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Columnistas
22/05/2022

Doña Soledad

Doña Soledad | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Un conflicto inesperado en el TSJ se abrió en medio de la interna del MPN. El lugar donde reposa la tranquilidad del poder político de la provincia se alteró con la denuncia por violencia de género de la única vocal mujer contra uno de sus pares.

Gerardo Bilardo

En el contexto de la interna del MPN por cargos electorales y partidarios que va creciendo en intensidad a medida que pasan los días, un frente de conflicto en la cúpula del Poder Judicial que no figuraba en la agenda, o al menos no era un asunto público, desafía la inteligencia de los armadores del poder del gobierno provincial para resolverlo.

La denuncia por violencia de género que impulsó la vocal Soledad Gennari contra uno de sus pares, Germán Busamia, inició una crisis que incomoda, y mucho, a la conducción política del oficialismo en el partido provincial que impulsó sus nominaciones y los llevó hasta los altos puestos que ocupan.

La influencia determinante del exgobernador y líder de la lista Azul del MPN, Jorge Sapag, en el armado de las candidaturas para los cargos centrales dentro del Poder Judicial, tiene en tanto Gennari como en Busamia a dos exponentes de un modelo de planificación sobre las designaciones; pero con este conflicto perdió su eje principal, el de la confianza.

La candidatura de la única vocal mujer del TSJ logró aval legislativo en setiembre de 2015, cuando Sapag estaba terminando su último mandato, mientras que la de Busamia se produjo en mayo de 2018, ya con Omar Gutiérrez como gobernador. En ambos casos accionó la política que privilegió, primero la confianza y después el currículum. La vocal logró 24 votos a favor, tres menos que el respaldo obtenido por el ahora denunciado.

Busamia y Gennari integran un cuerpo de cinco miembros que, solo para la cúpula, dispone de un presupuesto salarial para el 2022 de más de 363 millones de pesos, a razón de 30 millones por mes. Ese monto de dinero se utilizará para solventar los haberes de los vocales y del resto de unos pocos empleados que trabajan en la conducción superior. El gasto salarial total del Poder Judicial superará este año los 14 mil millones de pesos.

Por la denuncia de Gennari se sabe que la tensa relación entre ambos vocales estaba contenida y transitaba un silencio palaciego. Pero hubo un hecho que rompió el secretismo imperante: la designación sin concurso del hijo del actual presidente del TSJ, Evaldo Moya, denunciada públicamente por el gremio de los judiciales, actuó como disparador de reproches sobre la vida laboral entre los vocales y una denuncia por violencia de género que ahora nadie quiere investigar.

Con un mensaje en tono paternal que revela la importancia que tiene el conflicto para el cúspide del poder político del oficialismo, el exgobernador pidió, una vez conocido el incidente puertas afuera del TSJ, que no se hable más del tema en público y que la solución se canalice por la vía judicial. Su intervención es al mismo tiempo una demostración de la influencia que ejerce sobre el ese Poder del Estado.

Al pedir el silencio en público de los involucrados para resolver el conflicto con el mayor bajo perfil posible, la intervención de Sapag tuvo una sola destinataria, Gennari, ya que fue la única que habló del tema, utilizando medios tradicionales y redes sociales. Pero la del exgobernador es una propuesta de resolución del conflicto que atrasa, porque no contempla la fuerza que tiene la agenda del feminismo para debatir estos temas. Justamente una de las banderas para visibilizar los hechos de violencia de género consiste en derribar barreras de silencio.

El responsable de tomar la denuncia de Gennari y derivarla para su investigación, el fiscal Gerez, la encuadró en un conflicto laboral, lo que configura de antemano una toma de posición. Podría haber respetado el foco legal que le dio la vocal, el estipulado por la ley 2786 que protege a las mujeres de la violencia de género, pero el jefe de los fiscales tomó una vía que permite amortiguar los daños colaterales.

El MPN tiene ahora un problema en la cúpula del Poder Judicial que no es, ni por asomo, de la magnitud del que enfrenta el gobierno del Frente de Todos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la provincia, el TSJ no es una extensión de la oposición, ni un bloque de poder que quiere imponer sus ideas, o una herramienta eficaz para obstaculizar la gestión de gobierno. Justamente funciona en el sentido opuesto, ya que al lugar llegan quienes garantizan estándares confianza y seguridad al principal poder político de la provincia y a los socios económicos de mayor interés para el establishment local.

Pero esa zona de confort y de convivencia pacífica construida por el poder político en la corporación judicial es la que precisamente se dañó con la denuncia de Gennari, cuyo destino hoy es incierto aunque sirvió para abrir una puerta por la que sale olor feo.

Y si esto le pasa a doña Soledad, diría Alfredo Zitarrosa, póngase un poco a pensar lo que queda para el resto.

29/07/2016

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