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El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en marcha, por más que su futuro altamente probable es que no llegará a completarse, ya que la oposición impedirá que la acusación sea aprobada cuando deba votarse en el plenario (el conjunto de los 257 integrantes) de la Cámara de Diputados.
En esta ocasión al menos, el Frente de Todos abandonó la concepción “resultadista” que predomina en las fuerzas políticas populares de Argentina. Enfrentar a estructuras corporativas para defender un bien jurídico superior -en ese caso, un servicio de justicia decente- es una tarea en sí mismo virtuosa, más allá de los resultados finales.
La decisión política de iniciar el procedimiento previsto en la Constitución Nacional fue adoptada por el presidente Alberto Fernández, quien la anunció a través de Twitter el día de Año Nuevo. Posteriormente, 11 gobernadores del Frente de Todos respaldaron la decisión presidencial.
La actual composición de la Corte Suprema fue planeada, desde su mismísimo comienzo, como un pilar fundamental para resguardar de los intereses de las oligarquías -minorías privilegiadas- que predominantemente detentaron el poder en nuestro país, aunque se alternaron con periodos donde se desarrollaron contra-poderes de raigambre democrática y popular durante buena parte de los últimos 100 años.
Dos “supremos” nombrados a dedo
Como se sabe, en un hecho que jamás había ocurrido en democracia, a fines de 2015 Mauricio Macri puso por decreto, es decir “a dedo”, a dos de los jueces de la Corte, que además hoy son el presidente y el vicepresidente del tribunal: Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz. El entonces jefe del Estado perpetró la maniobra ilegal apenas cuatro días después de haber asumido el cargo.
La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 4, dispone que el Poder Ejecutivo “nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. (Acceso al texto completo de la Constitución publicado en el sitio oficial de Información Legislativa, InfoLeg, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).
Pero Macri violentó de manera descarada el mandato de la Carta Magna, con la complicidad del conjunto del Poder Judicial y de las cadenas mediáticas dominantes. Ambas corporaciones fueron parte del régimen de derecha que en ese momento recién había tomado el control del Poder Ejecutivo, luego de las elecciones presidenciales de 2015, y que gobernaría hasta diciembre de 2019.
(El diario Clarín, emblema del bloque de poder que acababa de acceder al gobierno con la coalición Cambiemos a la cabeza, legitimó la flagrante maniobra bajo el título “Macri cubrió las dos vacantes en la Corte”. Nota del 15/12/2015).
Con esa designación de facto -contraria a la Constitución y la ley- de dos integrantes del todopoderoso tribunal, apenas comenzó el gobierno macrista quedaron expuestas alevosamente la impunidad y violencia jurídica que serían rasgos fundamentales de su gestión.
En los días y semanas posteriores hubo reacciones en contra de esa manera de designar a ambos miembros de la Corte, quienes por su parte habían aceptado llegar a tan privilegiados cargos vitalicios mediante la violación de cláusulas constitucionales.
Debido a esas reacciones, y desde una posición de fortaleza luego de haber “primereado” en su descarado accionar, Macri negoció con Miguel Pichetto -quien presidía en el Senado el bloque supuestamente “opositor” del Frente para la Victoria-PJ- que se conseguirían los votos para emprolijar la situación, de modo que los dos “supremos” finalmente fueron nombrados con el acuerdo de la Cámara alta mediante los dos tercios requeridos por el texto constitucional.
Así ocurrió meses después. En junio de 2016 Rosatti y Rosenkrantz recibieron el apoyo del Senado, con el voto de 58 de los/las 70 miembros presentes en la sesión. Hacían falta 47 para llegar a los dos tercios. (Información del portal Parlamentario, nota del 15/06/2016).
Solo se opusieron 12 integrantes de la Cámara, casi todos/as pertenecientes al kirchnerismo. El resto de los/las senadores/as justicialistas convalidaron la maniobra. Fue una de las tantas acciones de complicidad con el macrismo perpetradas por el “opo-oficialismo” de entonces. (El tema fue analizado en un texto titulado “El co-gobierno parlamentario del peronismo no kirchnerista”, publicado hace más de seis años en Diario Contexto de La Plata. Nota del 09/10/2016).
