La puesta en práctica de un convenio de cooperación entre las autoridades tributarias de más de 90 países, entre ellos Argentina, permite que actualmente la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) realice un rastreo impositivo sobre cuentas de argentinos en plazas financieras del exterior y por esa vía lograra recaudar unos 600 millones de pesos adicionales en los últimos meses.

El mencionado convenio se firmó durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2014 pero bajo la presidencia de Mauricio Macri no hubo noticias de que fuera aplicado. En cambio, desde comienzos de 2020 sus mecanismos fueron activados por la gestión que encabeza Alberto Fernández, con Mercedes Marcó del Pont como directora ejecutiva de la AFIP.

La instancia de cooperación internacional fue promovida en su momento por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para que los países tengan compromisos recíprocos acerca de los movimientos financieros. Cada Estado nacional firmante debe intercambiar información con los demás acerca de cuentas activas a nombre de titulares extranjeros.

Gracias a los datos recibidos mediante ese dispositivo, la AFIP comprobó que en diferentes lugares del mundo existen unas 600.000 cuentas bancarias en las que su titular es un residente argentino. De ese total hay unas 3.000 están bajo la lupa del organismo nacional de ingresos públicos, y existen al menos 470 situaciones de irregularidad u ocultamiento en las declaraciones juradas realizadas por sus titulares ante el fisco argentino.

Según reveló el periodista Raúl Dellatorre en Página 12,  todavía están bajo “fiscalización” aproximadamente la mitad de esas 3.000 cuentas. En la otra mitad se determinó la existencia de “desvíos” entre la información declarada por la entidad financiera del exterior y lo informado por el contribuyente respectivo en sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

Sobre los más de 470 casos identificados, se realizaron las intimaciones a los responsables y de allí derivaron “ajustes” en el pago de impuestos que le permitieron a la AFIP recaudar cerca de 600 millones de pesos en los últimos meses.

Evasión, fuga, deuda

Conformar una sociedad en el exterior no es ilegal, como tampoco lo es abrir una cuenta bancaria en el extranjero. En cambio, sí es violatorio de las normas jurídicas el hecho de que tales sociedades o cuentas no figuren en las declaraciones juradas de impuestos en el país de residencia.

En Argentina, en años recientes la evasión de impuestos y la fuga de capitales han sido la contracara de la deuda externa. Ese tipo de procedimientos, ampliamente conocidos en el ambiente de los economistas más notorios y también de los estudiosos del tema, fueron confirmados oficialmente tras una investigación realizada por el Banco Central a instancias del presidente Alberto Fernández en los inicios de su gobierno.

“El conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de 86.000 millones de dólares y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”, reveló un informe del Banco Central en mayo de 2020.

“Pandora Papers”

La información recibida por la AFIP por aplicación del acuerdo de cooperación impositiva internacional podría ser complementada con la documentación denominada “Pandora Papers” (“Papeles de Pandora”), revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)

Allí se revelan básicamente complejas redes de empresas que se establecen más allá de las fronteras del país donde un sujeto económico desempeña actividades o percibe rentas. Por ejemplo, alguien puede ser propietario o rentista en Argentina pero declara sus posesiones en compañías “off shore”, es decir con sede en otros territorios.

Ese tipo de enclaves financieros cuentan características como las siguientes: es fácil crear empresas, existen leyes que dificultan la identificación de los propietarios de las empresas, y las sociedades son gravadas con impuestos bajos o directamente nulos.

El informe "Pandora Papers" analiza, entre muchos otros datos, el país de origen de quienes aparecen como integrantes de empresas ocultas, y en ese marco revela que multimillonarios argentinos ocupan el tercer lugar de la lista de beneficiarios finales. En los dos primeros puestos están rusos y británicos. Según la información divulgada, "beneficiarios finales" son los verdaderos dueños y tienen el control de las sociedades "off shore", más allá de quienes sean los "prestanombres" que aparezcan con sus firmas en los documentación respectiva.

¿Paraísos o guaridas?

Para abordar el tema de los enclaves financieros creados para evadir o eludir la potestad impositiva de los Estados nacionales y/o la investigación de delitos, generalmente se usa la denominación “paraísos fiscales”. El término “paraíso”, que induce a una interpretación semántica más benévola y favorable, surge de la palabra del inglés “heaven”, traducible al castellano como “cielo” o “paraíso”.

En cambio, la palabra -también del inglés- lanzada originalmente para aludir a tales ámbitos del mundo de las finanzas fue “haven” (diferente de “heaven”, que incluye la “e” como segunda letra del fonema). El significado de “haven” en su idioma de origen es “refugio” o “guarida”, según el contexto de la enunciación.

“Paraísos fiscales” o “guaridas fiscales” son denominaciones que aluden a lo mismo, pero tratándose de lugares financieros opacos donde se declaran propiedades o depositan fondos para no pagar impuestos o porque el dinero es de origen delictivo, puede ser más apropiado el uso del término “guaridas”. Incluso suele usarse, aunque con menor frecuencia, la expresión “jurisdicciones secretas”.

En el imaginario social los “paraísos fiscales” suelen ser relacionados con los paisajes de montaña suizos o con deslumbrantes playas de las Bahamas, pero las recientes revelaciones exponen las jurisdicciones fiscales secretas de Estados Unidos. Uno de los casos más conocidas es el estado de Delaware pero también existen otros, predominantemente rurales y despoblados, que flexibilizan sus legislaciones para atraer capitales, como es el caso de Dakota del Sur, Nevada, Wyoming o Alaska.