Con la visita del Fiscal General de la provincia, José Ignacio Gerez, se completó la primera rueda de exposiciones sobre la reforma del Código Procesal Penal neuquino. Antes que él lo había hecho el juez del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Elosu Larumbe y el Defensor Público del Tribunal, Ricardo Cancela. Luego será el turno de las asociaciones y colegios profesionales.

Los proyectos son dos y tienen similitudes entre sí. Uno corresponde al Tribunal Superior de Justicia y el otro al Poder Ejecutivo. En los dos, se plantea allanar las condiciones que se deben tener en cuenta para dictar la prisión preventiva.

Esto a efectos de cerrar lo que la opinión pública, a instancias de algunos medios de comunicación, ha bautizado como “la puerta giratoria” de la justicia, en relación a la facilidad con la que los imputados recuperan o mantienen su libertad hasta tanto se los encuentra efectivamente culpables del delito que se los acusa.

El propio Gerez utilizó la expresión, en una legitimación explícita de la presión social que asume como razón para proponer la reforma. Su paso por la comisión constituyó la segunda defensa de estos cambios, de los cuales hasta ahora sólo se diferenció, desde el Estado, el Defensor General, Ricardo Cancela.

El jefe de los fiscales provinciales habló de “arbitrariedades” de parte de los jueces a la hora de dictar las prisiones preventivas, aunque los números que presentó no lo terminan de avalar.

En el año 2015, sobre un total de 43.018 causas sólo 180 tuvieron pedidos de prisión preventiva -apenas el 0,36%, y en más del 70% de los casos los jueces accedieron a dictarla, lo que representa una mayoría contundente. Hasta ahora, todos los intervinientes en los debates coincidieron en que los pedidos son mayoritariamente aceptados y que, en todo caso, los fiscales tienen poco tiempo para formularlos.

Sobre ese punto en particular, Gerez no contestó una pregunta formulada varias veces por los diputados Guillermo Carnaghi (Frente para la Victoria) y Pamela Mucci (Frente y la Participación neuquina-Une), referida a la cantidad de fugas producidas en los  24 casos de 2015, en los que el pedido de prisión preventiva fue denegado.

Gerez dijo que los fiscales pueden anticipar con un alto grado de certeza el destino de un juicio dependiendo del juez que le toque.

Sin embargo, insistió en que el instituto en discusión “está demasiado liberado, no hay pautas objetivas para que el juez tenga en cuenta”, dijo y propuso que se reglamente una serie de pautas de “criterio y no sólo de una cuestión de probabilidades”.

Sobre su trabajo refirió que, para él, “la víctima es lo más importante del proceso”. “Si la víctima está asustada o atemorizada, pierdo el caso”, reconoció.

Una semana atrás, Cancela habló de los derechos de los imputados y los pactos internacionales a los que la Argentina está subordinada.

Gerez dijo que “bajo ningún criterio” la reforma que propone viola normas internacionales en todo lo relativo a las garantías del proceso que se le sigue al imputado. “No pedimos prisión preventiva por cualquier cosa”, apuntó al tiempo que calificó de exiguo el plazo de 24 horas para solicitarla y pidió extenderlo a 48 horas.

Luego de esta primera ronda, se comienzan a vislumbrar las posiciones en la comisión A, que discute la controvertida modificación del artículo 114 del Código, que regula la prisión preventiva.

El bloque del oficialismo tiene las firmas aseguradas de sus cuatro integrantes más sus aliados, Francisco Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez.

Pero le falta un voto y ayer se topó con la opinión contraria del diputado del Pro Damián Canuto, quien se expresó claramente en contra la modificación del artículo 114 y de endurecer las condiciones para dictar la medida cautelar. Aunque abrió la puerta a la modificación de las condiciones del juicio directo, que se discutirá aparte.

En ese punto, Gerez pidió que se retire la solicitud de conformidad de la Defensa para accionar la instancia de juicio directo, prevista en el artículo 222 del Código.

Del resto de los integrantes de la comisión, el MPN tiene puesta la mirada en el radical Alejandro Vidal -que ayer no concurrió-, de quien espera que aporte la octava firma necesaria para girar el proyecto al recinto.