La discontinuidad de aportes para financiar programas especiales, la concentración casi exclusiva del aporte del Estado para pagar los salarios y la subejecución presupuestaria fueron tres de los aspectos más preocupantes que surgieron del primer informe sobre presupuesto universitario que elaboró el Instituto de Estudios de Capacitación de la Conadu.

La investigación, que estuvo a cargo del economista Gabriel Martínez, comparó el nivel de actividad de este año de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) con el mismo período del 2015. Estableció que durante el primer semestre de 2016, "las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo esperable" y que "en el caso particular de la SPU, cuyas transferencias son el recurso más importante con que cuentan las universidades nacionales, se observó que finalizó el semestre con un nivel de utilización de sólo el 39% del crédito disponible para todo el año".

El estudio aseguró que a nivel de programas presupuestarios la mayor parte de ellos aún no empezaron a ejecutarse. Detalló que de los 88 programas que tenían previsto ejecutar transferencias a las universidades, 59 tenían devengado cero pesos, al 20 de mayo. "Solamente 10 programas tenían un crédito devengado que podría considerarse "normal" a esta fecha, es decir, por encima del 30%", agregó.

"La permanencia de esta situación pone en apuros financieros a las distintas casas de estudios, considerando sobre todo la evolución de los precios y -especialmente- de las tarifas de los servicios públicos muy por encima de lo que se preveía cuando se elaboró el presupuesto de este año", concluyó.

Con este informe, la Conadu pretendió analizar "en qué medida se podrían estar preanunciando transformaciones contrarias al fortalecimiento de un proyecto democrático" para las universidades.

Nueva asignación presupuestaria

En un comunicado posterior, la Conadu informó que el 5 de julio se publicó en el Boletín Oficial la modificación al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, que corresponde a una redistribución de créditos a favor de las universidades nacionales por 1.060 millones de pesos. De este total, se destinaron 60 millones de pesos a la Universidad Nacional de Buenos Aires y 1.000 millones de pesos a otras universidades.

" El incremento de este crédito presupuestario se compensa con una disminución de las reservas que la Ley de Presupuesto estableció en jurisdicción de la Secretaría de Hacienda para asegurar el cumplimiento de las metas de la Ley de Educación Nacional (continuidad de la Ley de Financiamiento Educativo)", detalló la Conadu y explicó que por este motivo la redistribución "no implica una variación del monto de gastos corrientes globales ni tampoco del gasto educativo en particular, previstos en la ley".

Detalló que el artículo 12 de la ley de presupuesto fijó un crédito total para las universidades nacionales de 51,9 mil millones de pesos para financiar gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. "Pero esta misma ley, promulgada en noviembre de 2015, también facultó al Jefe de Gabinete para asignar fondos adicionales a las universidades nacionales por un total de 3.290 millones de pesos, de los cuales ahora quedan pendientes de asignar 2.230 millones de pesos", concluyó.