La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento estableció un plazo de tres días para que el gobierno de Mauricio Macri explique las razones del decreto que dispone el traspaso de la base de datos de la Anses, donde constan los registros privados de todos los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.

La magistrada se declaró competente en una acción de amparo presentada por un particular contra el decreto del gobierno nacional y notificó a la jefatura de Gabinete de ministros para que dentro del plazo de tres días informe sobre el particular.

El amparo fue promovido por la abogada Valeria Laura Carreras, e incluye un pedido de medida cautelar para suspender el traspaso de las bases de datos.

Por la decisión del gobierno nacional de recurrir a la base de datos de la Anses para difundir políticas oficiales, Carreras presentó una denuncia penal contra el jefe de gabinete, Marcos Peña, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

La letrada argumentó que la decisión vulnera el derecho a la intimidad, al permitir la divulgación de datos personales, incluso aquellos que pueden tener el carácter de sensibles.

Una vez que conteste el Ejecutivo, la jueza estará en condiciones de resolver el pedido de medida cautelar.