El Senado aprobó anoche, en general, el proyecto por el cual se habilita el pago de deudas previsionales a un sector de jubilados y el blanqueo de capitales no declarados.

La iniciativa fue aprobada, en la votación en general, por 55 votos afirmativos contra 11 negativos y una abstención, la del senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas.

Los senadores de Neuquén y Río Negro tuvieron actitudes disimiles. Destacó el voto negativo de la senadora Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino, teniendo en cuenta la cercanía del gobernador Omar Gutiérrez con el gobierno nacional y su apoyo a la ley que incluye la ratificación de la devolución a las provincias del 15% de coparticipación que se retenía para la Anses.

Su par de bancada, el senador Guillermo Pereyra, acompañó con su voto afirmativo mientras que Marcelo Fuentes del Frente para la Victoria lo hizo en contra.

Los representantes de Río Negro, Miguel Pichetto (FPV) y Magdalena Odarda (Frente Progresista-ARI) votaron a favor de la ley y la senadora Silvina García Larraburu (FPV) se opuso.

En su discurso, el legislador del MPN Guillermo Pereyra  argumentó la necesidad de modificar el régimen fiscal y resaltó que la sustentabilidad del sistema de Seguridad Social “hoy tiene una relación del 1,5 activos a 1 pasivo, lo que significa que debemos generar sin demoras las políticas que incorporen a más de cuatro millones de trabajadores que no están inscriptos en el sistema. No podemos hablar de un sistema sostenible cuando tenemos un 40% de trabajadores en negro”, agregó.

Al momento de emitir su voto, Pereyra también argumentó a favor de la ratificación del acuerdo entre la Nación y las provincias por la devolución del 15% de los fondos coparticipables y dijo que “en una actitud que realmente es de destacar, el gobierno nacional no solo fue a arreglar con las provincias que obtuvieron sentencias favorables, sino que reconoce la deuda que hay con el resto de las provincias”.

“Hemos visto que se han firmado pactos federales en los últimos 30 años y todos fueron para retraer recursos a las provincias. Este es el primero que se firma para devolver recursos a las provincias, en un acto de federalismo que siempre se declama y pocas veces se practica”, afirmó.

También remarcó que “es evidente que en esta política de recuperación de la credibilidad pública, debemos esforzarnos en cumplir las sentencias establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la mala liquidación de haberes a jubilados, tanto con sentencia firme como a aquellos que aún no tienen sentencia pero llevan adelante un justo reclamo”.

En tanto la también senadora del MPN, Lucila Crexell votó en contra de la ley y manifestó que “se propicia un conjunto de condiciones que ayuda al lavado de dinero”.

En clara oposición a lo manifestado por el gobernador Gutiérrez en cuanto a que el blanqueo de capitales atraerá inversiones en el País, la legisladora dijo que “el proyecto del oficialismo no exige que se acredite de dónde provienen los fondos, por lo que no se puede descartar que los fondos tengan origen delictivo”.

La posición de los rionegrinos

Ya es conocida la posición de Miguel Pichetto, jefe del bloque del Frente para la Victoria que asumió un rol decisivo para que varios de los legisladores de su partido apoyaran la propuesta del gobierno nacional.

En tanto la senadora Silvina García Larraburu dijo que el “el Gobierno Nacional no necesita una ley para pagarle a los jubilados, utilizó esta artimaña normativa para crear jubilados de segunda a través de la Pensión Universal a la Vejez, liquidar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, realizar una autoamnistía fiscal con el blanqueo, traspasar la UIF de Justicia a Hacienda y realizar una reforma impositiva sin consenso social”.

Consideró que la Pensión Universal a la vejez denigra a los adultos mayores, ya que sólo prevé el 80 por ciento de la jubilación mínima, no es heredable por el cónyuge y niega beneficios como la obra social del PAMI. “Buscan destruir nuestro sistema jubilatorio”, enfatizó.

En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad expresó que “no tengo ninguna duda que este proyecto está destinado a deshacerse de las acciones que posee Anses en empresas privadas, varias de las cuales vienen ejerciendo presión para reprivatizar el sistema previsional”.

En relación al blanqueo aseguró que “legitima el stock de divisas en el exterior, ya que la normativa no exige su repatriamiento. Además llega justo en el momento en que se han detectado más de 4000 cuentas de clientes argentinos del HSBC sin declarar en Ginebra y después del escándalo mundial de cuentas offshore en Panamá”.

Por su parte la representante del Frente Progresista ARI, Magdalena Odarda, acompañó en general la iniciativa. Manifestó que “si bien es positivo el acuerdo de los recursos coparticipables aún queda pendiente la deuda por los recursos quitados en los últimos años”, recordó.

Agregó: “Luego de conversar con el gobernador (Alberto Weretilneck) e interiorizarme sobre la situación financiera, reiteré en la sesión el reclamo por los más 5.500 millones de pesos que la Nación aún nos debe. Estos recursos son de los rionegrinos y deben volver a Río Negro”.

Odarda recordó que luego de la nacionalización del sistema previsional, las provincias continuaron perdiendo el 15% de la masa coparticipable, y que ello debe resolverse. “El acuerdo firmado con las provincias es positivo porque establece un cronograma de devolución de estos recursos, pero no es retroactivo, rige a partir de este año. Es de vital importancia que este Congreso discuta esa deuda histórica con las provincias para fortalecer el federalismo y se establezcan mecanismos de compensación cuando el gobierno nacional toma medidas de alto impacto fiscal para las provincias, como el tarifazo en los servicios públicos”, sostuvo la rionegrina. 

Por último, la senadora objetó el aumento -por decreto- del 168% de los recursos a la Ciudad de Buenos Aires y planteó la necesidad de discutir una nueva Ley de Coparticipación Federal, como lo establece la Constitución Nacional. “En la última campaña electoral, todas las fuerzas políticas se comprometieron a dar este debate, es hora de que en el Congreso podamos dar la discusión y aprobar un nuevo marco legal de la distribución de los recursos”, concluyó Odarda.