El verdadero rol de la Corte
Pasado el tiempo, la Corte Suprema de los oligarcas demostró haber cumplido a rajatabla su función política verdadera: darle apariencia “legal” a la persecución política contra Cristina Kirchner y muchas/os otras/os dirigentes y militantes populares -otra víctima emblemática es Milagro Sala-, y en el reverso de la moneda encubrir a delincuentes de Juntos por el Cambio y de las corporaciones empresariales, judiciales y mediáticas.
Todo ello para garantizar en Argentina el poderío de los sectores económicos privilegiados tanto locales como extranjeros, y para resguardar los intereses de Estados Unidos y las demás potencias occidentales en nuestro país y en toda América Latina.
Quizás la situación que más elocuentemente exhiba el verdadero rol que tiene hoy la fracción judicial dominante, haya sido la reunión clandestina realizada en octubre pasado en la mansión del ultra-millonario inglés Joe Lewis -quien usurpa parte del territorio de la Patagonia argentina en la zona de Lago Escondido y es amigo personal de Macri-, reunión de la cual fueron parte jueces, fiscales, jerarcas del conglomerado empresarial Clarín, especialistas en espionaje, expertos en manipulación de redes sociales y funcionarios porteños del macrismo. Todo con la pasividad cómplice de la Corte.
Y peor todavía (si fuera ello posible): la Corte es la responsable máxima del encubrimiento que está consumando un sector de jueces y fiscales para que nunca se investigue a fondo el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
Dentro de ese contexto, el jueves pasado (09/02) se produjo un hecho trascendente en la lucha contra las mafias judiciales: la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la “admisibilidad” del proceso que tiene como acusados a los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Eso significa que a partir de ahora, y aproximadamente durante tres meses, dicha comisión iniciará una etapa de sustanciación de pruebas, que incluirá la convocatoria a testigos. Los acusados probablemente sean convocados a ejercer su defensa, pero pueden negarse a concurrir.
El juicio político tiene su origen en 14 pedidos realizados, varios de ellos de años atrás, para enjuiciar a los integrantes del tribunal más jerárquico del país. Según el dictamen recién aprobado, “los 14 pedidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”. (Información de la agencia pública de noticias Télam, nota del 09/02/23).
La comisión que aprobó la “admisibilidad” del proceso cuenta con 31 integrantes. (Artículo del diario Cronista, nota del 05/01/23). La ajustadísima mayoría se logró porque votaron de forma conjunta los/las 16 representantes del Frente de Todos. En cambio, se opusieron los/las 14 diputados/as de Juntos por el Cambio y uno del Interbloque Federal. (Ese legislador fue elegido en una lista respaldada por Roberto Lavagna y la bancada la integra, además, el grupo del justicialismo antikirchnerista de Córdoba).
El mismo día jueves, los “supremos” también se reunieron. No hicieron pública ninguna decisión pero dejaron trascender que están “unidos” y “abroquelados” ante los “embates del gobierno”. (Esta última expresión, “embates del gobierno”, fue utilizada por el portal Infobae, que en sus contenidos suele incluir material periodístico serio pero en los temas esenciales es portavoz de la derecha y la ultraderecha. Nota del 09/02/23).
En las próximas semanas y meses, los grandes conglomerados comunicacionales manipularán a la opinión pública con el objetivo de desgastar, ridiculizar y ensuciar el proceso de juicio político contra los “supremos”, y al mismo tiempo ocultar la información sobre las denuncias y pruebas que se exponen y expondrán en la comisión de Diputados.
Sin embargo, la Corte Suprema de los oligarcas está en una situación incómoda que jamás había conocido.
Acostumbrada a que nunca nadie los vea, excepto cuando sus miembros deciden aparecer públicamente para promocionarse individualmente y defender a su corporación, ahora se filtrarán desde el Parlamento, y atravesando -dentro de lo posible- el muro de ocultamiento mediático, muchas de las verdades que hubieran querido seguir escondiendo siempre bajo la alfombra.
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