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En los últimos días ha quedado en evidencia la existencia de una verdadera mafia judicial que controla resortes fundamentales del Poder Judicial, que puede garantizar la impunidad de los propios y que puede perseguir y condenar sin prueba a las y los dirigentes populares.
La persecución contra Cristina carece de toda legitimidad. Por años fuimos contemplando la acumulación de decenas de causas penales, donde se fueron comprobando en cada una, testigos falsos, peritos que se contradicen, prisiones preventivas arbitrarias, supuestos arrepentidos “comprados”, prueba documental adulterada (los cuadernos) etc etc.
Un grupo de jueces Macristas puestos irregularmente en cargos claves para perseguir a Cristina que nos ha privado a todas y todos, independientemente de nuestras posiciones políticas, del acceso a la verdad material.
Ahora esos jueces y fiscales obscenamente parciales condenan a cristina sin la mínima prueba de su participación en delitos, con el claro objetivo de proscribirla y así impedir la representación política y la defensa de los intereses de las mayorías populares.
Es otra acción de extrema violencia política, es un ataque a la democracia y a la soberanía popular, es decir a la posibilidad de los pueblos de definir democráticamente su camino.
Otra vez en nuestra historia la violencia política impidiendo en funcionamiento democrático, antes con los tanques y ahora con la mafia judicial.
La violencia de la mafia judicial es de clase y contra el pueblo, el poder económico concentrado suele ser criminal como lo denunciara y demostrara Rodolfo Walsh, e intento asesinar a la principal dirigente política sin ningún reparo.
La mafia judicial garantiza la impunidad, pero la sociedad debe y puede conseguir justicia.
Por esto planteamos un fuerte ALERTA, un llamado por la PAZ y la DEMOCRACIA, a todos y todas, a la dirigencia política, sindical y social, y especialmente a los jueces y juezas honestos, a las asociaciones de magistrados a los colegios de abogados, que se expresen que se manifiesten.
Es ya impostergable discutir la democratización del poder judicial y deconstruir el sesgo de clase y patriarcal.
Pero tenemos que decir que la mafia judicial opera en todo el país y también en nuestra provincia, veamos:
Cuando en el año 2016 desde todo el poder se atacó cruel e infundadamente a la Procuradora Gils Carbó, con una denuncia que se demostró falsa, llegando a amenazar a sus hijas para que renuncie, lo que finalmente aconteció, no se escucharon defensas a la funcionaria designada con amplio consenso en el Congreso, ni a la independencia judicial que se alega para sustraerse a las obligaciones tributarias de cualquier mortal.
Cuando en febrero de 2019 se descubrió todo un sistema de espionaje ilegal, con fiscales y medios de comunicación, para extorsionar empresario y perseguir opositores, “el caso Dalessio”, el Poder Judicial de Neuquén NO se pronunció.
En cambio, cuando en diciembre de 2021 una senadora nacional pidió el juicio político al procurador bonaerense Conte Grand, por su participación “probada” en la “mesa judicial macrista” que inventaba causas para perseguir opositores, entonces el Jefe del Ministerio Publico Fiscal de Neuquén entendió que esa denuncia afectaba las instituciones y se pronunció pública e institucionalmente defendiendo a la mafia.
¿Le parecerá de gravedad institucional que un grupo de jueces y fiscales sean beneficiados con dádivas por parte de Magnetto o Lewis, respecto de quienes resuelven asuntos trascendentes?, porque no se ha manifestado hasta el momento.
No me consta si el jefe del MPF local es parte de la mafia o si es víctima de aprietes para actuar de esta manera, sería bueno que lo aclare públicamente.
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