La fuerte devaluación del peso produjo un descalabro en todo el andamiaje de precios de la energía que el ministro Juan José Aranguren se encargó de dolarizar en sus dos años y medio de gestión. 

Algunas distribuidoras de gas comenzaron a abrir el paraguas y están reclamando una suba de tarifas residenciales del orden del 30 % para compensar la corrida monetaria.

Sucede que el último incremento tarifario, otorgado en abril, se estableció con un dólar a 20,55 pesos, unos seis pesos por debajo de la cotización de esta semana. Los contratos de abastecimiento de gas vigentes entre las empresas productoras y las distribuidoras están establecidos en dólares. Por eso, estas últimas sostienen que -de no haber un aumento de tarifas- deberán cubrir con fondos propios la diferencia producida por la devaluación. 

La próxima revisión tarifaria está establecida para octubre. Según el esquema de Aranguren, el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte crecerá un 12,4 % al pasar de los 4,68 dólares el millón de BTU actuales a 5,26 dólares. Además los subsidios bajarán 31 % del valor del gas al 23 %. Si a esos incrementos se les sumara el 30 % de devaluación, el impacto en las facturas de los usuarios sería explosivo. 

En el sector petrolero crece la desconfianza en que el gobierno nacional pueda seguir sosteniendo el esquema de tarifas dolarizadas ante la evidencia de su falta de pericia para manejar la cotización de la divisa estadounidense y el creciente malestar social.  Algo similar ocurrió con el negocio de los combustibles, que obligó a Aranguren a cometer un pecado mortal para sus convicciones: intervenir en el mercado para regular los precios. El problema se pateó para adelante con la esperanza de que a corto plazo baje la cotización del petróleo a nivel internacional y que las petroleras acepten una compensación cuando eso suceda, a cambio del retraso en los surtidores que hoy absorben.

Volviendo a la tarifa del gas, ayer se publicó la resolución 97/2018 del Enargas que regula el tarifazo en cuotas. Ahora, los usuarios cuentan con la posibilidad de financiar el 25% del valor de las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2018. Esta financiación se encuentra disponible para todos los residenciales, así como para los clientes comerciales de Servicio Completo P1 y P2. 

La adhesión a la financiación es voluntaria y el saldo diferido y sus intereses se abonarán en las facturas que se emitan después del 1 de noviembre y por tres bimestres consecutivos. 

Las subas de la cotización internacional del crudo y del dólar también impactan de lleno en la balanza energética. El presidente de la compañía estatal Ieasa (Ex Enarsa), Hugo Balboa, estimó que este año los subsidios para la compre de gas en el exterior rondará los 29.000 millones de pesos, casi el doble de los 14.800 millones aplicados en 2017.

Balboa explicó que el precio promedio que Ieasa cobra en el mercado interno por el gas importado es de 4,30 dólares por millón de BTU. Mientras que compra gas a Bolivia por 6,2 dólares el millón de BTU, paga 7,40 dólares el GNL que llega por barco y hasta 10,50 dólares por millón de BTU por el gas que se ingresa desde Chile, regasificado en el país trasandino.

La desregulación del mercado interno de los hidrocarburos, la quita de subsidios a los consumidores, la dolarización de los precios de la energía y la brusca devaluación, producen una presión sobre las tarifas que obligará al gobierno a revisar su política energética.