-?
Los últimos días de noviembre se trataron en reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación un conjunto de proyectos para la creación de nuevas universidades públicas nacionales.
Tales iniciativas fueron formuladas con la participación y el aval de distintas organizaciones sociales y de representantes de gobiernos locales, respondiendo a sus legítimas demandas de consolidar la educación en sus distritos. A continuación de tales formulaciones, la documentación de las distintas propuestas fue presentada -siguiendo los mecanismos dispuestos por las normas vigentes sobre la Educación Superior- ante la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, cumpliendo con los estudios de factibilidad requeridos. A partir de ello, y una vez aprobados dichos estudios, que contienen los análisis académicos, administrativos, de infraestructura requerida y presupuestarios, contaron con los avales para su presentación ante el Congreso Nacional por parte de distintos diputados y diputadas.
Los y las diputadas que los presentamos ante la Cámara de Diputados de la Nación, en su mayoría del bloque del Frente de Todos, en algunos casos con autoría o acompañamiento de miembros de otras fuerzas políticas, lo hicimos en el entendimiento de la importancia estratégica de acercar la producción y difusión de conocimiento a crecientes sectores de la población, de posibilitar procesos de aprendizaje en el ámbito de la educación superior a las y los jóvenes de distintas ciudades del país, en particular en zonas de importante dinámica demográfica, y de promover por esa vía el desarrollo local, mejoras en lo laboral y una mayor densidad y calidad institucional en el camino de la equidad, y de los Objetivos del Milenio 2030.
El proceso de análisis legislativo de los proyectos de creación de nuevas universidades, y de la nacionalización de algunas que hoy funcionan como universidades provinciales, o asociadas a organizaciones no gubernamentales como el Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo, ha generado un debate inusual en la Cámara de Diputados. Dio lugar a una feroz resistencia por parte de los integrantes de distintos sectores del bloque de Juntos por el Cambio, con argumentos contrarios a una visión democrática de la educación, comprometida con la inclusión social, la equidad territorial y educativa, y el mejoramiento de las capacidades de la población en tiempos de la sociedad del conocimiento y de las revoluciones tecnológicas. En reuniones de comisiones se han vertido por parte de ese sector político todo tipo de argumentos críticos sobre los proyectos, con el objeto de bloquear las decisiones de avanzar en ampliar la oferta educativa en el Conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Entre Ríos y Córdoba. Nos preguntamos: ¿Tendrá su oposición fines electorales?
Las posturas del bloque de Juntos por el Cambio, han reflejado su pensamiento conservador, elitista y privatista, y han buscado negar la legitimidad de las demandas sociales, y el derecho universal a la educación superior como factor que refuerza capacidades y autonomía personal. También cuestionaron duramente la trascendente labor del Estado en la promoción de la creación de nuevas universidades públicas que integren el mapa de la educación universitaria nacional, junto a institutos de investigación científica, de las artes, de extensión y vinculación universitaria, de estudios de postgrado y de redes internacionales de intercambio docente y estudiantil.
Las propuestas de creación de nuevas universidades públicas nacionales, han estado centradas en generar núcleos de la educación superior en un creciente número de ciudades y sus zonas de influencia con sentido inclusivo y de desarrollo para facilitar los estudios de las nuevas generaciones sin requerir traslados a grandes distancias de sus hogares, y a fin de estimular la inserción de las casas de estudios en sus entornos poblacionales y su vida económica y social. Se impulsan formaciones en ciencias biológicas y biotecnología, químicas, ambientales, sociales, de género y de la comunicación, ingenierías, informática, ecología, medicina y enfermería, derecho, administración, lenguas extranjeras, derechos humanos, y otras. Se plantea la incorporación de las universidades en redes de articulación con la sociedad civil, con el mundo productivo y con los entes gubernamentales a través de múltiples convenios, buscando fortalecer instituciones, generar desarrollos locales, y la organización comunitaria, de pequeñas empresas y cooperativas a partir del conocimiento incorporado a sus actividades, a los procesos de trabajo, y a la toma de decisiones.
