Ramón Rioseco anticipó hoy que envió una “carta documento” al gobernador Omar Gutiérrez, para que éste coparticipe a los municipios el porcentaje correspondiente de los cuatro adelantos financieros que por ese concepto envió el gobierno nacional.

Argumentó que lo hizo “so pena de impulsar una denuncia penal por retención indebida de fondos”.

El presidente Mauricio Macri otorgó, en cinco meses, cuatro anticipos financieros en concepto de coparticipación al gobierno de la Provincia de Neuquén. En sucesivos envíos de 500 millones de pesos cada uno, en lo que va del 2016, el gobernador Omar Gutiérrez recibió por esa vía un total de 2.000 millones.

Cuando los fundamentos de los decretos correspondientes revelaron la vía administrativa elegida para hacerlos efectivos (adelantos de coparticipación), los intendentes de la oposición pidieron que se reparta entre todos los municipios.

El gobernador respondió que no correspondía y no volvió a hacer declaraciones. La posta en su defensa la tomó el presidente del bloque de diputados de su partido en la Legislatura, Mario Pilatti, quien a su vez fue funcionario del Ministerio de Economía de la provincia.

Según dijo Pilatti, dichos anticipos “no afectan en nada el flujo presente de recursos federales que se transfieren a la provincia” y que ésta coparticipa a los municipios. “La operatoria es neutra”, sintetizó y remarcó que “lo que se comparte es el producido de la coparticipación federal”.

Para el Parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco, en cambio, “los recursos tienen que ser distribuidos entre los municipios”. En una rueda de prensa ofrecida hoy en la Legislatura, anunció que presentará una denuncia penal “por retención indebida de fondos y malversación de fondos que son de los municipios”, si es el que el gobierno insiste en no repartir el dinero.

Añadió que “estos dos mil millones están por fuera de lo que le autorizó la legislatura. Para ratificar esto, cada vez que el gobernador manda anticipos a los municipios, los intendentes tienen que correr a los concejos deliberantes para pedir autorización, del mismo modo el gobernador debería haber consultado a la Legislatura. Esa es otra falta desde el punto de vista penal que tiene que aclararse”.

En el mismo edificio pero una hora después, el que ofreció una conferencia de prensa fue el vicegobernador y presidente del cuerpo legislativo provincial, Rolando Figueroa. Lo hizo acompañado por la totalidad de los diputados de su bloque y de sus aliados electorales.

Afirmó que “no se puede paralizar a un gobierno ante cada una de las decisiones políticas que se llevan adelante haciéndole una denuncia penal”.

Figueroa, que está a cargo de la gobernación porque Gutiérrez se encuentra en EEUU, indicó que respalda al mandatario y que “esa línea que han pasado (los dirigentes de la oposición) forma parte de la vieja política, la nueva política quiere ver a dirigentes políticos que contribuyen y quieren salir en los medios por acciones positivas”.

Con todo, es poco probable que el debate continúe en la Legislatura, donde lo que hay hasta ahora es un proyecto de declaración firmado por 14 diputados que piden la distribución de esos recursos y que espera ser discutido en comisión.

En el terreno judicial, deberá probarse que el Poder Ejecutivo no distribuye la coparticipación como corresponde a cada municipio. Esa cuestión, comienza a saberse, estará rodeada de una gran complejidad técnica.