La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, dijo que el “per saltum” solicitado por el gobierno nacional a la Corte Suprema para unificar las demandas por el desproporcionado aumento en la tarifa de gas, parece ser la acción jurídica más atinada para resolver lo que a su criterio es la cuestión de fondo: la ilegalidad de las resoluciones que dispusieron esos nuevos valores. 

 “Esta estrategia judicial podría poner un manto de claridad en este confuso esquema de tecnicismos jurídicos, multiplicidad de opiniones, atribuciones, competencias y cuestiones jurisdiccionales, en los que desembocó el llamado tarifazoy que en mi opinión sólo lleva a dilatar la resolución final de este conflicto”, sostuvo Díaz. 

Agregó que “la postergación de una sentencia definitiva sólo agrega más angustia y desazón en aquellas familias que hoy no pueden afrontar el pago de una boleta de gas, un servicio que los patagónicos consideramos vital”. 

“La simple lectura de las demandas permite determinar como común denominador la desproporcionalidad, desigualdad e irracionalidad del tarifazo, que causan un severo impacto social y económico a los usuarios fundamentalmente a los más vulnerables sobre los que el propio Estado, debe velar”, sentenció. 

La defensora sostuvo que “impedir la aplicación de los incrementos debe ser el primer paso que la Corte debe abordar para atender la demanda social”. No obstante aclaró que “cualquiera sea la decisión final, ésta deberá contemplar un aspecto sustancial que es el de la regionalización”. 

“Nosotros hemos sostenido desde el principio, y lo hemos dejado sentado en los amparos presentados en los juzgados federales con jurisdicción provincial, que en el análisis debe considerarse indefectiblemente la cuestión regional”, apuntó. 

Finalmente Díaz refirió que “no podrá haber racionalidad en una sentencia si esta no contempla las desigualdades territoriales. No debe ser simplemente una consecuencia aritmética la que se valore, sin la ponderación del clima, geografía, condiciones socio económicas. Sin esta ponderación, cualquier decisión al respecto volvería a ser arbitraria”.