La parlamentaria rionegrina Magdalena Odarda, del partido RIO, cuestionó el proyecto manifestando que rompe con la igualdad de los partidos políticos, porque, al abrirle la tranquera a grandes empresas, se abre el juego perverso de los intereses.

Ejemplificó diciendo que “si, por ejemplo, la Barrick Gold decide financiar a un determinado partido, quien nos asegura que ese partido no va a velar por los intereses de quien lo financia, dejando de lado cualquier tipo de preocupación por el ambiente o la salud de los ciudadanos”.

Odarda expresó que “para garantizar la transparencia en lo que yo entiendo como un sistema de derecho, tenemos que ir hacia un financiamiento puramente público, porque la política no es un gasto. Esto es una cuestión filosófica en cuanto a la comprensión de lo que es un partido político y, por lo tanto, no voy a acompañar ningún proyecto que se oriente hacia el financiamiento privado”.

El macrismo y una parte del PJ consensuaron el proyecto que modifica la Ley de financiamiento de los partidos políticos, que podría ser tratado en el recinto antes de fin de mes. La iniciativa “blanquea” el aporte de las empresas en las campañas electorales.

Según reconoció la propia Cámara Nacional Electoral la semana pasada, ese cambio favorecerá a los partidos de centroderecha o derecha, mientras que el financiamento exclusivamente estatal beneficiaba la equidad y, en consecuencia, a los partidos de izquierda.

El dato más llamativo es que el nuevo proyecto habilita el aporte de personas jurídicas como las empresas pero prohíbe el de otras personas jurídicas como los sindicatos, opción criticada hoy mismo por el fiscal electoral Jorge Di Lello.

Además, se reduce a la mitad el tiempo de publicidad audiovisual gratuita establecido en la reforma electoral de 2009, que perjudicará a los partidos pequeños y de centro izquierda.

El acuerdo alcanzado entre Cambiemos y un sector del PJ permite vaticinar que su aprobación será sencilla en el pleno del Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados todavía existen diferencias dentro del propio oficialismo, lo que podría dificultar su sanción el año próximo.

El proyecto surge en medio de la polémica por los aportes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, una causa que sigue sumando escándalos.