El proyecto de ley de Fondo de Estabilización de Presupuestos de los tres poderes del Estado, que envió el oficialismo a la Legislatura con el aparente conocimiento del gobernador electo Rolando Figueroa, tensiona hacia adentro a la fórmula elegida para gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre porque establece una transferencia de recursos del Poder Legislativo al Ejecutivo.

El proyecto mereció un amplio rechazo por parte del gremio legislativo ANEL, cuyo secretario general, Juan Benítez, reconoció que cuando se comunicó con la vicegobernadora electa Gloria Ruiz para hablar del tema ésta se “sorprendió" porque “no estaba en conocimiento”.

La iniciativa desató un severo conflicto con los empleados legislativos afiliados al gremio, que durante la sesión del miércoles impidieron el normal funcionamiento de la Cámara y hostigaron a los diputados.

El conflictopodría destrabarse con la incorporación de una "cláusula de garantía" que asegure que si en los próximos años el organismo tiene déficit, el Poder Ejecutivo enviará los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

La punta que podría desanudar la madeja apareció luego que se frustrara la intención del oficialismo de llamar a una sesión especial para el jueves pasado en la que se aprobara el proyecto de manera exprés. Según adelanto a Benítez, llegaron a un acuerdo con el vicegobernador Marcos Koopmann para incorporar dos artículos al texto original.

Uno, consiste en incluir en el proyecto una cláusula de garantía para que, si la Legislatura tiene déficit a futuro, el dinero sea aportado por el Poder Ejecutivo. Para Benítez, "es el acuerdo básico para que esto avance el martes que viene y pueda ir al recinto sin problemas". Agregó que todavía "estamos poniéndonos de acuerdo en cómo sería la cláusula".

El otro punto busca a garantizarle a los municipios que no les van a tocar los fondos coparticipables. Sucede que el proyecto, que ingresó con las firmas del gobernador Omar Gutiérrez, de Koopmann y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, consigna que una de las fuentes de financiamiento del fondo serán los recursos equivalentes al tres por ciento del producido del régimen de coparticipación de impuestos nacionales que le corresponda a la provincia.

Además, el acuerdo que están conversando también incluiría la firma de un acta con el vicegobernador saliente y la vicegobernadora entrante, Gloria Ruiz, para abarcar algunas necesidades propias del sector, como cuestiones de carrera "importantes para los trabajadores, no para la Cámara".

El proyecto con los dos nuevos artículos sería tratado el martes de la semana que viene en las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Maximiliano Caparroz, y de Hacienda y Presupuesto, que presiden Liliana Murisi. Ese día dirigentes de Anel van a exponer ante los legisladores pero la idea es llegar a la reunión con un acuerdo previo para dar pronto despacho y que entre miércoles y jueves se pueda sancionar la ley.

Con este acuerdo, el sindicato está dispuesto a cesar las medidas de fuerza que prácticamente paralizaron la actividad legislativa la semana pasada y crearon un clima de suma hostilidad durante la sesión en la que se decidió -pese a ello-, que la iniciativa tome estado parlamentario.

"En 2024 tenemos un presupuesto a la baja en un 20 por ciento. Nada nos garantiza que el año próximo la recaudación sea igual o mejor. Por eso pusimos el grito en el cielo", explicó Benítez, "además estamos en medio de elecciones nacionales con dos proyectos antagónicos en juego, y la verdad que hay más incertidumbre que certezas".

La "sorpresa" de Gloria Ruiz

El proyecto que envió el oficialismo a la Legislatura con la aparente anuencia anuencia del gobernador electo Rolando Figueroa, y con un tenso silencio de Gloria Ruiz como telón de fondo, propone reducir del 7,5% al 6% los recursos de coparticipación que recibe la Legislatura para funcionar a partir de enero de 2024. Un punto y medio que representa el 20 por ciento de ese ingreso. Proyectado a 2024, calculan que dejarían de ingresar 2.000 millones de pesos en el año.

Según Benítez, el dinero del superávit que actualmente tiene la Legislatura se invierte en obra pública, ("hacer plazas, placitas"), cambiar vehículos, mantenimiento, actividades culturales, aportes a municipios o a entidades.

En cuanto al objetivo de la iniciativa, se presume que el dinero del superávit podría contribuir a achicar el déficit que actualmente tiene el Poder Judicial, que calculan ronda entre los 35 y 50 mil millones de pesos el año que viene. Es decir que el aporte serviría para "ayudar con el café", señalan desde el sindicato.

El proyecto también tensiona hacia adentro a la fórmula elegida para gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre porque establece que la autoridad de aplicación de la ley será el ministerio de Economía e Infraestructura. Es decir, habrá una transferencia de recursos del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Hasta ahora, Ruiz evitó pronunciarse sobre el tema pero puso su firma en un comunicado junto a referentes de Neuquinizate, donde se manifestaron a favor de acompañar el debate la iniciativa y resaltaron que "resulta imprescindible" que la vicegobernadora electa participe de la confección del presupuesto legislativo para el ejercicio 2024 "en pos de garantizar la autonomía del Poder Legislativo".

Benítez contó que Ruiz "se sorprendió" con el proyecto. "Cuando la llamé no estaba en conocimiento", dijo a .

El diputado del FdT, Mariano Mansilla, que en declaraciones a Aire 99 calificó de ilegal e inconstitucional la reducción del presupuesto legislativo, consideró que Ruiz "está tardando mucho" en opinar y dijo que le da la impresión que "está muy mal asesorada" porque, en tanto vicepresidenta, su función será administrativa, es decir, "es la custodia del funcionamiento del Poder Legislativo".