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Cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promulgó las leyes que establecían el convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones con China y autorizaron la instalación de una estación espacial de ese país en Neuquén, en marzo de 2015, el por entonces candidato Macri ya tenía redactada una carta dirigida al gobierno chino, donde expresaba su “preocupación” por una posible violación de la Constitución (Argentina) con esos acuerdos.
Las iniciativas habían sido debatidas y aprobadas en febrero por el Congreso, con el rechazo de la oposición y escándalos mediáticos de considerable porte, que incluían investigaciones periodísticas de programas de televisión y denuncias de Elisa Carrió, entre otros.
Los acuerdos con China provienen de un plan de acción conjunta que ambos gobiernos suscribieron en julio del año 2014 y que derivaron en la elevación del nivel de la relación bilateral.
La administración Kirchner y Xi Jinping mantenían una “asociación estratégica integral”, uno de los tres rangos más altos con los que clasifica Beijing a sus socios internacionales. Los chinos son muy ordenados, tienen catorce categorías. Estábamos en la once.
La más alta sólo la logró Rusia, pero compartimos el mismo status que la UE, el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y la India, entre otros 15 países y bloques.
Así, nuestro país pasó de la complementariedad de sus economías y su política exterior a sumar una asociación más amplia que alcanza el ámbito cultural, científico y tecnológico y militar.
Las críticas a los acuerdos se centraron básicamente en lo siguiente: a cambio de financiamiento, China tiene acceso privilegiado y goza de beneficios especiales en todo tipo de emprendimientos energéticos, industriales y agropecuarios. La amenaza amarilla.
En su texto de entonces, el candidato Macri justificó el rechazo de su bloque parlamentario a los acuerdos: "Consideramos que las actuales conductas del gobierno argentino podrían ser violatorias de la Constitución Nacional y contrarias al más elemental principio de transparencia en el manejo de la cosa pública".
Pero el presidente Macri hizo otra cosa. En febrero de 2016, envió a su canciller para tratar de obtener un triunfo pirrio e incluir una “cláusula” que impida usar la base para fines militares.
Sin embargo, desde el gobierno neuquino se aseguró que toda esto carece de sentido porque un tratado internacional, al que adhiere Argentina y China, establece para este tipo de proyectos la prohibición de su uso militar.
Se trata del "Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes", que entró en vigencia en octubre de 1967 y al que adhirieron 103 países en 2015, incluidos Argentina y China.
El secretario de Gestión Pública de la provincia, Rodolfo Laffitte, dijo, tajante, que si Macri quiere "explicitar que la estación no puede tener uso militar que lo haga, pero no es necesario".
El embajador chino en la Argentina reiteró en varias oportunidades que "no habrá uso militar de China en la estación espacial de Neuquén porque el proyecto es de uso pacífico para avistaje espacial".
Los chinos, al fin y al cabo, también quieren llegar alguna vez a la luna y gracias a nosotros están a punto de lograrlo.
A la vez, la Comisión Nacional de Actividad Espacial (Conae), que es la contraparte de la Argentina en el uso del avistaje satelital, también desmintió en reiteradas ocasiones que vaya a existir un uso militar de la estación de Neuquén.
Como sea que se quiera presentar, es evidente que el gobierno nacional quiere recomponer el tema. En la campaña se dicen cosas que no necesariamente tienen que tener base verídica o científica, y hay que acomodar los melones dentro del carro una vez que se es gobierno. Es una vuelta de tuerca peligrosa de aquella “ética de las convicciones” y la más cercana “ética de la responsabilidad”. Siendo generosos, claro.
El oficialista diario La Nación aseguró en febrero que la intención de Macri "no es anular el tratado que Cristina Kirchner firmó con Pekín y que fue ratificado por el Congreso en enero de 2015. Por el contrario, el Presidente instruyó a su designado embajador en China, Diego Guelar, y a la canciller Malcorra que negocien en buenos términos con el gobierno de Xi Jinping".
Puntualmente se trataría de un artículo que el Gobierno quiere incluir en el acuerdo que establezca específicamente que la estación espacial "no tendrá uso militar alguno". Esta mención no está incluida en el tratado que se firmó.
En marzo de 2017, comenzará a funcionar la Estación Espacial China. Y Macri cortará la cinta, contento y amarillo, como los chinos, como los globos.
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