Se han previsto en los distintos proyectos modalidades organizativas que aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación están orientadas a facilitar el funcionamiento académico y administrativo. Se busca potenciar los recursos que se asocian al cambio técnico que marca nuevos rumbos a la humanidad y exigen nuevas formaciones y entrenamientos, innovaciones en investigación y desarrollo, y en extensión universitaria y transferencia de tecnologías para su aplicación en el agro, la industria y los servicios económicos, y en la salud, en las comunicaciones, en la gestión gubernamental y en general en la vida cotidiana de la población, acorde a los entornos donde se ha previsto su instalación. Estos nobles y estratégicos propósitos sufrieron el furioso rechazo de los y las opositoras de Juntos por el Cambio en cada reunión.
Semanas atrás se habían presentado a las comisiones: el Proyecto de creación de la Universidad Nacional de Pilar, de la Universidad Nacional del Delta y de la Universidad Nacional de Saladillo, habiendo obtenido dictámenes de mayoría y minoría dada la furiosa disidencia del bloque de Juntos por el Cambio. Sobre fines de noviembre en reunión conjunta de las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se avanzó en el tratamiento de los proyectos de creación de las universidades nacionales de: Río Tercero (Pcia. de Córdoba), de la Cuenca del Salado (con sede en Cañuelas (Pcia. de Buenos Aires), y los de nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza (Pcia. de Buenos Aires; la nacionalización de la Provincial de Entre Ríos Juan Laurentino Ortiz con sede en Paraná; y la del Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo, con orientación a los derechos humanos en sus distintas carreras y actividades institucionales.
Los argumentos de la oposición fueron que no ha existido planificación estratégica de la educación superior en la gestión gubernamental del Frente de Todos para definir la creación de nuevas universidades nacionales, como tampoco en los otros niveles educativos. Se cuestionó la demora en materia de infraestructura de conectividad y los problemas de falta de retención estudiantil. Se argumentó que es visible la escasez de recursos presupuestarios; como también, que la elevada deserción en la escuela media en particular en los grupos de menores ingresos de la población, en escenarios de elevada pobreza y desempleo, recomienda no crear nuevas casas de estudios superiores, dadas las bajas matrículas y el elevado desgranamiento, o sea un criterio restrictivo, darwiniano, y de costo/beneficio económico financiero centrado en legitimar la desigualdad social y de oportunidades, y promover el desembarco y la reproducción del capital privado en la educación, concebida como mercancía.
En sus exposiciones también rechazaron nacionalizar la Universidad Provincial de Ezeiza, la Juan Laurentino Ortiz de Entre Ríos y el Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo. Los argumentos fueron similares a los anteriores, y también económicos y organizativos, cuestionando además el encuadramiento de las estructuras de gobierno y el sistema de elección de autoridades a lo dispuesto en la Ley de Educación Superior.
A pesar de esa oposición política que por momentos fue violenta en la reunión de comisiones, se obtuvo dictamen de mayoría para cada una de las iniciativas, y fueron habilitados dichos dictámenes para ser tratados en la sesión plenaria de Diputados del 1° de diciembre. A posteriori, en el transcurso de la sesión el escándalo promovido por diputados y diputadas de Juntos por el Cambio al iniciarse el tratamiento de los proyectos por parte de la Presidenta de la Comisión de Educación, Diputada Blanca Osuna del Bloque del Frente de Todos por Entre Ríos, abortó la sesión, y negó la posibilidad de aprobar las creaciones y nacionalizaciones en general y en particular, que contaban con despacho de mayoría a favor, y que eran demandadas por un importante número de ciudadanos y ciudadanas involucrados en las iniciativas, que concurrieron al Congreso Nacional para presenciar el tratamiento de las mismas y las votaciones.
Mientras el gobierno nacional del Frente de Todos, continua con la política de creación de escuelas, institutos de investigación y universidades nacionales, asigna recursos presupuestarios a ampliar las becas Progresar y Manuel Belgrano en 2023, y pone en marcha políticas para promover la igualdad de género en el sistema universitario y científico nacional, Juntos por el Cambio boicoteó de manera violenta y misógina la sesión de la Cámara de Diputados, negando derechos y dejando la educación a expensas del mercado, desde una posición que refleja su criterio meritocrático y antidemocrático. En esa oportunidad, y como parte del escándalo que promovieron, la presidenta de la Cámara fue atacada verbalmente en lo institucional y en lo personal. Así resuelve esta fuerza política neoliberal su agenda de negar derechos, y degradar la educación pública.
