El desequilibrio en las cuentas del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) entró en la agenda política de la mano de un proyecto que el gobernador Omar Gutiérrez envió a la Legislatura para que se autorice el uso de una parte del dinero del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN) en el saneamiento del organismo. Mientras los legisladores discuten la iniciativa, que viene enganchada a una autorización de fondos para el pago de deuda, los sindicatos estatales buscan promover una ley específica destinada a solucionar de manera definitiva el problema que pone en riesgo al organismo del que dependen más de 200 mil afiliados.

"Desde las organizaciones sindicales hemos planteado en reiteradas ocasiones que la solución al desequilibrio de nuestra Caja de Jubilaciones es una Ley de Asistencia Complementaria, que en definitiva, es para lo que va a servir la ley en discusión", remarcaron en un comunicado conjunto que lleva la firma de ATEN, Sejun, Anel, UPCN, Sitramune/Fasemp, Siprosapune y Unvap.

En una reunión de la que participaron los representantes de esos gremios en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, en términos generales, mostraron su apoyo al proyecto donde se "dispone que, excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2023, los fondos que resulten de la aplicación del Artículo 2º de la Ley 3269, deberán ser remitidos por el Poder Ejecutivo al Instituto de Seguridad Social del Neuquén con el objeto de afrontar su déficit financiero y/o ser aplicados al pago de los servicios de la deuda pública provincial".

Así lo explicó el consejero gremial de ATEN en el Instituto, Ángel Zalazar: "Nosotros venimos planteando desde hace un tiempo importante que es necesario incorporar otras fuentes de financiamiento a una caja previsional que a lo largo de toda su historia únicamente se financió con aportes y contribuciones".

En diálogo con Aire 99, comparó al Instituto neuquino con Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Dijo que el 60 por ciento de la recaudación del organismo nacional proviene de aportes y contribuciones mientras que el 40 por ciento restante lo hace de otras fuentes de financiamiento, como una parte del IVA, del impuesto a los combustibles o a los cigarrillos. "En el caso de la provincia de Neuquén, eso no sucede", remarcó el representante gremial.

Pero los dirigentes gremiales no soslayan que el proyecto que los diputados pretenden discutir en la sesión de este miércoles establece que la remisión de fondos podrá realizarse, en principio, hasta diciembre de este año, con la posibilidad de que el próximo gobernador extienda el plazo hasta cuatro años más. Por eso, consideran que lo óptimo sería sancionar una ley específica que establezca un aporte estable a la caja del Instituto, que no dependa de la voluntad política de quien gobierne.

"Nosotros hablamos de crear nuevas fuentes de financiamiento. Luego, de dónde provincia saca esos fondos, es una discusión que hay que dar en el ámbito de la Legislatura", aclaró Zalazar.

Mariana Franco, secretaria gremial del Siprosapune (Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén), dijo a que "en este grupo inter sindical se venía hablando desde el año pasado de que el Estado se hiciera cargo de este desequilibrio, ya que es un responsable importante por no haber pagado los aportes en épocas de vacas gordas".

"El Estado hace su aporte cuando falta: saca un poco de la caja asistencial y pone un poco cuando falta para pagar las jubilaciones. Entonces nosotros lo que planteamos es que ese aporte extra que hace el Estado sea escrito y esté firme con una ley, que no sea una cosa que dependa del estado de ánimo del gobernador de turno", señaló.

Según reconoció el propio Ejecutivo, desde el ejercicio 2021 ha otorgado en calidad de Aportes No Reintegrables, 11.625 millones de pesos para el mantenimiento del organismo.

Sobre el proyecto del Ejecutivo, Franco sostuvo que "a nosotros y a varios legisladores nos hace ruido que dice que el fondo anticíclico se use, una parte para acomodar el desequilibrio del Instituto, y otra parte para pagar la deuda pública. Ahí es donde hace ruido esto de meter la mano para pagar deuda pública".

El secretario general del Sejun (Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén), Carlos Salazar, en diálogo con señaló que "estamos propiciando que se trate el proyecto de ley" del gobernador aunque consideró que sería necesario contar con una ley específica porque "esto es un paliativo" al desequilibrio de la caja previsional.

En 2023 se triplicará el déficit de 2022

Durante el ejercicio de 2022, el ISSN arrojó un déficit de 1.681 millones de pesos. En el área asistencial, el superávit fue de 7.839 millones pero en el área previsional, el año cerró con número en rojo por 9.075 millones de pesos.

Según informó el administrador del Instituto, Néstor Martín, durante su presentación en la Legislatura, los déficits se han financiado, en un principio, con el aumento en las alícuotas de aportes y contribuciones, y luego con el endeudamiento interno de la caja asistencial lo que, a lo largo de los años, redundó en deudas y atrasos en los pagos a proveedores, debilitando la prestación del servicio de salud.

Actualmente, el organismo previsional neuquino paga 31.302 jubilaciones y cuenta con 87.712 trabajadores activos. Es decir, la relación es de 2,8 activos por cada pasivo. En 2018, esa relación era de 3,01. En un sistema previsional de reparto, donde los aportes que realizan los trabajadores activos financian a los pasivos, la tendencia es que el desequilibrio sea cada vez mayor, teniendo en cuenta que, además, los montos de las jubilaciones de los nuevos beneficiarios superan a los haberes de los jubilados fallecidos.

Además del factor estructural, hay factores determinados por la macroeconomía, como la inflación, que tiene un impacto en términos monetarios más significativos en las prestaciones que en las contribuciones de la seguridad social.

Conforme datos de ejecución del primer cuatrimestre de 2023 aportados por el mismo organismo, el déficit previsional contable devengado fue de 5.575 millones de pesos, mientras que la proyección del déficit para el cierre del año se estima en 27.000 millones de pesos, esto es tres veces más que en 2022.