El gobierno del Frente de Todos cumplió el primer año de gestión del Estado atravesado por la inesperada y atípica situación provocada por la pandemia. Luego de cuatro años de retroceso en muchos aspectos, la elección de los Fernández despertó la esperanza y adhesión de amplios sectores y de los movimientos sociales. En ese sentido, no puede ignorarse también el impacto de la herencia recibida a la hora de hacer los balances. El salario real en Argentina cae en forma consecutiva desde hace tres años, la precarización laboral y la desocupación crecen, y casi la mitad de la población esta sumergida en la pobreza, poniéndose así a tono con el promedio del planeta según el Banco Mundial. Sin embargo, que el país haya ingresado en el promedio mundial de pobreza, con casi la mitad de la población en ese estado bajo un gobierno peronista, debiera llamar la atención. 

El asunto es que Argentina no está aislada ni es autónoma de lo que sucede en el mundo en un contexto de financiarización de la economía profundizada luego de la crisis de 2008. En pleno auge de la cuarta revolución industrial, como se denominó en el Foro de Davos de 2016, crece el peso de la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos productivos, del Big Data y tecnologías asociadas a los datos, convertidos éstos en una de las principales materias primas y fuentes de valor. Las disputas geopolíticas y por la apropiación de los recursos naturales, se enmarcan en el posicionamiento de las potencias tecnoproductivas. En un capitalismo caracterizado por cadenas de valor globales, con el modelo de negocios de las plataformas que trastocan las soberanías locales, parece una proeza el despliegue de un proceso de desarrollo autónomo. Lo que sucede dentro de fronteras nacionales con la economía y la política no puede aislarse de lo que acontece en la región y el resto del planeta.

De este modo parece como que hubiera que acostumbrase a la inestabilidad permanente y resignarse a que las grandes decisiones en materia de economía no se tomen en el país. Basta ver, por ejemplo, el peso de los grandes capitales globales y del FMI en los condicionamientos implicados en la negociación por la deuda. De hecho algunas de las principales medidas del gobierno, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), los congelamientos de tarifas, o el aporte extraordinario impuesto por única vez a las grandes fortunas personales, fueron paliativas o simbólicas. A pesar de dichas medidas la pobreza siguió creciendo de la mano de las presiones cambiarias y la inflación que siguen golpeando a la población. 

La apuesta entonces aspira a un rebote de la economía en 2021 sustentada en la obra pública que dinamice el mercado interno. Teniendo en cuenta que siempre es determinante en la legitimidad gubernamental lo que sucede con los ingresos de la población, al margen de la línea discursiva de un gobierno peronista, se vuelve impostergable una mejora en la distribución del ingreso, condición fundamental para reactivar la economía argentina donde el peso del consumo en la demanda es el más significativo. 

Debe tenerse en cuenta que más allá de la línea estratégica de gobierno, la conformación de un frente implica la negociación permanente entre los actores que lo conforman. La imposición de determinadas políticas está también definida por ese juego de poder interno que es quizá más importante que la capacidad de gestión de algunos funcionarios en particular. Por otro lado, no puede dejar de mencionarse el rol del Poder Judicial y de los medios concentrados de comunicación siempre dispuestos a defender los intereses y negocios de quienes representan. Funcionan así como verdaderos obstáculos a la soberanía popular en la implementación de políticas públicas, como así también en el plano cultural de la subjetividad, mediante la introyección de sesgos cognitivos. Pueden señalarse desde esa perspectiva, el fallido intento de conformar una empresa nacional de granos mediante la expropiación de Vicentin o una profunda reforma judicial que democratice ese poder. 

De esta manera por más voluntad política de cambios que haya, no pueden ignorarse los factores de poder que son obstáculos a las transformaciones necesarias. El anterior gobierno de Cambiemos reconocía en el exterior, con motivo de atraer inversiones, los buenos indicadores económicos y sociales recibidos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, las condiciones en las que asumió el actual gobierno conforman un diagnóstico muy negativo sobre el que se montó la pandemia con las obvias consecuencias en la producción y el consumo. Pero en política, como práctica transformadora que aglutina esperanzas frente a los problemas comunes, no sirve vivir hablando del pasado. Más aun en una sociedad donde la memoria histórica se esfuma frente a la inmediatez del presente y lo efímero. Pareciera como si la configuración de relaciones de fuerza internas entre los grupos y clases sociales y la situación geopolítica tornaran imposible transformar estructuras consolidadas. En un mundo con complejos conflictos geopolíticos, sumados a los que se avecinan por la apropiación de los recursos naturales, lo que acontezca con la región en las próximas elecciones por venir, condicionará la posibilidad de articular la fuerza suficiente para construir alternativas futuras.