Guadalupe Godoy, representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Unión por los Derechos Humanos de La Plata en las causas contra delitos de lesa humanidad, indicó que “estamos esperando una definición sobre el caso Etchecolatz, y no somos  optimistas, más allá de que las movilizaciones populares lograron un efecto, porque de lo contrario no habría existido un retraso de una semana en la decisión; pero también es cierto que daría la impresión de que hay un algún tipo de decisión respecto de hacer juicios con los represores en su casa”.

El tribunal Oral Federal 1 deberá definir si le otorga la prisión domiciliaria a Etchecolatz, a pesar de decisión del juez federal Ernesto Kleplac, de negarle ese beneficio.

Godoy destacó que “en el último tiempo empezamos a ver disposiciones y lineamientos bastantes diferentes de los anteriores en las secretarías de Derechos Humanos que están actuando como querellantes en las causas. Por ejemplo, en la presentación que hicimos  todas las querellas en la ciudad de La Plata contra la prisión domiciliaria de Etchecolatz, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación no está emitiendo opinión en este sentido, o la secretaría de DDHH de provincia alegó esta semana en la causa Campo de Mayo y por primera vez, no planteó el delito de genocidio. La cuestión del genocidio en esa disputa de sentido es una oposición a la teoría de los dos demonios.”

Sobre los cambios en la política de derechos humanos del actual gobierno, Godoy aclaró que “el cambio es muy brusco, pasamos de un gobierno que se había tomado el tema de los derechos humanos como una política de Estado, y a la vez había generado un andamiaje institucional en esa materia muy fuerte; que generaba un aporte a los juicios tanto mediante los programas de contención o de protección de testigos, sobretodo estructuras como la dirección de Derechos Humanos del ministerio de Defensa; como las áreas de investigación dentro de los programas Verdad y Justicia, que generaban un insumo muy importante para posibles imputaciones”.

“Tuvimos un desmantelamiento abrupto de esos programas, que se dio desde la asunción del gobierno de Macri, porque los primeros despidos que hubo fueron en esa áreas”, aseguró Godoy.

Godoy plantea el surgimiento de “una disputa de sentido de lo que significó la dictadura, con la incidencia que eso tiene dentro de los juicios”. Explica que comenzó con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj “recibiendo a familiares de genocidas, que no sólo son familiares sino militantes del genocidio, reivindicadores”, continuó con el ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido “con las declaraciones que ponían en duda los 30.000 desaparecidos” y continuaron “ahora directamente con las definiciones de guerra sucia de Macri o de guerra desigual que pronunció la canciller Susana Malcorra”. 

“Todo eso sumado a que muchos de los apellidos de aquellos a quienes estábamos enjuiciando o intentando enjuiciar forman ahora parte del gobierno”, aseguró Godoy, refiriéndose a la participación de Luis María Blaquier, sobrino del presidente del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, quién es gestor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses; de Martínez de Hoz, hijo del ex ministro de Economía, designado en la vicepresidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); de Nicolás Massot, jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, quien es sobrino de Vicente Massot imputado por delitos de lesa humanidad; y Alejandro Saint Jean, hijo del ex interventor de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, a cargo de la seguridad de la empresa estatal Sofse.

La abogada platense asegura que todo “está unido al discurso de que van a dejar actuar al poder judicial”, pero considera que “tiene que tener un control político o la capacidad de sancionar a aquellos jueces que no hacen lo que tienen que hacer y al contrario, estamos viendo que empiezan a haber presiones desde el gobierno para el cese de los juicios, o que si se hacen, que se hagan con los genocidas en sus casas”.

Sobre el protocolo antipiquetes firmado por el gobierno nacional y la represión de la policía en diversas manifestaciones en todo el país, Godoy explicó que en “cualquier proyecto político que se plantea un sistema económico como el que se está planteando, con una transferencia tan brutal de ingresos para los sectores dominantes, necesariamente hay represión”. “Lo más grave es la posible utilización otra vez de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, y cuestiones muy fuertes sobre criminalización a través de la protesta social pero con la figura del preso político, que hacía mucho tiempo que no la veíamos, como en el caso de Milagro Sala”, concluyó.