El secretario General de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que parte del movimiento obrero “subestimó la presencia de los gerentes de las empresas en el gobierno nacional” y que si no hay una acción en conjunto para enfrentar los intentos de reforma laboral, Mauricio Macri “va a tratar de destruir los derechos que logró sostener el  sindicalismo argentino en el contexto de la puja distributiva por los salarios”. Adelantó que las dos CTA están organizando una marcha federal y un paro general para agosto y que no descartan sumar a un sector de la CGT.

Ayer, en su editorial “Reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina”, el diario “La Nación” propuso modificar el esquema de indemnizaciones por despidos para que sea financiado en conjunto entre las empresas y los trabajadores; flexibilizar las relaciones laborales facilitando la desvinculaciones y minimizando sus costos; establecer menos cargas fiscales y nuevas formas de contratación más baratas; limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en las negociaciones salariales y establecer las paritarias por empresas. Según el matutino estas exigencias permitirían lograr el “crecimiento del empleo privado y la competitividad”.

“Creo que, sin lugar a dudas, el gobierno tiene varios integrantes de grupos de multinacionales que coinciden con los lineamientos del diario La Nación para la reforma laboral”, aseguró Yasky a . Dijo que la intención es “destruir los avances que posibilitaron que el movimiento sindical tuviera la capacidad sostener derechos que forman parte de la puja distributiva” de las ganancias de las empresas “como sucede en otras partes del mundo”.

Agregó que cree que la reforma planteada “es una asignatura pendiente” de los sectores de poder que “permanentemente plantean la demanda de que en Argentina se puedan flexibilizar las relaciones  de trabajo, que no sea la Justicia laboral la que entienda en estas cuestiones y que se puedan negociar salarios por empresas. El gobierno coincide con estos lineamientos y sólo busca la oportunidad de ponerlos en práctica”, evaluó.

Yasky, sin embargo, consideró que el presidente Mauricio Macri “hoy no se encuentra en condiciones” de hacerlo y “mucho menos de imponerlo” pero que desde la CTA son conscientes de que si “tuviera mayoría absoluta” en el Congreso “no dudaría en llevarlo adelante”.

Respecto de la posibilidad del movimiento obrero de frenar las medidas planteadas aseguró que “en realidad y hablando de las cinco centrales (las tres CGT y las dos CTA) algunas tuvieron una actitud ambivalente frente al gobierno y no fueron ni oficialistas ni opositoras. Muchos subestimaron lo que significa la presencia de los Ceos y los gerentes de las multinacionales en el gabinete de Macri”, cuestionó.

“Fue un error pensar que se podía estar en parte con un gobierno que por una cuestión de clases no va a beneficiar a los trabajadores. La realidad empuja ahora a muchos a salir del limbo en el que quedaron porque no eran ni opositores ni oficialistas. Hay que sacudirse la modorra del período de gracia que le dieron al gobierno”, insistió con las críticas.

Yasky planteó que el movimiento obrero tiene que “hacerse fuerte y ser capaz de confrontar contra el ajuste y el tarifazo y evitar que se pueda avanzar en la reforma laboral. Si hay un movimiento obrero fortalecido no va a pasar”, aseguró.

Dijo que, junto a la CTA que conduce Pablo Michelli, están organizando una marcha federal y un paro nacional para fines de agosto. Adelantó que también están en conversaciones con la Corriente Federal de la CGT, que postula a Sergio Pallazo, el actual secretario general de la Asociación Bancaria, como la cuarta cabeza de la conducción tripartita de la central obrera. “Hemos tenido varias reuniones para que formen parte de la convocatoria”, aseguró Yasky aunque reconoció que “lo ideal sería que el paro sea convocado por todas las centrales sindicales”.

El editorial de La Nación, que generó amplias críticas desde las organizaciones que nuclean a los trabajadores no tuvo medias tintas. “La forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación y que a la vez se brinden garantías para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas”, se sostuvo en el texto que agregó: “Un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa”. Pidió la eliminación de “la obligatoriedad de la homologación de la autoridad administrativa, que lejos de ser un control eficaz, a menudo se constituyó en un obstáculo para los contenidos que se pretendían incorporar entre las partes signatarias”.