes de acceso público (apenas mediante un “clic”) para certificar los datos.

Por ejemplo, una posibilidad es consultar el archivo de la plataforma digital de información económica “Datosmacro.com - Expansión”, editada en España. (Ver nota de Datosmacro.com). Otra fuente puede ser la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que es un organismo de Naciones Unidas. “La tasa de variación del IPC a lo largo de 1989 fue cercana al 5000%, con un promedio mensual de alrededor del 40%”, publicó Cepal en un documento titulado “Nota sobre la evolución de la economía argentina en 1989”, capítulo IV “Los precios, los salarios y el empleo”, subtítulo “Los precios”, página 51. (Ver documento de Cepal).

Candidaturas y peligros

La inflación de hoy en nuestro país resulta pavorosa, aun cuando es infinitamente menor a aquella de hace casi tres décadas y media. Eso de ningún modo debe ser un consuelo de tontos, pero puede servir para alertar sobre la peligrosidad del poder empresarial cuando el Estado pierde volumen político y capacidad para controlar a la codicia y la rapiña del capitalismo.

Al gobierno del presidente Alberto Fernández le quedan exactamente seis meses de gestión hasta el 10 de diciembre próximo, momento en el que debe finalizar su mandato según el periodo marcado por la Constitución y las fechas establecidas por las leyes vigentes.

En el Frente de Todos se discute públicamente acerca de las implicancias electorales que podría tener para ese espacio la participación de dos o más fórmulas propias, de presidente y vice, en las primarias del 13 de agosto. La disputa entre quienes piden una fórmula única por un lado, y por otro quienes reclaman que se permita la participación de diferentes aspirantes en las PASO, es una de las más fuertes controversias en estos días dentro de la coalición oficialista.

Los análisis más comunes pero muy superficiales y carentes de profundidad, atribuyen las peleas internas a las vanidades y personalismos -o derecho legítimo, depende de cómo se lo mire- de los distintos/as dirigentes, para ser candidato/ta presidencial y a los demás cargos. La “feria de vanidades” es absolutamente real.

A su vez, cada parte presume públicamente de humildad y desinterés, y sostiene que disputa candidaturas y cargos porque sus virtudes son impecables y sus propuestas son las mejores. Esas suelen ser manifestaciones de una enorme hipocresía.

Pero lo concreto es que un/una candidato/ta u otra/otra, significan perfiles ideológicos diferentes, capacidades de gestión propias de cada cual y proyectos políticos diversos. Todo lo cual afecta, definitivamente, al destino colectivo de la sociedad.

De todas formas, por fuera de las razones subjetivas que existan en las peleas para ocupar lugares en las listas electorales y luego, eventualmente, desempeñar funciones públicas, no existe prácticamente ningún debate explícito acerca de los peligrosos intereses empresariales que conspiran clandestinamente contra el bienestar general de las personas.

Mientras la opinión pública solo conoce noticias -en el mejor de los casos- o bien chismes, tonterías y escándalos acerca de las peleas por candidaturas, se mantiene oculto que la ciudadanía concurre a votar bajo la amenaza del golpismo económico.

Los grandes capitalistas del país y del exterior utilizan sus armas, es decir las armas que les da su propio poderío -como las disparadas del dólar, los aumentos de precios, el desabastecimiento, etcétera-, para defender sus negocios y negociados a costa del bien común de la población.

Este tipo de asuntos debieran estar en el centro de los análisis políticos y, más aún, de las razones para tomar decisiones por parte de los sectores que aspiran a defender los derechos de las mayorías sociales frente a los atropellos de las minorías privilegiadas.

Los golpes económicos existen, la dirigencia política democrática lo sabe muy bien -especialmente desde la hiperinflación de 1989-, y sin embargo es un tema ausente en el debate público. Rara actitud, en cierta forma suicida, de aquellos/as que pretenden acceder a cargos en el Estado para representar a los intereses populares, y no para servir a los poderes permanentes que, sin competir en elecciones, deciden cada día sobre la vida de millones de personas.