En medio de la difícil situación que atraviesa el país, hay muchas cuestiones que quedan relegadas a un segundo plano, como puede ser el caso del fuerte rechazo que provocó hace un poco más de un mes la sanción del decreto 702/18 que dispuso la reducción del beneficio de las asignaciones familiares en un 50% en las provincias patagónicas y algunas localidades del norte argentino.

Las reacciones que tuvo la medida obligaron en su momento al gobierno nacional a suspender provisoriamente su aplicación que se oficializó en el decreto 723/18 de fecha 3 de agosto.

El nuevo decreto dejó sin efecto la reducción y dispuso en su artículo primero que la aplicación de las modificaciones sobre las zonas diferenciales que regulan el pago de montos especiales de asignaciones familiares del Decreto 702 se suspende por 30 días corridos.

En consecuencia el plazo establecido vence justamente en el día de hoy y al menos hasta el momento que esto se escribe, no ha habido ninguna nueva acción que modifique la determinación.

En ese plazo estaba previsto que se evaluarían los planteos realizados en contra de la aplicación del decreto original y se tendrían en cuenta el alcance de la medida, en base a criterios de protección de la vulnerabilidad social, homogeneidad y equidad en todo el territorio nacional, ello con el objetivo de alcanzar un sistema de seguridad social, inclusivo y sustentable.

Lo cierto es que poco se habló, al menos públicamente, del tema y aún no está claro cuál será la estrategia del gobierno nacional: si quedarán como están, o si también se retocarán para rebajar la zona desfavorable en las asignaciones o directamente eliminar cualquier adicional.

Es de presumir que en medio de semejante situación como la que se vive por estos días en la Argentina no muchos se acordarán de la necesidad de prorrogar los plazos, salvo que lo hagan los gobernadores o los legisladores de las provincias patagónicas afectadas y realicen hoy mismo la pertinente presentación ante la ANSES, para que haga uso de las facultades que le otorga el artículo 2. De lo contrario, las determinaciones del 702 que tanto “barullo” generó el 27 de julio y días posteriores quedarán firmes.

Si así sucediese la medida afectaría a cerca de 450.000 personas distribuidas en las provincias de Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Formosa, Mendoza, Salta y Jujuy. Las zonas diferenciales se crearon con la Ley 18.017 en 1969. Se observó que la zona patagónica requería un incentivo que tornase a estas zonas más atractivas para la residencia y el desarrollo humano.

En 1972 y considerando el mayor costo de vida una nueva ley extendió el beneficio a más provincias y durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, se incluyeron los últimos territorios. En 2008 el coeficiente del plus se incrementó del 20% original a 40% actual, incluyéndose las jubilaciones y pensiones.