El bloque del FpV-PJ, el Peronismo Federal y el resto de los senadores de la oposición aprobaron ayer cuatro proyectos contra el tarifazo de gas implementado por el gobierno de Mauricio Macri. Lograron alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de las iniciativas que se aprobaron por 42 votos a favor y 13 en contra de Cambiemos.

Los senadores le reclamaron al Gobierno que cumpla el fallo de la Cámara Federal de La Plata y que suspenda el aumento hasta tanto se realicen las audiencias públicas y se expida la Corte Suprema de Justicia.

Ayer, además se aprobaron los dos proyectos que ya venían consensuados desde diputados: la ley de fomento para pymes y la ley de autopartes. Pero, antes de iniciar el tratamiento de estos temas, el FpV-PJ pidió que se debatiera el aumento de las tarifas que logró un amplio respaldo. Si bien no son proyectos de ley, implican un fuerte mensaje político al gobierno nacional.

 El único antecedente similar hasta ahora fue la ley antidespidos, que había logrado 48 votos a favor en Senado. Sin embargo, en aquella oportunidad Cambiemos no había quedado en soledad sino que había recibido el apoyo de algunos dirigentes del peronismo disidente como Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Roberto Basualdo. Esa iniciativa tampoco había recibido el respaldo de todo el arco opositor en Diputados, donde un sector de la oposición se ausentó o se abstuvo de votar.

El jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, argumentó ayer que el aumento tarifario impacta de lleno “en el sector de salarios de clase media, sectores que no pueden pedir la tarifa social”. El senador por Río Negro aseguró que aún con el límite del 400% implementado en los últimos días, el aumento “es muy fuerte, difícilmente sostenible” para los usuarios. Además, le advirtió al macrismo sobre el peligro de la judicialización de los conflictos políticos. Sobre el final de la sesión le recordó que “no se puede tener suelto a (el ministro de Energía Juan José) Aranguren metiendo aumentos de 1.800%” y pedir un rol de “oposición responsable”.

El proyecto de comunicación que lleva la firma de 18 integrantes de la bancada FpV-PJ pide que se suspenda el aumento, reclama que el nuevo esquema tarifario se implemente con “gradualidad, transparencia y razonabilidad” y que se contemple la necesidad de fijar tarifas diferenciadas para las regiones del país, “a los efectos de evitar asimetrías que impacten negativamente en su desarrollo”.

Sobre el tope máximo fijados en 400% y la implementación de la tarifa social, sostienen que son “absolutamente insuficientes” para moderar los “brutales efectos” de la medida. Además, alertaron sobre el impacto en “la estructura de costos de todo el sistema productivo” del país, “poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo” y generando dudas sobre la continuidad de distintos emprendimientos.

El senador Mario País (FpV-PJ) solicitó, además, que se trate en comisión un proyecto de ley que declara la nulidad de las resoluciones, en sintonía con el planteo de Héctor Recalde en la Cámara baja.

En el Senado se aprobaron además otros tres proyectos de declaración y comunicación, redactados por senadores Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista) y Myriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino). “Estamos hablando de un derecho humano esencial, que es el derecho a la energía”, afirmó Solanas y consideró que “la ciudadanía se pronunció el año pasado en defensa de una mayor calidad institucional y republicana y en ese sentido se lo está burlando”. Odarda, que ingresó al Senado por la Coalición Cívica, había pedido al gobierno que retrotraiga los aumentos en toda la Patagonia. “Los vicegobernadores de las siete provincias patagónicas ya pidieron la nulidad del aumento”, remarcó.