Políticas que amplían derechos de género en el sistema universitario y de ciencia y tecnología:
Vale agregar justamente, que la semana pasada mientras se concretaba el tratamiento de los proyectos de creación de las nuevas universidades y la nacionalización de otras, luego abortado, se puso en marcha una nueva política gubernamental nacional para promover la redistribución justa de los trabajos de cuidados: se trata de un subsidio para gastos por tareas de cuidados asociados a la participación de docentes e investigadorxs en reuniones científicas con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación científica, de desarrollo e innovación tecnológica en las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en condiciones de igualdad de género.
Esta política de reconocimiento y remuneración de los trabajos de cuidados no remunerados es especialmente relevante en el ámbito universitario y científico tecnológico nacional. Ello debido a que el fenómeno de segregación horizontal y vertical que enfrentan las mujeres en otros ámbitos como el mercado laboral o en los espacios de participación política en todos los niveles del estado, no es ajeno a las mujeres universitarias y al sistema científico y tecnológico en la Argentina.
Así, segu?n datos publicados en 2020 por la Secretari?a de Poli?ticas Universitarias, en el caso de los docentes universitarios, en la distribucio?n de cargos segu?n sexo, se evidencia un escenario casi de paridad: el 49,9% de los cargos docentes son ocupados por mujeres, sin embargo, el 58,5% de los cargos de autoridades superiores son ocupados por varones. En 2019, el 87% de los rectores y el 66% de los decanos eran varones. Es decir, si bien las mujeres representamos la misma proporción en las aulas, no ocupamos de igual forma los lugares en los cargos de gestio?n y decisio?n. Al descender en la jerarquía institucional, la desigualdad disminuye: en el caso de los vicerrectorados el 31% mujeres, en las secretarías de universidad el 35%, en los decanatos el 34% y vicedecanatos el 47%.
Por otra parte, en el campo científico, la a segregación horizontal se observa al analizar la distribución de los/as investigadores/as por áreas del conocimiento: así se observa que la proporción de mujeres es mayor en las áreas de ciencias sociales, humanidades y ciencias médicas y de la salud, mientras que los varones representan una mayor proporción en el caso de las ciencias naturales y exactas e ingenierías y tecnologías.
En gran medida, la injusta distribución sexual de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados afecta las trayectorias educativas de las mujeres y tiene un impacto negativo en las carreras académicas, como investigadoras y para ocupar cargos de decisión en las instituciones de educación superior y/o unidades ejecutoras de investigación. Las mujeres científicas y universitarias, padecemos la conciliación de la vida familiar con los viajes académicos por tareas de investigación, y por la asistencia a reuniones científicas nacionales e internacionales. Con frecuencia tenemos que dejar de participar en esos espacios o sufrimos fuertes restricciones en el desarrollo de carreras y cursos de postgrado fuera de nuestros lugares de residencia por las obligaciones que suponen las tareas de cuidado. Ello afecta el desarrollo de nuestra carrera profesional. He vivido personalmente esta problemática, y ella me planteó disyuntivas a lo largo de gran parte de mi carrera profesional en la vida universitaria y científica.
Acercar las universidades a los y las jóvenes, promover que los claustros participen en la vida universitaria y socioeconómica de sus localidades responsablemente y se involucren en el desarrollo local, es una legítima y estratégica aspiración que se suma a los nuevos derechos de género que asisten a investigadoras y docentes en el Sistema de Ciencia y Tecnología y que el gobierno del Frente de Todos viene a reconocer. Claro que no es algo fácil de concertar con las fuerzas políticas opositoras, neoliberales y negacionistas; y que solo calculan la ganancia al concebir la educación como mercancía.
Va con firma | 2016 | Todos los derechos reservados
Director: Héctor Mauriño |
Neuquén, Argentina |Propiedad Intelectual: En trámite