“Tenemos demasiada gente que sabe y poca gente que entiende”

Arturo Jauretche (1901-1974)

Desde hace aproximadamente dos semanas el proyecto de impuesto extraordinario a los grandes capitales en la Argentina está en debate nacional. La idea que surge del diputado Máximo Kirchner, consideraba como materia imponible a los capitales blanqueados en la gestión del presidente Macri, por la ley de Sinceramiento Fiscal. Comienza a tener injerencia en el proyecto el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara; pretendiendo extender el radio de contribuyentes a los propietarios de grandes patrimonios, hayan entrado en el blanqueo o no. Seguramente fue asesorado por expertos (los que “saben”), entendiendo que considerar como contribuyentes a los sujetos que blanquearon solamente, violaba uno de los principios de la tributación que es el de la generalidad.

Los tributos constituyen la principal fuente de recursos con que cuentan los Estados para afrontar los gastos; la forma que tienen de recaudarlos es ejerciendo su poder de imperio. Es cierto que el Estado podría exigir impuestos sobre la base de cualquier presupuesto, pero las situaciones elegidas por el legislador tienen en cuenta innegablemente alguna manifestación de capacidad contributiva como hipótesis de incidencia. 

FUENTE: http://www.afip.gov.ar/noticias/documentos/RECA-DIC-2019.pdf

La estructura tributaria nacional, se sostiene fundamentalmente por el Impuesto al Valor Agregado (30,5%), los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (23,4%) y el impuesto a las Ganancias (21,8%) como se puede ver en el gráfico anterior. No cabe dudas que es altamente regresiva, lo que significa que terminan financiando al Estado fundamentalmente aquellos que cuando compran un bien, abonan el impuesto; y para el caso, el Fisco no tiene en cuenta ni su ingreso, ni su patrimonio; pilares de los sistemas tributarios equitativos.

La capacidad contributiva se la puede definir como la potencialidad de participar en los gastos públicos, que el legislador atribuye a un sujeto particular o a un hecho económico. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los distintos tributos gravan diferentes manifestaciones de capacidad contributiva, intentando de alguna manera respetar el principio de equidad establecido en la Constitución Nacional. A saber: 

Es evidente que el primer tipo de tributos, los patrimoniales, están prácticamente ausentes del actual sistema tributario argentino. Existen marginalmente ciertos tributos como el impuesto a los Bienes Personales, que desde siempre tuvieron una contribución exigua al sistema tributario; y que el gobierno de Mauricio Macri los hizo prácticamente desaparecer. En la recaudación del 2019 este impuesto contribuyó con apenas el 0,63% del total (en el gráfico se encuentra dentro de “Otros”).

La poca importancia cuantitativa de los tributos patrimoniales no es exclusiva de la Argentina, sino que es una constante en casi todos los países occidentales. El economista –según mi parecer- más importante de la actualidad, Thomas Piketty, en sus obras, considera como uno de los factores que contribuyen al aumento de la desigualdad en el siglo XXI a la concentración en la propiedad del capital (Piketty, T. “El capital en el Siglo XXI”. 2014). Una de las medidas propuestas para tratar de disminuir dicha desigualdad, es un impuesto “mundial” sobre los capitales, que el economista en su obra lo califica como “utópico”. 

Ante la epidemia del Covid-19 que nos azota a todos y todas, este proyecto convertiría la utopía de Piketty en una realidad. La idea es resistida fundamentalmente por algunos, entre ellos foros de tributaristas, que plantean la inconstitucionalidad del tributo con el argumento de la doble imposición, ya que la materia imponible está gravada por el impuesto a los Bienes Personales. Son los “que saben”, pero además nos preguntamos ¿Qué intereses defienden? ¿Quiénes son sus clientes? 

Se supone que el argumento de inconstitucionalidad, no prosperará en la Corte, debido a que la difícil situación actual justifica constitucionalmente la necesidad del Estado de hacerse de fondos genuinos. La Corte está reconociendo el estado de emergencia, al donar un porcentaje de sus sueldos al Estado Nacional.

Una de las que ya se manifestó en contra del proyecto es la senadora neuquina Lucila Crexell. Recordemos que asciende a la Cámara alta de la mano del Guillermo Pereyra en la boleta del Movimiento Popular Neuquino (2013), pero que antes de terminar su mandato (2019), abandona el bloque del MPN para integrar el bloque que lideraba Miguel Pichetto. Dicha relación le permite en la última elección (2019) acceder, esta vez, a la boleta de Juntos por el Cambio, secundando a Horacio Quiroga. No fue fácil su incorporación en la boleta como extrapartidaria, incidente que fue batallado por los correligionarios del difunto Quiroga. 

Al fallecer Quiroga, esos que pelearon por su participación dentro de Juntos por el Cambio seguramente se arrepintieron, porque Crexell litigó contra Cervi (suplente en la boleta) para poder acceder a la banca. Finalmente triunfó, gracias a un dictamen de la Corte. 

Al poco tiempo de asumir, abandona el bloque de Juntos por el Cambio, porque la ruptura producto del litigio generó una “pérdida de confianza” que impide la armonía necesaria en el trabajo. Crea entonces un bloque unipersonal llamado Movimiento Neuquino. No sé por qué, pero escribiendo esta historia recuerdo a las piruetas de los artistas del Cirque du Soleil que vi hace poquito. 

La senadora se ve afectada por el Covid 19 como todos y todas, y seguramente lamentará no poder volver a viajar; ya que fue la legisladora que más viajes al exterior hizo de toda la Cámara alta, durante su gestión anterior. 

Traigo a colación entonces la frase del maestro Jauretche: “Tenemos demasiada gente que sabe y poca gente que entiende”. ¿En qué lugar se encontrará la senadora Crexell?